Francisco González de Audicana, magistrado: “Con el uso de la IA podría gestionar el 30% de los casos que llegan a mi juzgado”

Desde el 2007, Francisco González de Audicana es el magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia 38 de Barcelona. Un profesional que siempre ha tenido como lema la defensa de los consumidores. Ha pasado a la historia jurídica más reciente por las dos cuestiones planteadas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el IRPH, pero también preguntó a Europa por los fondos buitres. Ahora se nuestra expectante de los cambios que llegará a nuestra Justicia con la Ley de Eficiencia Organizativa. En esta entrevista para Economist & Jurist repasamos su actividad como magistrado y su visión de esa reforma de la justicia que se avecina.

«Todo depende de con qué ojos mires los contratos que firman los consumidores. Es un elevado porcentaje de nuestro trabajo proteger al consumidor de oficio, dentro de la economía de mercado es el más débil. En este contexto a los ciudadanos nos tienen que respetar de alguna manera. En mi último libro abordo la problemática de los consumidores y el comercio electrónico. Explico que no es fácil gestionar el mundo virtual para nadie. Las redes sociales son un reclamo para que compres y las compañías, pese a que no te pueden llamar, te llaman. No es fácil moverse en este entorno digital», comenta.

González de Audicana reconoce que hay un problema con las ciberestafas, como ya se dijo en el último Congreso de Derecho de Consumo celebrado por AEDS en colaboración con el ICAM. «Empiezan a llegarnos al juzgado algunos temas, y por lo que estamos viendo la mejor vía para resolverlos es la civil. Son pleitos muy mediáticos que tienen repercusión sobre todo cuando se ha perdido mucho dinero», señala. En el 2024, su juzgado gestiono cerca de 1.300 asuntos, sin contar las ejecuciones hay una parte importante relacionado con el derecho de los consumidores y otra de aseguradoras.

El juez del 38 de Barcelona tiene claro que su trabajo es defender al consumidor, la parte más débil de la relación contractual. (Imagen: Cesión propia)

Sobre este total, advierte el tema de los microcréditos: «Ahí necesitamos que la Audiencia Provincial unifique criterios sobre la cuantía porque nos llegan asuntos de 50 a 200 euros que luego se convierten en un juicio verbal, pero siempre es lo mismo. El año pasado dicté 380 sentencias, más de una por día. De ese total, más de 170 son de micropréstamos. De momento, hasta que no se pronuncie el Supremo sobre estos temas, parece claro que las TAE de esos productos financieros, algunas de 1.500%, los hacen usurarios».

Reconoce que siempre quiso ser juez, «ya en tercero de carrera vi claro que lo mío era impartir justicia. Disfruto mucho con los pleitos complejos y con algunos escritos de abogados cada vez más preparados. Estar motivado es fundamental para ser juez. Estamos todos expectantes ante la implementación de los tribunales de instancia y la aplicación de las nuevas tecnologías. Creo que en juzgados como el mío, un 30% de los asuntos menos complicados podrían gestionarse con el uso de la inteligencia artificial (IA), lo que nos daría más tiempo para otros temas».

Respecto a este año 2025, donde el objetivo del Ministerio de Justicia es un cambio radical de la Justicia con la llegada de los tribunales de instancia, nuestro interlocutor señala que «soy consciente de que el cambio va a ser muy importante por la información que nos ha llegado. Es posible que modifique nuestra forma de trabajar y el concepto de justicia actual. Una de las cosas que más me gusta es que con estos tribunales de instancia habrá una respuesta más uniforme en los asuntos. Eso dará más seguridad jurídica al ciudadano, aunque nos quite nuestra subjetividad de poder apreciar cuestiones concretas».

Desde su punto de vista, «la llegada del tribunal de instancia es inevitable, no podíamos seguir con la estructura actual judicial. La especialización que ahora se plantea no me gusta, pero es inevitable. Lo que se ha creado es un esqueleto no completo, pero falta dotarle de leyes orgánicas y reglamento hasta que se vea realmente su constitución final. Procesalmente, la Ley Orgánica no dice gran cosa. La mediación y los MASC como elemento de procedibilidad es importante, pero creo que va a ser como un azucarillo que se va a disolver con el tiempo».

La reforma de la Justicia

A su juicio, «el tema sería saber qué hacemos con ese requisito de procedibilidad, cómo lo interpretamos de forma muy rigurosa. Si basta aceptar un correo entre las partes para saber si acudieron a algún método extrajudicial para resolver el conflicto. Si admitimos que solo hagan ese ejercicio de que se manden un correo para ver si median se va a quedar en nada. Debe calar en los abogados que son los que prescriben y no estaría de más que las administraciones hicieran campañas globales de difusión de lo que son estos métodos, como se han hecho en Tráfico y contra las drogas».

Este magistrado reconoce que los juzgados viven un momento crítico al borde del colapso. Entre los efectos del Covid en el 2020 y las huelgas de los LAJ y funcionarios de Justicia en el 2023, la falta de previsión del Ministerio de Justicia por impulsar planes de refuerzo ha puesto a los órganos judiciales en muy mala situación. «Estamos hasta arriba de asuntos. En nuestro caso, estamos en un partido judicial que lograba estar más o menos al día. Ahora ya estamos señalando para el año que viene o para finales del 2025. Esperemos que con la llegada del tribunal de instancia todo esto mejore».

A este respecto, señala «la necesidad de reforzar los órganos judiciales con más jueces y profesionales para que el trabajo se pueda sacar lo antes posible y mejora la respuesta de los juzgados. Lo que ha hablado el Ministro Bolaños es una declaración de intenciones pero poco sabemos más. Solo sabemos que a partir del 1 de enero del 2026 se crearan los tribunales de instancia en Barcelona. Habrá que ver cómo se organizan los repartos de asuntos. Con el uso de las herramientas de IA un 30% de los asuntos que hay en los juzgados podrían descargarse de nuestra labor diaria».

El uso de las IA ayudaría mucho al trabajo de los jueces que tienen que cumplir con exigentes módulos de productividad que plante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a todos los jueces españoles, bajo amenaza de sanción. «Llevar un juzgado es algo mecánico que no puedes despistarte ningún día, hasta en días de permiso te llevas trabajo a casa para no retrasarte en tu actividad. Hay que ser constante a la hora de poner sentencias y resoluciones. Hay asuntos que al ser complejos utilizas dos o tres días para audiencia previa; el juicio otro tanto y la sentencia dos días. Al final puedes dedicar a un asunto complejo ocho días», explica.

González de Audicana en el ICAB con Javier Orduña, moderados por Cristina Vallejo para hablar del TJUE y sus sentencias. (Imagen: ICAB)

Este viernes la Generalitat de Cataluña, en colaboración con la Universidad Oberta de Cataluña, ha presento una herramienta de IA para gestionar los cientos de expedientes concursales que llegan a los juzgados mercantiles. Sobre esto, González considera que, como prueba piloto, «es bueno trabajar en ese tipo de desarrollos que nos pueden ayudar a gestionar mejor los juzgados. En diez años la Administración de Justicia va a tener un cambio tecnológico importante con la llegada de esta tecnología como apoyo a nuestro trabajo. Ahora está en los bufetes, pero se extenderá en los juzgados, sin duda».

Sobre este uso, señala «que podría ser útil en la admisión de los monitorios, micropréstamos y demandas revolving. Respecto al revolving, lo tengo claro desde que vi el primer asunto que llegó a mis manos. Son procedimientos muy complejos, es difícil explicar a un consumidor lo que está firmando. El pronunciamiento reciente del Supremo sobre la transparencia de las tarjetas ha sido claro, veremos qué dice el IRPH. Creo que al Supremo le ha costado mucho entender el funcionamiento de este índice en los prestamos hipotecarios, eso hizo que en su primera sentencia sobre ello se equivocara».

González de Audicana es consciente que ha pasado a nuestra historia como el juez que llevo el IRPH al TJUE en dos ocasiones por sus graves carencias «antes planteé una y al mismo tiempo de inconstitucionalidad sobre los fondos buitres, una cuestión que está ahí y sangra mucha. Lo que me dijo el TC es que mientras que no resolviera Europa no iban a resolver, y el TJUE me dijo que era un tema económico. De todas formas, el tema no está zanjado, pero sería mucho cambiar las reglas de la economía de mercado. Cuando se me pregunta si sería necesario una fiscalía de vivienda para frenar la especulación, no sería mala idea. Quien mueve el mercado inmobiliario son los grandes tenedores».

El próximo fallo sobre IRPH del Supremo es para el juez González de Audicana un misterio: «Seguro que nos sorprende». (Imagen: Tribunal Supremo)

IRPH nuevo fallo

Las noticias apuntan que —en este mes de febrero— el Supremo va a resolver uno de los recursos de casación que tiene por resolver. Desde la sentencia del TJUE de julio del 2013 no se había pronunciado. Ahora, con el fallo del pasado doce de diciembre que resuelve una cuestión prejudicial por la magistrada Eva Cerón a instancias de José María Erausquin y Maite Ortiz «lo que ha pasado con el IRPH en este país es increíble. No sabría decir cómo va a resolver el Supremo, me cuesta pensar que siga en sus planteamientos que ya conocemos de no conocer su ilegalidad, pero no me sorprendería».

Desde su punto de vista, «lo lógico sería una reforma legislativa, como han señalado el ICAB y Javier Orduña recientemente. Creo que sería la mejor forma de resolver este asunto, el Gobierno debería hacerse eco de todo lo que se ha hablado sobre el IRPH y afrontar esa reforma porque el mensaje que nos manda Europa sobre el tema. Muchas familias han perdido mucho dinero y han viso su economía perjudicada. Es un tema injusto donde no se entiende que haya hipotecas en IRPH y otras en Euribor, sin que nadie sea experto en la materia. Debería referenciarse a Euribor».

A su juicio, «en todos estos asuntos el Tribunal Supremo ha construido un relato que se pudiera plasmar en todos los recursos y resoluciones que le llegasen. Ese relato que sirva para todo contradice las tesis del TJUE que ha dicho en sus últimas sentencias sobre IRPH que esta cuestión es casuística y hay que ver caso por caso y ver qué información le dieron al consumidor. Ese relato genérico pretende amparar o bendecir lo que es el IRPH. Ahora el TJUE dice que todos los elementos para hacer ese relato común, no sirven. Soy incapaz de aventurar cómo se va pronunciar el Supremo sobre el IRPH».