Justicia en tiempos complejos

Cuando ingresamos en la carrera judicial, haciendo cuando dispone el artículo 318 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pronunciamos la fórmula de juramento o promesa que, entre otros postulados, anuncia que haremos “guardar y hacer guardar fielmente y en todo tiempo la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico”.

Con este juramento interiorizamos que cada día, en cada una de nuestras actuaciones, los valores y principios que contiene el texto constitucional será nuestro único norte, y desde la fortaleza de ese sentimiento, ponemos toda nuestra voluntad en responder al mandato de la ley suprema.

Naturalmente que a lo largo de los años la realidad nos coloca ante situaciones y asuntos de muy diversa factura, pero ese compromiso inicial inspira que la actuación del Poder Judicial se mantenga firme y encuentre en el marco del Estado de Derecho un lugar que no puede resentirse, por complejos que sean los tiempos.

En estas fechas, a punto de concluir el año que vivimos, al volver la vista atrás, tropezamos con un escenario del que podemos decir, sí, con orgullo, que la independencia judicial sigue siendo un valor que garantiza la adecuada tutela de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos que se encomienda a jueces y Tribunales. Al mismo tiempo, tampoco puede ocultarse que la defensa de esta independencia ha sido en ocasiones más difícil de lo que sucede en otros tiempos.

La reflexión resultaría una obviedad. Pero a nadie que siga la actualidad con una mínima atención, le suena extraña, ni tampoco a forzada afirmación de significados. Trataremos de enmarcarla en solo alguna de las referencias más intensas, que marcarán para siempre, un año especial.

El respeto que tantas veces hemos pedido para la labor de los jueces, esa prohibición de influencias o presiones que comporta la independencia constitucional, se han visto reiterada y constantemente traicionadas

2024, en sus acontecimientos jurídicos más llamativos, vino marcado en su inicio por el debate –en su fase final– de la Ley de Amnistía. Aunque no vería su texto impreso en el Boletín Oficial del Estado hasta el mes de junio, provocó durante su andadura (parlamentaria y social) un debate desconocido durante muchos años en cuanto a su intensidad. Afectaba de lleno a una decisión del Tribunal Supremo –también extendía sus efectos a otros ámbitos– que no fue otra cosa que el resultado de un juicio ejemplar en garantías.

Muchos sectores de la carrera judicial se posicionaron en contra de la iniciativa, y no lo hicieron como afrenta a las competencias del Poder Legislativo, sino ante el sacrificio que suponía para la labor del Tribunal Supremo, sencillamente como satisfacción de un precio que se había impuesto como condición a la formación de gobierno.

No terminaría la intensidad del debate con la aprobación de la ley, sino que se multiplicaría a la hora de aplicarla, provocando que sobre los jueces se vertieran imputaciones de intolerable sentido, y ejemplares en el ejercicio del desprecio hacia uno de los pilares irrenunciables de una democracia que se precie: la separación de poderes.

El debate en torno a la amnistía no ocultó –aunque por momentos relegó a segundo plano– el que ya desde hace años se arrastraba en torno a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. La incapacidad política para cumplir con un sistema que muchos defendemos que no es el que realmente quiso la Constitución, colocaba a este año 2024 nada menos que en el décimo aniversario del mandato de un Consejo que, según el texto fundamental, debe renovarse cada cinco años. La anomalía era de proporciones preocupantes.

La solución no fue menos original: provocar la mediación del comisario de Justicia de la Unión Europea, celebrándose en Bruselas diferentes reuniones para “acercar” las posiciones “negociadoras” de los partidos políticos que tenían que conseguir nada menos que el cumplimiento de la ley. El balance previsible en los informes sobre la situación del Estado de Derecho en España pesaba con cierta influencia, como también se pensó que lo haría la visita celebrada a varias instituciones de nuestro país por la Comisión de Venecia en el mes de febrero.

La sociedad puede tener la absoluta certeza de que el juramento que prestamos quienes hemos decidido hacer de la judicatura nuestra vida, sigue incólume

El resultado de tan desproporcionado devenir se anunció en el mes de junio, con lo que el defectuoso sistema vigente daba de sí: un pacto entre los dos grandes partidos, de reparto de la composición del Consejo y algunas medidas de cara al futuro que seguramente nos depararán todavía unas cuantas páginas de opinión y reproches.

La constitución del nuevo Consejo trajo consigo una decisión que ha sido analizada desde todo un prisma de reflejos: la designación de la Presidencia. Un largo debate teñido de vetos culminó en una elección que cuenta en su haber la falta de toda predeterminación política.

Pero la tensión más intensa, y los ataques al Poder Judicial de mayor calado, vinieron de la mano de la tramitación de algunas causas judiciales que afectan a personas destacadas, o bien por su relación personal, o por su relevancia política, o por el cargo institucional que desempeñan.

El respeto que tantas veces hemos pedido para la labor de los jueces, esa prohibición de influencias o presiones que comporta la independencia constitucional, se han visto reiterada y constantemente traicionadas. Y lo peor es que esa subjetiva e injustificada campaña, procede –o se ve alimentada– por quienes ocupan en la estructura del Estado unas más que relevantes posiciones que debieran comportar el respeto a la Constitución que tantas veces –sin sentido– se menciona en sus intervenciones y discursos.

Concluye, por tanto, un año complejo, desconociendo, como es natural, qué puede depararnos el que ya comienza.

La sociedad, en cualquier caso, puede tener la absoluta certeza de que el juramento que prestamos quienes hemos decidido hacer de la judicatura nuestra vida, sigue incólume: en todo tiempo.