«España está en riesgo de convertirse en un Estado torcido, no de Derecho», declara Javier Borrego, magistrado emérito del Supremo y el TEDH

«El Derecho está perdiendo su norte, su rectitud. España corre el riesgo de dejar de ser un Estado de Derecho para convertirse en un Estado torcido». Así lo declara a Economist & Jurist Javier Borrego, magistrado emérito del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, preguntado por su visión de la actualidad política y judicial.

Para Javier Borrego, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, actuó ayer en su declaración ante el Supremo como «un vulgar presunto delincuente». 

«Una persona que entra por la puerta de autoridades y se sienta en estrados, debe comportarse con elegancia. Sin embargo, no contestó al magistrado instructor y, encima, lo acusó casi de lawfare o de prevaricación, lo que dijo exactamente fue que tenía definida la línea de actuación», critica Borrego, quien tiene a sus espaldas 49 años y siete meses al servicio del Estado.

Obtuvo la licenciatura de Derecho con tan sólo 20 años y con 25 superó la oposición de Abogado del Estado. Entre 2003 y 2008 fue juez del TEDH, con sede en Estrasburgo, por España; a su regreso se incorporó como abogado del Estado en la Audiencia Nacional; y luego fue nombrado abogado del Estado-jefe en el Tribunal de Cuentas.

En 2018 fue elegido magistrado de la Tercera del Supremo, cargo que ejerció hasta que en diciembre de 2020 adelantó un año su jubilación, por haber sido nombrado consejero independiente del Consejo de Administración de la Financiera de El Corte Inglés. Además, colabora con Durán & Durán Abogados.

Este magistrado emérito considera que García Ortiz «tendría que haber dimitido hace muchísimo tiempo porque los indicios, las pruebas, son muy contundentes». E indica que esta situación, con un fiscal general investigado por presunto delito de revelación de secretos, «es muy lamentable para España, y también para el extranjero». «Me consta que en Europa, donde me manejo, e incluso en algún centro americano, se hacen cruces con lo que está pasando», apunta con hondo pesar.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. (Imagen: RTVE)

Preguntado sobre cómo ve actualmente que la instrucción de las causas penales pase a la Fiscalía, afirma que es «absolutamente inadecuado, improcedente e inoportuno». Un rotundo «no, cumplamos la legalidad vigente», insta.

Javier Borrego también está atónito con que «la excepcionalidad se haya convertido en la regla general», como ha ocurrido, por ejemplo, con el nuevo Decreto-ley Ómnibus, que «se ha aprobado, otra vez, troceando lo que tenía el anterior, que fue rechazado». «La Constitución dice literalmente que en casos de extraordinaria y urgente necesidad se puede publicar un Decreto-ley (artículo 86). ¿Acaso era de extraordinaria y urgente necesidad dar un palacete de París al PNV?», plantea.

Este jurista recuerda que «la normalidad legislativa se hace por proyectos de ley que emanan del Gobierno y que llevan los trámites que dice la Ley 50/1997, de cómo se tramita un proyecto de ley», y que «la excepcionalidad son las proposiciones de ley que presenta un partido político».

Subraya que «en este país, últimamente hemos puesto el mundo al revés y la excepcionalidad se ha convertido en la regla general». Así, «la amnistía se hizo por una proposición de ley y todos estos trámites que se quieren hacer ahora, todas estas modificaciones, también por proposiciones de ley que firma el portavoz del Grupo Socialista del Congreso», que Borrego imagina que «recibe el texto de un motorista de la Moncloa o bien se va a firmarlo allí». A Javier Borrego le «cuesta trabajo creer que la proposición se haga en el Grupo parlamentario».

«La excepcionalidad de un Decreto-ley según la Constitución se ha convertido absolutamente en la norma general. Un decreto-ley que toca ochenta y tantas leyes y que ocupa 400 páginas, eso no es excepcional ni de urgente necesidad. ¿Qué ocurre? Que si lo excepcional lo estamos haciendo normal, todo ya ha perdido su sentido«, recalca este magistrado, emplazando al Tribunal Constitucional a que «mire su doctrina sobre la extraordinaria y urgente necesidad de los decretos-leyes».

También se ha pronunciado sobre la decisión del TC de admitir el recurso de amparo de Dolores Delgado contra la sentencia del Supremo que anuló su nombramiento como Fiscal de Sala de la Fiscalía Togada, tras la que la presidenta de la asociación mayoritaria de Fiscales, Cristina Dexeus, ha declarado a este diario que «algunas resoluciones del Constitucional exceden de sus competencias».

Cándido Conde-Pumpido, magistrado del órgano de garantías. (Imagen: RTVE)

Javier Borrego destaca que «el tribunal de garantías tiene una misión definida y el Tribunal Supremo otra» y que «uno no se puede meter en el terreno del otro». «El Tribunal Constitucional está para otras cosas, básicamente la protección de los derechos fundamentales. Si empieza a meterse en competencias ajenas y a hacer una jurisdicción más, ya nos volvemos todos locos», declara.

Respecto a la decisión del TC de apartar definitivamente al magistrado José María Macías del conocimiento de todos los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad sobre la Ley de Amnistía, recuerda que hace unos años, la magistrada Concha Espejel se abstuvo en el caso de la ley del aborto «porque había participado en un informe del CGPJ, pero se rechazó la abstención alegando que era una opinión institucionalizada, no una opinión personal. Sin embargo, resulta que lo mismo, la participación de Macías en un informe del mismo Consejo, ahora sí sirve para recusar».

Entonces, ¿qué ocurre? «Si ahora hay siete de un lado y cinco de otro, lo cual es tristísimo que se considere así, y si Juan Carlos Campo ha dicho y se ha empeñado contra viento y marea que él se abstiene porque en el informe de la amnistía dijo esto, son seis contra cinco y al final, cuando llegue la hora de votar el presidente, que es el último, serán cinco-cinco y quien va a inclinar la votación a un lado o a otro va a ser el presidente» y, por eso, a su juicio, se aparta a Macías para que su voto quede diluido.

Hablando de la ley de amnistía, recuerda que «todo el mundo está ahora expectante al TJUE, a la Comisión Europea o a la Comisión de Venecia». Borrego afirma que «ya está bien de que consideremos a Europa como el primo de Zumosol».

Sede del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en Luxemburgo. (Imagen: TJUE)

«Primero, porque el primo de Zumosol tampoco es tan alto, esbelto y fuerte como el del anuncio, y segundo, porque nosotros tampoco somos unos chavalillos, sino gente hecha y derecha», razona este jurista, que dice basta ya a «estar todo el día hablando de Europa esperando a que venga el primo de Zumosol y resuelva nuestros problemas». «Los tenemos que resolver nosotros mismos en primer lugar», sentencia Borrego.

A su juicio, «aquí tenemos el problema» de que si bien el artículo primero de la Constitución dice que España se constituye en un Estado democrático, en un Estado de Derecho, «al paso que vamos, va a ser un Estado torcido».

«Las proposiciones de ley son la excepción, ¿por qué se convierten en la regla general? Dos, los decretos leyes, en caso de extraordinaria y urgente necesidad, y el Constitucional tiene una doctrina muy clara sobre lo que es extraordinaria y urgente necesidad. Por tanto, no estamos utilizando las formas. Además, el reglamento del Congreso dice que cuando se presenta una proposición de ley, la tiene que acordar el Gobierno y autorizar su tramitación, pero si sale del Ejecutivo la iniciativa legislativa…», insiste este prestigioso magistrado jubilado, denunciando que «todo esto no se ajusta al Derecho. Y si perdemos el Derecho, mala cosa», apunta.

Ante esta situación, considera que la ciudadanía e instituciones deben alzar la voz. En este sentido, Javier Borrego alude a la famosa frase que dijo John Fitzgerald Kennedy en el discurso inaugural de su presidencia: «No os preguntéis qué puede hacer el Estado por vosotros, sino vosotros por el Estado».

En suma, para este magistrado emérito, ante la situación que atraviesa España, «cada uno de nosotros tenemos que actuar de acuerdo con nuestras posibilidades» destapando «la verdad». «Uno solo no cambia la historia, pero sí se pone la expresión auténtica de lo que está pasando», concluye Borrego, aludiendo al famoso poema de Vladímir Mayakovski titulado Libertad de expresión.