El Supremo pide a WhatsApp y a Google datos de las cuentas de usuario del fiscal general

El magistrado del Tribunal Supremo (TS) Ángel Hurtado, instructor de la causa abierta al fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos respecto al novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha acordado hoy nuevas diligencias, a petición de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, para intentar recuperar la información vinculada a aplicaciones de mensajería instantánea instaladas en dos móviles de Álvaro García Ortiz, así como en una cuenta de correo electrónico.

Se investiga la supuesta comisión de un hecho delictivo cometido en el ejercicio de su cargo. Para ello, el instructor ordena, en un auto dictado este lunes, que se emita una comisión rogatoria a los proveedores de servicios Whatsapp LLC y Google para que aporten cuantos datos obren en su poder respecto de García Ortiz.

En su petición a Whatsapp LLC solicita los mensajes recibidos y/o enviados por los usuarios, indicando los detalles básicos asociados a estas comunicaciones (emisor, receptor, día, hora, etc.), las copias de seguridad de los chats y/o archivos multimedia disponibles y asociados a los usuarios y el log o registro de las comunicaciones realizadas por los usuarios, incluyendo la fecha, hora, origen, destino y tipo de comunicación.

El magistrado solicita a Gooble Inc los datos almacenados en los diversos servicios y productos vinculados a la cuenta, copias de seguridad de los dispositivos vinculados a la cuenta, copias de seguridad de aplicaciones de terceros, copias de seguridad de los chats y/o archivos multimedia disponibles y asociados al usuario y log o registro de las comunicaciones realizadas por el usuario, incluyendo la fecha, hora, origen, destino y tipo de comunicación.

Por otra parte, ordena que se realice una copia de trabajo del volcado de información completo correspondiente a un teléfono móvil del fiscal general, y autoriza que se haga un análisis con el fin de acceder a las aplicaciones de mensajería instantánea y conseguir la información que permita el acceso a ellas.

El instructor señala que en caso de que se pudiera tener acceso a las comunicaciones contenidas en alguna de estas aplicaciones de mensajería instantánea, que se elabore el correspondiente análisis respecto del 8 a 14 de marzo de 2024.

El fiscal general, Álvaro García Ortiz.. (Imagen: Poder Judicial)

Lo pedido por la UCO

El pasado 7 de enero, el magistrado dictó un auto, en el que, entre otras cosas, acordó requerir determinada información a compañías telefónicas, para que informasen sobre la posibilidad de recuperar el contenido vinculado a las aplicaciones de mensajería instantánea que pudiera haber existido asociadas a los números de abonados que se referenciaban Acordó, asimismo, requerir a las compañías Telefónica Movistar y Vodafone para que facilitasen los paquetes de datos emitidos y recibidos, así como la identificación del receptor y del emisor.

A raíz de dicha resolución, la UCO presentó un oficio el pasado 17 de enero, en línea con lo acordado en el auto del 7 de enero, en el que pidió una serie de diligencias tendentes a la obtención de la información en él acordada.

«La recuperación de conversaciones o mensajes borrados vinculados con aplicaciones de mensajería instantánea depende de muchos factores, entre ellos, el funcionamiento propio de la aplicación, el tipo de almacenamiento utilizado por la misma, el tiempo transcurrido desde el borrado de los mensajes o, incluso, la existencia de copias de respaldo de la información relacionada con los indicados mensajes. Es por ello que, para poder determinar la viabilidad de esta actuación es imprescindible, en primer lugar, el acceso integro al conjunto de datos contenidos en el dispositivo», razonó la UCO.

Indicó que «por ello, una vez se haya accedido a esos datos, es necesario localizar el número exacto de aplicaciones de mensajería instantánea instaladas en el dispositivo», y planteó que tras este paso, «se deberá valorar individualmente las opciones de recuperación disponibles para cada una de las mencionadas aplicaciones».

En el caso de la aplicación de mensajería WhatsApp, «de la que se ha extraído en las presentes actuaciones información que se considera de interés para el esclarecimiento de los
hechos», la UCO recordó que «la misma almacena localmente los datos, pudiendo realizar un proceso de recuperación de mensajes borrados mediante el uso de software informático forense, de aquellos que hubiera contenido la aplicación, al menos, desde la instalación de la misma en ese terminal móvil».

Pilar Rodríguez, fiscal jefe provincial de Madrid. (Imagen: Fiscalía)

Además, apuntó que esta aplicación tiene definidos dos tipos de copias de seguridad atendiendo al lugar donde son almacenadas las mismas, una a nivel local y otra en almacenamiento virtual, siendo posible la extracción de los mensajes que pudieran contener esas copias de seguridad.

Y añadió que «las de nivel local son realizadas de forma automática por la aplicación y alojadas en el almacenamiento del dispositivo y, las de almacenamiento virtual, son realizadas, en su caso, a través de una de las cuentas de Google asociadas al dispositivo, siendo almacenada en el servicio de almacenamiento de Google».

«Por otro lado, se debe tener en consideración a la hora de obtener y/o recuperar información relacionada con este tipo de comunicaciones, que la solicitud habría de contener la petición de todos aquellos datos vinculados al usuario que posea el proveedor responsable del servicio en cuestión», argumentó.

La petición de la UCO es «razonable» y «coherente»

En su nuevo auto, el magistrado también autoriza a la UCO para conectarse a aquellos repositorios de información donde pudieran encontrarse archivos susceptibles de contener la información de interés al objeto de proceder a su descarga, procesado y posterior análisis. Precisa que se tenga en cuenta, además, que de lo actuado hasta este momento indagatorio la información que se ha obtenido de interés para la causa ha sido extraída de la aplicación de mensajería instantánea Whatsapp.

El magistrado Ángel Hurtado considera que la petición de la UCO es «razonable» y «coherente», por lo que accede a ella con la finalidad de intentar recuperar la información de las aplicaciones de mensajería vinculadas a los teléfonos del fiscal general. «Tratándose de la recuperación de conversaciones o mensajes, lo que se pretende, e indicando la UCO que para ello es necesario la realización de actuaciones y requerimientos que, al respecto nos apunta, y refiere en el propio oficio, tendentes a intentar llevar a cabo la recuperación de la información vinculada a aplicaciones de mensajería instantánea, en la medida que la solicitud que se interesa es razonable, y coherente con las consideraciones que en el propio oficio se recogen, apuntadas en el fundamento anterior, se ha acceder a ello, tal como se trasladan a la parte dispositiva de la presente resolución», concluye.

«El principio del fin», según la asociación mayoritaria de fiscales

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, está citado a declarar como investigado el próximo 29 de enero, y la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. El magistrado ha extendido también la condición de investigado al teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe Díez, a quien ha citado a declarar el 5 de febrero.

Cristina Dexeus, presidenta de la AF. (Imagen: Rosalina Moreno/E&J)

Para la Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria en la Carrera Fiscal, presentarse García Ortiz a esa declaración, «manteniéndose en el cargo, es una opción que arrastrará con él la reputación de todos cuantos a diario y vocacionalmente representamos al Ministerio Fiscal». Así lo ha advertido hoy en un comunicado, titulado «El principio del fin».

«Desde que el fiscal general comprometió la imparcialidad de la institución al alimentar un debate partidista ajeno, hemos presenciado que el Tribunal Supremo ha dirigido un procedimiento penal frente a su persona, la entrada y registro en la sede de todos los fiscales; un informe crítico elaborado por la Abogacía del Estado en defensa de Álvaro García Ortiz contra la UCO, unidad en la que con frecuencia y confianza basamos nuestra labor en procesos penales complejos; el borrado de datos aduciendo un protocolo que nada tiene que ver con la alegación divulgada; el cambio de terminal telefónico tras la apertura de la investigación; la descarga de la responsabilidad en un número elevado de nuestros compañeros o la representación del Ministerio Fiscal en el procedimiento que se dirige contra la persona del fiscal general por parte de quien asume el puesto inmediatamente subordinado, por decir sólo algunos elementos, todos ellos de una importantísima y escandalosa trascendencia», expone la presidenta de la AF, Cristina Dexeus.

«Mientras tanto tenemos que soportar declaraciones, cada vez más frecuentes, desde el Gobierno de la nación y desde otros ámbitos políticos y profesionales profiriendo ataques injustificables al Poder judicial, pilar esencial del Estado de Derecho, a todos cuantos en nuestras respectivas profesiones lo formamos y tenemos encomendada la persecución de los delitos y muy especialmente a los jueces que intervienen en los procedimientos molestos al Ejecutivo», añade.

La AF indica que «a estas alturas, nadie puede dudar, tampoco en la Fiscalía General del Estado, de que se han cometido demasiados errores que han dejado como resultado varios hitos imperdonables de extraordinaria importancia, que tardaremos mucho en olvidar».

«Al mantenerse en el cargo no sirve de parapeto de la institución que dirige, sino de un órgano del que debemos ser independientes, el Gobierno. ¿Dónde vamos a parar?, ¿es asumible la imagen de la persona que dirige el Ministerio Fiscal entrando como investigado en la sede del Tribunal Supremo? No renunciar al cargo es un nuevo e indignante error que compromete el prestigio de todos», sentencia la AF.

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