El Supremo cita como investigados al fiscal general del Estado y a la fiscal provincial de Madrid

El magistrado del Tribunal Supremo (TS) Ángel Luis Hurtado ha citado como investigados al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, en el caso del delito de revelación de secretos respecto al novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. 

Así lo ha acordado en un auto, dictado este lunes. El instructor toma esta decisión al considerar apuntalada la presunta participación de ambos en los hechos delictivos objeto de la presente causa tras las diligencias desarrolladas hasta la fecha, y en particular en los informes elaborados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Además, en el mismo auto, el magistrado acuerda extender la condición de investigado al teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe Díez, porque entiende, con el carácter provisional propio de la fase de instrucción, que, de manera coordinada con los otros dos investigados se podría “haber concertado para revelar secretos o informaciones reservadas relativas a otro ciudadano, de los que habrían tenido conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deberían haber sido divulgados, y con ello incurrir en la eventual comisión del delito contemplado en el artículo 417 del Código Penal”.

El fiscal general ha sido citado para el día 29 de enero, la fiscal provincial de Madrid para el día 30 y el fiscal Diego Villafañe para el 5 de febrero.

El novio de Ayuso, Alberto González Amador, se querelló contra el Ministerio Público tras la difusión por parte de la Fiscalía de Madrid de una nota de prensa que daba cuenta del cruce de correos electrónicos entre su abogado y el fiscal Julián Salto por el supuesto fraude fiscal por el que se le investiga. El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) también se querelló contra la Fiscalía por dicha filtración.

Finalmente, García Ortiz asumió la responsabilidad de la polémica nota, y el Supremo abrió causa contra él y la fiscal provincial de Madrid el pasado mes de octubre, siendo la primera vez que se investiga al máximo representante del Ministerio Fiscal de España.

Pilar Rodríguez, fiscal jefe provincial de Madrid. (Imagen: Fiscalía)

Participación relevante del fiscal general

El instructor hace un resumen en su resolución, de 14 páginas, de lo actuado hasta la fecha, tras lo que destaca que en el caso del fiscal general del Estado, la UCO, en su informe de 21 de noviembre de 2024, habla de “la participación preeminente del fiscal general del Estado en los hechos que, finalmente, derivaron en la filtración investigada”.

“Sin entrar en consideraciones al respecto, lo que las diligencias practicadas hasta el momento apuntan, con un elevado grado de verosimilitud, es que, por ahora, hay una base indiciaria para presumir la relevante participación de este investigado en esa filtración, en la medida que fue la persona que dirigió los pasos que llevaron a ella, aprovechando la situación de superioridad que ostentaba sobre otros fiscales, que se prestaron a ponerse a su disposición, y esto solo cabe entenderlo desde su posición de preeminencia por ser superior jerárquico de todos ellos”, argumenta el instructor.

Y añade que “el solo trasiego del intercambio de mensajes que se producen el día 13 de marzo de 2024 entre las 21:59 horas, en que Álvaro García Ortiz recibe en su gmail particular el correo en que Pilar Rodríguez Fernández le reenvía el de 2 de febrero de 2024 entre el abogado de Alberto González Amador y el fiscal Julián Salto Torres, y los pasos que da antes para lograr hacerse con él, reveladores de momentos de urgencia y gran tensión, que tienen lugar bajo su batuta, y las 23:51, en que se publica en la web de la cadena SER ese correo de 2 de febrero de 2024, o su intervención en la elaboración de la nota de prensa, que se publica como nota informativa, en la mañana del día 14, es lo suficientemente indicativo de su papel relevante en la divulgación de una información reservada y confidencial que no debió divulgarse”.

“La secuencia y presura de esos pasos ponen de relieve unas prisas por parte del fiscal general del Estado en recoger una determinada información, tantas, que no puede esperar a la mañana siguiente, así como el concreto interés de contar con ese correo de 2 de febrero de 2024, que no había sido remitido a Fiscalía General entre la documentación enviada el día 8 a través del Teniente Fiscal Diego Villafañe Díez”, concluye.

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