El ministerio de Justicia ocultó a las asociaciones judiciales el contenido de la reforma de la carrera, pese a reunirse con ellos días antes

La reforma de la carrera judicial y fiscal presentada este lunes en Anteproyecto de Ley por el ministro de presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, no ha caído de pie entre las asociaciones judiciales. “El Gobierno tiene una fijación importante por los jueces y eso genera una desconfianza absoluta en la ciudadanía”, señalan.

En declaraciones a Economist & Jurist, reconocen no haber sido consultados para la elaboración del documento de 50 páginas que circula ya entre los operadores jurídicos a modo de Anteproyecto, donde se hacen modificaciones al acceso a la carrera judicial que no ven necesarios. También comentan el silencio del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que aún no se ha pronunciado sobre el tema, aunque tendrá que emitir un informe no vinculante de dicho Anteproyecto.

Curiosamente, el pasado miércoles, 15 de enero, los presidentes de las asociaciones de jueces y fiscales mantuvieron una reunión en el Ministerio a la que acudió Manuel Olmedo, secretario de Estado, y donde se habló de los planes del Ministerio en materia de Justicia, así como la regularización de los jueces sustitutos. Pero de esta reforma de la carrera judicial nada se dijo.

Las asociaciones judiciales creen que no era el momento de presentar esta reforma —con tantos frentes abiertos del Gobierno en la Justicia— y que de alguna forma se pretende cambiar el status quo del juez: «No somos políticos, hacemos nuestro trabajo independientemente de quien esté en el Gobierno», comentan.

El otro tema que este colectivo ve con preocupación es cómo el Gobierno va a regularizar al millar de jueces sustitutos que hay en nuestro país, la mayor parte con una antigüedad de unos veinte años en fraude de ley, que ahora deben ser regularizados por Justicia siguiendo las directrices de Europa. Una regularización que las asociaciones ven con preocupación por si pudieran equipararse a la carrera judicial.

El texto del Anteproyecto modifica aspectos como el sistema de oposición para las plazas de juez y fiscal, la votación de las salas de Gobierno y la composición de la Comisión de Ética. La reforma es importante porque se produce en el momento en que el Gobierno apuesta por una nueva organización de la Administración de Justicia con los tribunales de instancia.

Alejandro Mariscal de Gante, uno de los portavoces de la APM, cree que aún no era el momento de afrontar esta reforma. (Imagen: Poder Judicial)

Una reforma cuestionada

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, presentó la reforma como «la adaptación al siglo XXI». La principal novedad es que se incorpora un examen escrito, tras el de tipo test y el oral que existen actualmente para ser juez o fiscal. Se busca que sea «menos memorístico». Las asociaciones judiciales coinciden en que es «innecesario» porque la práctica ya se aprende en las Escuela Judicial. “Lo que debe mejorarse es la propia Escuela”, apuntan.

Alejandro Mariscal de Gante, uno de los portavoces de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), señala la falta de oportunidad de esta reforma en un momento en que hay tantos asuntos judiciales abiertos relacionados con el Gobierno. “Somos un colectivo diverso, de hombres y mujeres, que hacemos nuestro trabajo lo mejor posible. No entendemos qué quiere decir Bolaños con eso de la diversidad. Creemos que detrás de ello hay un intento de intervenir la Justicia”, plantea.

En este sentido, cree necesario que exista una próxima reunión con el Ministerio a fin de que se escuche su voz sobre estos temas: “Los jueces no estamos en contra del Gobierno, sin embargo, es la tercera reforma que se plantea en menos de un mes y todas van encaminadas a lo mismo. Una cosa es recibir las críticas y otra es que nos presente como enemigos del Gobierno. Nada más lejos de la realidad. Nos preocupa la politización de todo lo que rodea a la Justicia, pero no pueden olvidar que somos un poder del Estado fuera de cualquier politización”.

Este jurista reconoce que la reforma ha pillado por sorpresa a todos, señalando que «hay dos cuestiones el acceso de los jueces sustitutos a la carrera y el acceso actual con la oposición general. Se habla de un nuevo examen práctico, pero no sabemos si sustituye o añade al existente. El sistema actual es mejorable, siempre busca la excelencia, pero no sabemos ahora por qué se cambia«.

Respecto a la incorporación de los jueces sustitutos, apunta que “hay que ver cómo se hace realmente, porque este es un tema sensible para la carrera judicial. La situación hay que regularizarla para evitar el abuso existente. Creo que se nos tiene que escuchar en este tema, aunque no sabemos realmente lo que está proponiendo. Urge que presenten un informe en sede parlamentaria que luego genere un debate a fondo sobre este asunto en el que tenemos cosas que decir. De todas formas, es un Anteproyecto y está todo por ver”.

Aunque Edmundo Rodríguez, portavoz de JJpD, ve el Anteproyecto positivo, considera que el problema es la falta de jueces. (Imagen: JJpD)

Una reforma en el buen camino

Por su parte, Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD), a través de su portavoz Edmundo Rodríguez, ve positiva la reforma de la carrera judicial: «Creemos que llega cinco años tarde y que ahora, en los trámites parlamentarios con los informes del Consejo de Estado del propio CGPJ, además de las aportaciones que hagamos las asociaciones judiciales a través del CGPJ o si nos pide el Ministerio una opinión al respecto, creemos que es una buena Ley y lo importante es dotar a la carrera judicial de las plazas suficientes».

Desde su punto de vista, «la reforma que se hace del sistema de oposiciones oportuna y sigue la tradición de otras oposiciones, como la de inspector de Hacienda y similares». En su opinión, «la reforma de los ejercicios de acceso por turno libre a judicatura, para que al menos uno sea práctico y no exclusivamente teórico, es un acierto que supone limitar la oposición memorística y volver al sistema previo, que nunca debió abandonarse», comenta este jurista, que también ve necesario algunos refuerzos en la Escuela Judicial.

Para este colectivo ha sido acertado ampliar la llamada Comisión de Ética Judicial «con otros colectivos como filósofos o catedráticos que puedan dar una nueva visión no jurídica a dicha Comisión». Sin embargo, desde APM y FJI se ve como una intromisión política. Ahora el Gobierno pretende cambiar su composición y la elección de sus miembros, de modo que pasará a tener nueve integrantes, de los cuales cinco serán jueces y magistrados elegidos por la carrera y otros cuatro serán elegidos por las Cortes Generales entre catedráticos de Ética, Filosofía del Derecho o Filosofía».

A juicio de Edmundo Rodríguez, «es una buena iniciativa plantear una reforma de la sala de Gobierno. Actualmente, los jueces pueden votar a tantos candidatos como plazas estén disponibles, lo que permite que los más votados accedan al cargo. La reforma, sin embargo, limitaría esta posibilidad, obligando a emitir un solo voto por elector, cuestión que la APM no comparte». Sobre la reforma relativa a los juzgados de violencia sobre la mujer, el portavoz de JJpD ve «imprescindible» que se reconozca la experiencia de quienes han trabajado «al menos tres de los últimos cinco años» en dichos juzgados.

Sergio Oliva, portavoz de AJFV, señala que este tipo de reformas pueden traslucir la desconfianza del Gobierno en los jueces. (Imagen: AJFV)

Una reforma que preocupa

Para Sergio Oliva, portavoz nacional de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV), «la reforma que se plantea en este anteproyecto es de calado y tendrán que contar con nuestra opinión. Nos sorprende que en el último mes se hayan impulsado otras cuestiones relacionadas con el Poder Judicial, como la reforma de la acusación popular que si saliera adelante impediría que los presidentes de asociaciones judiciales pudiéramos enjuiciar o instruir cualquier asunto».

Sobre la posible reforma de la acusación popular, cuestionada desde muchos frentes jurídicos, reconoce que su asociación y Foro Judicial Independiente pidieron de urgencia reuniones con los distintos grupos políticos, pero salvo el PP no hubo respuesta sobre esta cuestión. “En la reforma que se plantea se dice que las asociaciones no podemos tener financiación privada, nosotros solo tenemos el 6%, pero ese porcentaje va destinado a la formación de nuestros asociados, clave para su desempeño a nivel jurisdiccional”, expresa.

En su opinión, “todo esto genera desconfianza hacia los jueces, porque genera una idea equivocada de nuestro trabajo. No funcionamos por ningún tipo de ideología en nuestra actividad profesional. La reforma que se hace del acceso a la carrera, con ciertos cambios en el sistema de oposición, no era necesaria. Está funcionando bien como se ve por la preparación que luego reciben los compañeros de la Escuela Judicial, pero si se va a cambiar qué menos que consultarnos a las asociaciones”.

Sobre el problema de los jueces sustitutos, alega que “hay que dar una solución a su problemática, porque lo que no puede ser que estén en precario, como trabajan en la actualidad. Hay que ver cómo se hace, porque su estabilización podría vulnerar los principios constitucionales de igualdad, merito y capacidad. Eso no significa que se establezcan otras iniciativas que frenen esta vulneración. Esperemos que el Ministerio nos escuche”.

Fernando Portillo, presidente de FJI, cree que muchos de los cambios planteados no eran necesarios. (Imagen: FJI)

Una reforma con cambios innecesarios

Desde Foro Judicial Independiente (FJI), su presidente, Fernando Portillo, señala a este medio que la reforma va a afectar a la promoción profesional de la primera categoría, donde habrá que ver qué hacen con los jueces sustitutos y cómo se regularizan: «Todo esto va a afectar a los magistrados que están en la 3º categoría del Tribunal Supremo. A algunos, por edad, se les va a impedir acceder a la presidencia, como son los casos de Arrieta, en la Sala Segunda; y a Pablo Lucas Murillo, en la Tercera”.

Para Portillo, se tocan cosas que no eran necesarias mover en nuestro sistema de acceso. “El sistema esta funcionando, los jueces están bien preparados. Hasta ahora, tener un juez formado supone cuatro años, pero es el pago que hay que pagar por calidad de los profesionales. Hay que darse cuenta de que los médicos tardan siete u ocho años en ser médicos. Al final, el problema es que faltan jueces; harían falta al menos 350 anuales, según datos del CGPJ, y sacar oposiciones para cubrirlas durante diez años”, recuerda.

En su opinión, hay que analizar bien cómo se regularizan los jueces sustitutos, pues esto “no se puede buscar mediante una fórmula que enfrente a la carrera judicial. En el Proyecto de Ley para su regularización se habla de crear un cuarto turno para ellos, pero no queremos que se integren en la carrera judicial. Habrá que ver cómo se hace realmente. Las asociaciones queremos que se nos escuche sobre este tema concreto”.

En dicha reforma, que aún es solo un Anteproyecto, con lo cual todavía podría cambiar bastante su contenido en su trámite parlamentario, Justicia quiere que se cumpla la Ley de 1985 y que una cuarta parte de los nuevos jueces llegue por el llamado cuarto turno, reservado a juristas con experiencia. Hoy suponen solo un 10% de los puestos. Cuando salgan nuevas plazas, deberá incluirse ese porcentaje en la convocatoria. Las asociaciones no ponen objeción, pero tienen claro que faltan jueces. «Hay que seguir al CGPJ y cubrir todas las vacantes que surjan», afirman.