Salvador Viada, fiscal del Supremo: “Que aguante sin dimitir el fiscal general está produciendo un gran desgaste a la institución”

A punto de concluir su exitosa carrera como fiscal, con una jubilación que le espera en dos meses, Salvador Viada, reconoce que los últimos cuatro años del Ministerio Público con Dolores Delgado, primero, y Alvaro García Ortiz, después, ahora imputado en el Supremo han sumido a la institución en una profunda crisis. Este pasado viernes, un tercio de los fiscales de sala firmaban una carta pidiendo al fiscal general que dimita por el daño que hace a la institución su situación.

Sobre estos cuatro años, señala que han hecho mucho daño a la reputación de la Carrera Fiscal. “La Justicia es un tema colectivo. Es importante saber cómo nos ven los abogados. Espero que al Ministerio Fiscal en su conjunto no lo vean como al propio fiscal general, sino en relación del trabajo que realizamos los 2.800 fiscales en el día a día. El nivel es bueno y trabajamos mucho, aunque el deterioro es relevante, podemos seguir orgullosos de lo que hacemos”, manifiesta.

En su opinión, esta situación derivada por los correos filtrados y la imputación de García Ortiz, “es quizás el momento más grave por el que pasa la institución. Que siga imputado y no se quiera ir demuestra la falta de contrapesos en la entidad. Si hubiera alguna fórmula para evitar esta situación, lo haríamos. El propio Consejo Fiscal no puede hacer nada. Tenemos una reunión esta semana con la presencia del fiscal general investigado. Todos los papeles que el juez Hurtado reclama a la Fiscalía los tienen que despachar subordinados suyos. Es insólito”.

Para Viada, “el momento actual es lamentable. El Gobierno lo mantiene y él no se quiere ir.   Nosotros, desde APIF, cuestionamos su nombramiento como fiscal general, ahora la Sala Contenciosa del Supremo lo ha avalado. No nos ha sorprendido el fallo, porque era un recurso muy arriesgado. Recurrimos ese nombramiento al ver que la Fiscalía está sometida al Gobierno. Lo que exploramos fue las posibilidades de limitar la discrecionalidad del Gobierno a la hora de nombrar al fiscal general condenado por desviación de poder y declarado no idóneo por el CGPJ”.

Salvador Viada, fiscal del Supremo, cree que esta situación está haciendo mucho daño a la Carrera Fiscal. (Imagen: Fundación Hay Derecho)

Con el recurso buscábamos señalar que “se puede elegir a cualquiera, pero tiene que someterse a ciertos límites. El Tribunal Supremo dice que no tenemos razón. Pero nuestro recurso tenía fundamento. El Gobierno puede elegir como fiscal general, como es el caso a un profesional que incurrió en desviación de poder. Con el recurso tratábamos de marcar límites, y si existían que se evitara que fuera el fiscal general. El recurso estaba fundado, pero es un problema. Hay que repensar la institución desde la modificación de la ley”.

Hay que resetear la institución

En su opinión, una vez concluya este proceso «es previsible que haya que elegir otro fiscal general y podría ser el momento para dar una vuelta a la institución. La Fiscalía no puede seguir siendo  una sucursal gubernamental, esto hay que cambiarlo y buscar reglas más firmes. Es fundamental que los puestos clave de la Fiscalía se elijan por mérito y capacidad, no por motivos ideológicos». «Yo ya no lo voy a vivir porque en dos meses me jubilo tras tres décadas en la Carrera Fiscal”, apunta.

A su juicio, “no parece lógico que en esta situación se vaya a abordar la reforma de la LECrim y que se otorgue la instrucción al fiscal, sin que se apruebe el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Al mismo tiempo, la reforma de los tribunales de instancia es compleja. Elimina los juzgados de instrucción, lo que supone cargarse la soberanía de cada juez sobre su juzgado y sus asuntos”, indica.

Desde su punto de vista, “todo eso la ley nueva lo colectiviza. Nosotros trabajaremos de forma colectiva. Creo que este modelo generará una perdida de independencia y a partir de ahí el camino a la Fiscalía investigadora está trazado, basta por sustituir esos jueces de los tribunales de instancia por fiscales. La reforma no tardará mucho. En cuanto a suprimir la acusación popular, es un juego interesado porque está ligado a los asuntos que implican al Gobierno”.

Respecto al acceso a las carreras judicial y fiscal, “hay que dar una salida a los fiscales sustitutos porque lo reclama Europa; ahora, cambiar el sistema de ingreso de manera que se produzcan integraciones sin equiparación de exigencias para entrar, yo no lo veo. Al final, lo que se pretende con estas medidas es que la Justicia sea totalmente diferente”.

A su juicio, «desde que Dolores Delgado sale de ministra de Justicia y sin solución de continuidad se convierte en fiscal general, en febrero del 2020, las cosas se hicieron evidentes cuando empezó su actividad. La Fiscalía necesita reformas internas que supone enfrentarse al Gobierno para actualizarla conforme los tiempos. Urge el Estatuto del Ministerio Fiscal, un presupuesto independiente, dotar a la institución de potestad reglamentaria de autoorganización, como tiene el CGPJ. Debería manera su patrimonio».

Pero la situación es otra. «Nada de esto sucede en los dos años que estuvo al frente. Es un órgano constitucional con personalidad jurídica propia, pero carente de muchos elementos clave como le comento. Una de sus primeras decisiones fue elegir a Álvaro García, hasta ahora fiscal delegado de Medio Ambiente en Galicia, como fiscal de Sala ante la Sala de Gobierno del Tribunal. Todas esas demandas dependen de que el fiscal general lo reivindique al Gobierno. Pero ahora, cuando se percibe que el fiscal general es el Gobierno ya no hay matices, por eso las reformas no se producen», razona Viada.

Dolores Delgado y el caso Stampa

En esa gestión de Delgado, nuestro interlocutor se detiene en el caso de Ignacio Stampa, en ese momento fiscal con una de las piezas de la trama Villarejo y que sufrió un proceso de investigación sin base. «Fue todo un abuso de la institución contra un fiscal que solo hizo su trabajo. Lo que se hizo contra él tuvo la intención de que pareciera que no había más remedio que hacerlo”, comenta Viada.

En estos años, Ignacio Stampa, que ha reflejado toda la persecución en un libro llamado El Complot, ha ido ganando en la Sala Contenciosa recursos a la Fiscalía y, en concreto, a Álvaro García, mano ejecutora de ese proceso, sobre esta cuestión y la obligación que le dieran información de su caso.

Para Viada, la situación generada por Dolores Delgado contra Ignacio Stampa, en la imagen en la presentación de su libro en el centro fue abusiva. (Imagen: Esfera de los libros).

“Este tipo de asuntos pasan en la Fiscalía porque no hay unidad entre nosotros. Los fiscales, salvo casos flagrantes, suelen desconfiar del compañero y se mantienen al margen en asuntos como el de Stampa. Le apoyaron muy poco fiscales, Carlos Ruiz de Alegría, el instructor le dio acceso a instrucciones que la Fiscalía quería que fueran reservadas».

De nuevo, ahora es noticia Dolores Delgado porque el Tribunal Constitucional  ha aceptado revisar la anulación del su nombramiento como fiscal de Sala del Tribunal Supremo. La decisión llega después de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo invalidara su ascenso, lo que la exfiscal general considera una posible vulneración de sus derechos fundamentales.

A juicio de Salvador Viada, “la realidad es que Delgado ha consolidado su posición de fiscal de Sala de Memoria Democrática, con lo que lo que pueda decir TC sería de reproche al Supremo, lo que sería inusual, pero no hay razones de fondo para producir un efecto”.

Un año del affaire de los correos

Este 2 de febrero se ha cumplido un año desde que la negociación vía correo electrónico del abogado de Alberto González Amador –pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso– con la Fiscalía de Madrid para reconocer delitos de defraudación fiscal, que fue filtrada en una nota informativa de la Fiscalía Provincial de Madrid del 14 de marzo a los medios  y en la asunción de toda responsabilidad sobre la difusión de la misma por parte del fiscal general.

Viada, segundo por la izquierda en el Consejo Fiscal, órgano consultivo, que esta semana presidirá Alvaro García Ortiz. (Imagen: Fiscalía)

Fruto de las investigaciones, el Tribunal Supremo abrió unas diligencias sobre este asunto por presunto delito de revelación de secreto. Eso hizo que el magistrado Ángel Hurtado, juez del Tribunal Supremo, citase a declarar como imputado el próximo 29 de enero al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un supuesto delito de revelación de secretos por la filtración de un correo electrónico del abogado de la pareja de Ayuso, al igual que la fiscal de Madrid, Pilar Rodríguez, junto a otros testigos.

Sobre esta cuestión, Viada subraya que «lo que más llama la atención es lo torcido del discurso. Es evidente que la Fiscalía tiene unos papeles que no deben trascender, que no hay bulo en el mundo que puede justificar que papeles reservados trasciendan y, sin embargo, se acuña la idea que por desmentir un bulo, en el que se dice que fue la Fiscalía quien ofreció el pacto al investigando, en lugar que él lo hiciera. Pero lo más grave es que estos documentos acaban en Moncloa el día siguiente que los tiene el fiscal general. De eso estamos hablando”.

Para este jurista, “hay una cosa que es evidente: que el teléfono del fiscal general, donde tenía ciertos mensajes, se han borrado. Un teléfono que al parecer no se ha devuelto y que está en posesión de García Ortiz. Sobre el protocolo de borrado de los móviles del que se ha hablado, no es un protocolo como tal, es una indicación y sobre todo en asuntos donde ya no tenga utilidad. Sin embargo, en un asunto vivo como éste, no se suelen destruir ningún documento”.

Álvaro García declaró el pasado 29 de enero, en una situación donde se generó cierto enfrentamiento con el juez instructor, al que no contestó sus preguntas ni a las acusaciones. “Según hemos podido saber, busca la nulidad por una mala argumentación del auto que le convierte en investigado. Es evidente que las estrategias de defensa son particulares, él es un investigado y se defiende como quiere”, declara Salvador Viada.

Y destaca que “por respeto al cargo de fiscal general, esas cosas no se deben hacer». «Si no puedes evitarlo, tienes que dimitir. También ha llegado a decir que sus compañeros no dicen la verdad”,  en alusión a las declaraciones de la fiscal jefe del TSJ de Madrid, Almudena Lastra, quien en calidad de testigo, comentó al juez Hurtado que había preguntado a García Ortiz si había filtrado ese correo y el fiscal general le había contestado con el comentario de «Eso no importa».

Tres fiscales unidos por la independencia: Javier Zaragoza, Salvador Viada y Consuelo Madrigal (Imagen: E&J)

En el horizonte el juicio oral

Desde fuera da la sensación de que nos dirigimos a un juicio oral. Sin embargo, Salvador Viada es prudente. “No se puede anticipar lo que puede pasar. A Álvaro García le ampara la presunción de inocencia y sale mañana con el teléfono que tiene en casa y dice que no tiene nada que ver. No se sabe cómo acabarán las cosas, pero lo cierto es que el teléfono que el juez buscaba, parece que lo tiene el señor García Ortiz y el Gobierno no ha explicado como le llegó el email”, manifiesta.

De manera paralela, el magistrado Hurtado ha pedido a Google y a Meta una copia de esos mensajes. “Al parecer, puede tardar entre tres y cuatro meses, pero no es seguro que colaboren. Habrá que ver si se consiguen recuperar y colaboran esas empresas”, indica.

Sobre el desenlace de la situación, Viada reconoce que se van «rompiendo los pronósticos». «No creí que fuera aguantar tanto el fiscal general, parece que al Gobierno todo le parece indiferente. Pero todo eso supone un desgaste de la institución. Parece claro que el futuro de Álvaro García está ligado a cómo avance el proceso penal. Si se tiene que sentar en el banquillo, no creo que siga como fiscal general respondiendo a los magistrados del Supremo, pero ya no me atrevo a dar pronósticos”, concluye.