Afectados por la ‘okupación’ agilizan sus demandas ante la caída en el Congreso del Decreto Ómnibus que prorrogaba los desahucios

El Gobierno sufrió este miércoles dos derrotas parlamentarias importantes. Se tumbó el Decreto Ley que avalaba el impuesto a las energéticas y, por 177 a 171 votos, quedaba sin convalidar el Decreto ley Ómnibus, con ochenta medidas, donde junto a la subida de las pensiones, la subvención al trasporte publico, esta norma incluía medidas tributarias, de vivienda, relacionadas con la CNMC y de gravámenes energéticos o la subida del SMI Además, aspiraba a prorrogar durante un año la suspensión de los desahucios en hogares vulnerables que decae. Los propietarios de vivienda respiran.

La situación derivada de esta no convalidación la analiza en Economist & Jurist Alberto Dorrego, socio de derecho público  de Eversheds Sutherland, presidente de la sección del ICAM de esta práctica y letrado en Cortes en excedencia. “El Decreto Ley deja de estar operativo desde hoy, no es necesario que se publique en el BOE, pero se publica para su general conocimiento, porque en realidad lo que se produce es una caducidad o expiración de su vigencia”, expresa.

Desde su punto de vista, “el Decreto ley produce efectos jurídicos válidos en el periodo de su vigencia, ahora pierde vigencia como antes le comentaba. Esta práctica tramposa la vienen haciendo los últimos gobiernos en cuanto a crear un Decreto ley Ómnibus, que es un cajón de sastre con muchos temas como el que se tumbado hoy. La doctrina desde 1978 dice que el Decreto ley que debe ser convalidado en su totalidad, no por partes, cuestión que si se puede hacer en los proyectos de ley, donde se puede aprobar una parte».

En esta situación, Dorrego señala que el Gobierno lo que puede hacer “es el reunir el Consejo de Ministros en cualquier momento, condición necesaria para impulsar estos Decreto ley, aprobar, por ejemplo, uno con el incremento de las pensiones y la subvención al transporte público y así podría ser convalidado». «Esa reunión del Consejo de Ministros puede ser en cualquier momento y telemáticamente. Podría salir en el BOE y tendría que pasar por otra votación similar a la del Congreso”, explica.

Alberto Dorrego señala que ya el TC en alguna sentencia ha reprochado esta táctica de los Decreto Ley Ómnibus. (Imagen: ICAM)

Este experto destaca que “hay que desterrar este tipo de prácticas, un decreto ley o un proyecto de ley no puede ser una amalgama de temas sin conexión entre ellos, el famoso Decreto Ómnibus, ya hubo una sentencia del Tribunal Constitucional sobre las leyes de acompañamiento que en su día dijo que este tipo de prácticas eran una mala técnica legislativa, un batiburrillo normativo que no tiene ni pies ni cabeza. En el caso del Decreto Ley se obliga a un pronunciamiento conjunto de la Cámara sobre todos estos temas que se incluyan”, precisa.

Una esperanza para los afectados

A Cristina Vallejo, abogada del ICAB experta en derecho inmobiliario y consumo, le ha pillado la noticia en el Congreso Regional de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (APIS), que se ha celebrado este miércoles en Barcelona. “El Decreto ley, al no convalidarse este miércoles, ha decaído tras tantas prórrogas, ya no hay más por el momento. Hay un montón de lanzamientos suspendidos, solo en Barcelona pueden ser unos 2.00 a 2.500 que se podrían activar de golpe”, señala.

Esta jurista reconoce que este jueves se pondrá manos a la obra para remitir sendos escritos a los juzgados para levantar esa suspensión de la ejecución de la sentencia, “algo que harán muchos abogados en estos días hasta que se vuelve a votar el nuevo Decreto ley». Según expone, hay propietarios que llevan desde el 2021 con el lanzamiento suspendido de manera indiscriminada por una vulnerabilidad del ocupante que ya no es real. Esta norma nació en el Covid, pero la situación es ahora diferente, los negocios estaban cerrados, pero la situación ha cambiado bastante estos meses”.

Al mismo tiempo, nos recuerda que la ley de Vivienda del 2023 los cubre y ampara, “pero de forma reglada. Ya no es una suspensión indiscriminada de un año. Esta ley plantea una suspensión de dos meses para persona física y cuatro meses para persona jurídica en cuanto a la suspensión del desahucio, donde en ese plazo habría que buscar una solución habitacional. En este caso, ya nos han dicho que jurisprudencialmente son dos trámites distintos”.

Cristina Vallejo señala que el Decreto ley 11/2020 ha decaído y es el momento de agilizar las demandas de ejecución pendientes. (Imagen: Cesión propia)

Desde esa perspectiva, esta jurista nos indica que “al menos en Barcelona, pese a que lleve tres años suspendido por el Covid, si ahora se alza la suspensión, al estar en vigor la nueva Ley de Vivienda que introduce esta cuestión podría suspenderse solo por los dos y cuatro meses que antes comentábamos. Ya no hay que esperar hasta el 31 de diciembre. Habrá aluvión de demandas de ejecución hasta que se aprueba el nuevo Decreto ley que veremos si lo pueda convalidar el Gobierno con apoyos”.

Afectados agilizan sus demandas

Kathy Lopez, es la presidenta de APROVIJ, asociación de catorce propietarios creada para luchar contra la inseguridad jurídica generada por ocupación de las viviendas y la normativa que protege estas prácticas. Ha estado en el Congreso de los Diputados siguiendo la convalidación del Decreto Ley Ómnibus, con muchos temas, entre ellos el Real Decreto 11/2020 que desde el Covid permitía la estancia de personas vulnerables en las viviendas. “Es una buena noticia que este Decreto ley se haya tumbado. Ya he dado orden a mi abogada que interponga un requerimiento para agilizar la ejecución de la sentencia que tenemos pendiente”, declara a Economist & Jurist.

Esta Eespropietaria explica a que “llevo cinco años que no puedo entrar en una vivienda que tengo en Castellón. Habré pagado en este periodo de tiempo unos 28.000 euros y 3.000 en abogados. Este asunto se encuentra en el asunto lo tengo en el juzgado número 1 de Nules, población de esta ciudad. Tenemos ejecución de sentencia desde septiembre y ahora le he vuelto a pedir a mi abogada que presente otro escrito para agilizar este tema. Creemos que con lo que nos han dicho PP, Junts y PNV es inviable que se apruebe aunque sea por separado en otro Decreto, pese a que en política hemos visto de todo”.

En el relato de los hechos nos aclara que “en el primer juicio nos dieron la razón y en principio esta señora tenia que abandonar mi casa, pero por culpa el mencionado Decreto que hoy ha decaído no había fecha de lanzamiento porque se ha ido prorrogando desde el 2020. Ahora se abre la posibilidad que se pueda recuperar la vivienda. Esperemos que en las próximas votaciones los diputados sean responsables y a los propietarios nos ofrezcan la seguridad jurídica adecuada que nos merecemos. Y es que la propiedad privada no se toca”.

Hay que poner demandas

Sergio Nasarre, catedrático de Derecho civil en la Universidad Rovira i Virgili (URV), fundador y primer director de la Cátedra UNESCO de vivienda URV, nos explica que “al no convalidarse, los efectos extraordinarios se limitan, primero hasta el 31 de diciembre de 2024 por el Real Decreto ley 8/2023 y luego han seguido mientras ha estado en vigor el Real Decreto ley 9/2024, o sea hasta ayer, porque su no convalidación, como dice en articulo 86 de la Constitución, implica que deja de existir, aunque ha ido produciendo efectos mientras existía». «Es previsible que el Gobierno trocee ese Decreto ley Ómnibus para que cuestiones como la subida de las pensiones el IPC o la subvención al transporte público se aprueben en el corto. Hay otros temas como este de la prórroga de desahucios que tendrán que negociar”, comenta este jurista.

Nasarre coincide con Cristina Vallejo en que “es previsible que en estos días se interpongan escritos para que se ejecuten esos lanzamientos paralizados muchos de ellos desde el Covid-19». «En aquellos momentos, estaba más que justificado proteger a las personas vulnerables y a familias que tenían los negocios cerrados sin facturar nada, pero no se justificaban estas once prórrogas que ha habido que eran anuales. Hay que volver a la normalidad, sin embargo desde los artículos 10 y 11 de la Ley de Vivienda dejar cierta potestad al Estado a definir quien es vulnerable y en qué situación se encuentra”, indica.

Sergio Nasarre cree que puede generarse un gran problema, demandas que se ejecutan y gente en la calle por no haber viviendas sociales. (Imagen: Congreso de los Diputados)

Para este experto, “se puede producir otro problema grave porque no hay alternativa habitacional en nuestro país, falta vivienda social». De todas formas, afirma que «el Gobierno podría intentar aprobar otra norma que dijese que aquellas en ejecución de sentencia se paralizan, con lo cual las sentencias que a partir de mañana se interpongan o agilicen estén en suspenso también». «Todo pasa por la negociación que haga el Gobierno en el Congreso de estos temas. Muy pocas veces no se ha convalidado un Decreto Ley en nuestro país y desde luego es algo noticiable por todo lo que genera en este caso”, concluye.

Afectados por ocupación se movilizan

Desde la Plataforma de Afectados por la Ocupación, su presidente Ricardo Bravo ha estado también con otros integrantes de la misma siguiendo la votación en el Congreso de los Diputados de este Decreto Ley Ómnibus, al final tumbado por 177 a 171. “Ha sido una gran noticia, después de tantos años de sufrimiento. Aunque se pueda intentar aprobar esta medida de forma individual hay formaciones como PP que tiene una ley ‘antiokupas’, Junts y PNV que parece estar en contra de la medida. PNV no quiere, con razón, que los pequeños propietarios nos ocupemos de las familias vulnerables”, indica.

En su opinión, es el momento que los diputados del Congreso hagan un ejercicio de responsabilidad y no convaliden de nuevo este Decreto ley que 11/2020 que arranca de los años del Covid y ya llevaba once prórrogas. «La última vez se aprobó tras presionar Podemos al Gobierno de Sánchez. Nosotros estuvimos el 18 de noviembre en la Comisión de Vivienda del Congreso donde comparecimos. Ya hicimos ver a los diputados la situación y los problemas de la ocupación y de la inquiocupación. En esta situación Estados y administraciones públicas están desaparecidas”, señala.

Bravo reconoce que hay miles de afectados en toda España. “Ahora hay que seguir la Ley de Vivienda que habla de dos meses para luego interponer la demanda si eres personas físicas. De todas formas, queda ver como los jueces van a interpretar la aplicación de esta normativa y los juzgados que celeridad van a tener para ir ejecutando lanzamientos. Nosotros seguiremos luchando hasta que se apruebe una ley antiocupas. Hay una paralizada desde hace un año en la Mesa del Congreso. Nuestro objetivo es seguir luchando por todos los afectados de esta situación, el Gobierno y los partidos de izquierda están haciendo lo posible por invisibilizarnos. No contestan a nuestras demandas”, subraya.