El ‘long Covid’ o Covid persistente, una tendencia en alza en los tribunales

El síndrome post COVID es una enfermedad reciente pero con una sintomatología muy amplia, “se han constatado más de 200 síntomas”, señala Cristina Alonso, responsable del equipo de abogados del despacho Parrado Asesores, y que ha impartido en Economist & Jurist un webinar (disponible en la hemeroteca de webinars del medio) en el que ha explicado los retos o dificultades a los que se enfrentan las personas que padecen Covid persistente o Long Covid a la hora de lograr el reconocimiento de la incapacidad permanente (IP) por motivo de dicha enfermedad.

Existe una clara tendencia en el ámbito del Derecho Laboral, y concretamente de las incapacidades, de que el Long Covid es un argumento médico y legal con suficiente solidez para abordar procesos judiciales de incapacidad, sin embargo, en dichos procedimientos “siempre hay problemas en la fase administrativa, es decir, cuando se solicita el reconocimiento de la incapacidad al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que deniega dicho reconocimiento pese a los informes médicos que se presentan junto a la solicitud”.

Por eso, una vez que deniegan en la fase administrativa dicho reconocimiento, es necesario acudir a la vía judicial. Por suerte, cada vez existe una tendencia mayor en los tribunales a reconocer las incapacidades derivadas de esta reciente enfermedad de carácter permanente.

En el webinar ‘El Covid en los procesos judiciales de incapacidad’ Alonso ha profundizado en cómo se está desarrollando esta tendencia en los tribunales, así como qué argumentos y pruebas tienen más en cuenta los jueces y juezas españoles a la hora de dictaminar las incapacidades. Del mismo modo, la ponente ha señalado cuáles son los principales argumentos de la parte contraria —es decir, del INSS— y cómo los abogados de estos pacientes deben rebatir dichos argumentos.

Una enfermedad crónica que impide tener una vida normal

Cristina Alonso, responsable del equipo de abogados del despacho Parrado Asesores, señala que el covid persistente es un argumento médico y legal con suficiente solidez para abordar procesos judiciales de incapacidad, sin embargo, en dichos procedimientos «siempre hay problemas en la fase administrativa». (Imagen: cesión propia)

Pese a que la abogada de Parrado Asesores ha puntualizado al comienzo del webinar que hasta el momento “se han constatado más de 200 síntomas”, ha indicado como los más comunes la fatiga crónica en grado de severa, la niebla mental o el déficit cognitivo. “Las personas que están afectadas por esta patología les cuesta encontrar las palabras”, afirma la experta.

En este sentido, Cristina Alonso ha aclarado el Covid crónico supone un problema para llevar a cabo cualquier tipo de trabajo, independientemente de que este suponga mayor o menor grado de exigencia física, o sea un trabajo liviano o sedentario, o implique poca o mucha responsabilidad. “La sintomatología de esta enfermedad resulta incompatible con el desempeño de cualquier profesión, por mínimos esfuerzos que la misma requiera. Pues el requerimiento de una mínima atención, de memoria, o simplemente el desplazamiento al puesto de trabajo ya supone una dificultad para la persona”, afirma la abogada de Parrado Asesores.

Asimismo, Alonso asegura que esta enfermedad no solo afecta a la vida laboral de los pacientes, sino también en su vida personal, familiar y de ocio: “Con esas limitaciones no pueden mantener una vida normal”.

“Cuando se verifica que las limitaciones que sufre tienen un carácter crónico o permanente, y que se han agotado las posibilidades terapéuticas o rehabilitadora, es decir, una vez que se concluye que no se verifica mejoría o curación, nos encontramos ya ante unas patologías que son objeto de una incapacidad permanente”, ha asegurado la abogada, “en ese momento hay que solicita el reconocimiento de la IP a través de una oportuna instancia al INSS y seguir todo el trámite, primero en fase administrativa, y luego, si no resulta reconocida la IP, en fase judicial, que se inicia mediante demanda”.

Respecto a los argumentos y pruebas que tienen en cuenta los jueces en estos procesos, Alonso asegura que de los informes médicos aportados los jueces no solo valoran las sintomatologías físicas, también el deterioro cognitivo. “Asimismo, tienen en cuenta los estudios e informes científicos que se aporten por la defensa del solicitante”, afirma la abogada, que en este sentido ha resaltado la importancia de reforzar los informes médicos con los informes del perito judicial, “ya el INSS va a intentar mostrar que el paciente tiene una apariencia de bienestar”.

Cristina Alonso afirma que las sentencias judiciales que reconocen la incapacidad permanente a aquellos afectados por esta enfermedad “son fundamentales porque toda la corriente jurisprudencial que se vaya consolidando va a ayudar a los siguientes pacientes que también inician ese reconocimiento”. Estas sentencias comienzan a recoger todo el abanico de sintomatologías; la gravedad de las mismas; las posibilidades o no de aplicar tratamientos o terapias que puedan ayudarle; etc. “Todo eso va conformando una serie de conclusiones que ayudan tanto a los operadores jurídicos como a los abogados, así como a que los futuros pacientes reclamen”.

Por último, la abogada de Parrado Asesores ha continuado con la ponencia enfocando la misma desde un caso práctico y real del despacho, en el cual el juez tuvo muy en cuenta el informe médico y pericial para dictar sentencia (el pasado mes de octubre) reconociendo a un trabajador informático diagnosticado de Covid persistente, la incapacidad permanente. “El INSS denegó la solicitud de IP alegando que las lesiones no alcanzaban la gravedad suficiente para impedir desarrollar su trabajo, pese a la extensa y grave sintomatología que presentaba el paciente, acreditaba en los informes aportados”, ha afirmado Alonso.