«García Ortiz se está convirtiendo en un brazo ejecutor del Gobierno contra el Poder Judicial», declara Fernando de Rosa, jurista y diputado

«Ninguna democracia puede tolerar que el que tiene que defender la legalidad esté investigado por infringirla». Así lo declara a Economist & Jurist Fernando de Rosa Torner, magistrado en servicios especiales y diputado del PP por Valencia, en referencia al fiscal general del Estado. Además, denuncia que Álvaro García Ortiz «se está convirtiendo en un brazo ejecutor del Gobierno contra el Poder Judicial».

«Es gravísimo que aquel al que, según el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, le corresponde defender la legalidad y perseguir el delito, esté siendo objeto de investigación por un delito gravísimo», afirma De Rosa, quien considera que hace tiempo que debería haber dimitido.

«No debería continuar en el cargo. Estamos ante una anomalía en nuestro Estado de Derecho», critica este magistrado en servicios especiales que fue presidente de la Audiencia Provincial de Valencia, el último vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (2008-2013) antes de que este puesto desapareciera, y presidente en funciones del órgano de gobierno de los jueces en 2012.

Afirma que el fiscal general «ha asumido el papel que marca el Gobierno» y «ha preferido la línea argumental del ministro de Justicia de que estamos ante jueces prevaricadores antes que cumplir el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal»

También reprocha al fiscal general su comportamiento en la declaración ante el Supremo. «Asumió un rol que aquellos que hemos estado trabajando en la Administración de Justicia vemos constantemente, que es no contestar las preguntas del juez, lo cual viene a poner de manifiesto que considera que ese magistrado es un juez prevaricador», señala Fernando de Rosa, para quien «está haciendo muy flaco favor a la Justicia, que él está obligado a defender como defensor de la legalidad».

«Por respeto, debería haber contestado a las preguntas del juez instructor y colaborar con la Administración de Justicia. Es lo mínimo que se le puede exigir. Él sabrá en qué posición se quiere quedar, en qué posición quiere dejar a la Justicia y en qué posición está dejando a sus compañeros fiscales, que todos los días están actuando de una forma ejemplar en juzgados y tribunales interrogando y haciendo su labor», declara De Rosa.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. (Imagen: RTVE)

A su juicio, con ese actuar García Ortiz «no ha respetado a la Justicia, lo cual es muy preocupante en un Estado de Derecho». Para el magistrado emérito Javier Borrego, el fiscal general se comportó como «un vulgar presunto delincuente» –según declaró en una reciente entrevista en este diario– al «no contestar al magistrado instructor y, encima, acusarlo casi de lawfare o de prevaricación».

Para este diputado del PP, el fiscal general «ha asumido el papel que marca el Gobierno», y «ha preferido la línea argumental del ministro de Justicia de que estamos ante jueces prevaricadores antes que cumplir el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal defendiendo la legalidad, la ley, que los delitos tienen que investigarse».

De Rosa considera que García Ortiz, en su declaración ante el Supremo, «se convirtió en un cargo más del Gobierno socialista, en vez de actuar como un fiscal general, que tiene como obligación defender la ley, el cumplimiento de la ley, y la independencia del poder judicial». También afirma que «debería haber renunciado a que la Abogacía del Estado le defendiera», asumiendo su propia defensa.

De Rosa denuncia que la reforma que pretende el fin de la acusación popular «es un eslabón más de la cadena con la que el Gobierno quiere atar a la Justicia»

Preguntado sobre la reforma que pretende el fin de la acusación popular, afirma que «es un eslabón más de la cadena con la que el Gobierno quiere atar a la Justicia».

«La legislatura pasada estranguló la actuación del CGPJ haciendo que no pudieran hacer nombramientos; indultó a los condenados por el procés después de haber atacado éstos al presidente de la Sala de lo Penal del Supremo y a los jueces y fiscales del caso, vimos cómo abarataron la malversación. En la actual legislatura ha dictado la ley de amnistía, que supone un ataque al principio de igualdad de todos los españoles; la ‘ley Begoña’, estrangulando la acción popular solamente con la finalidad de un indulto con carácter preventivo, e incluso una ley para reformar el acceso a la Carrera Judicial. Todo ello son eslabones de la cadena con la que quiere atar la Justicia», manifiesta De Rosa.

El ministro de Justicia, Félix Bolaños. (Imagen: Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes)

Este diputado y magistrado en servicios especiales también denuncia que «el ministro de Justicia ha asumido el papel que tuvo en su momento Pablo Iglesias, quien introdujo en España el término lawfare, jueces prevaricadores y los ataques a la Justicia».

«Hasta hace unos meses, en el Congreso escuchábamos cómo los líderes del Congreso de Podemos, Sumar, Compromís atacaban a los jueces, ahora vemos cómo es el propio ministro Bolaños quien lo está haciendo. Hasta ahora veíamos amnistías o indultos cuando ya se habían cometido delitos, ahora ya entramos en otra dinámica de ataque frontal al Estado de Derecho. Es decir, una ley para que no se juzguen los delitos antes de que puedan ser condenados, eliminando la acción popular y que tenga efectos retroactivos sobre los procedimientos actuales. Esto es lo que pretenden el Gobierno y el Ministerio de Justicia: leyes que tienen nombre y apellidos», expone.

Subraya que la reforma de la LECrim para que los fiscales asuman la instrucción «no es aceptable hasta que se reforme el EOMF y se garantice la independencia»

Señala que «en la ley del indulto era Junqueras y Puigdemont; la del fin de la acusación popular es para Begoña Gómez y el hermano de Pedro Sánchez y todos aquellos ministros que están siendo investigados en sus actuaciones por presuntamente realizar delitos gravísimos como el tráfico de influencias, estafa e incluso malversación de caudales públicos, que es lo peor que puede hacer un Gobierno: aprovecharse de sus cargos para delinquir o personas que presuntamente puedan aprovecharse de su familiaridad con el presidente del Ejecutivo para obtener beneficios sobre los demás».

«Todos los días tenemos una nueva imputación a alguien relacionado con el Gobierno. Eso es lo que tenemos: un Gobierno imputado, un Gobierno bajo sospecha, un Gobierno que está a la fuga de la Justicia y por eso quiere dictar leyes para amordazarla. Ya lo hicieron para sus socios y ahora quieren hacerlo para ellos mismos», declara.

Para De Rosa, la reforma de la LECrim para que los fiscales asuman la instrucción «es un paso más contra la Justicia». «No podemos aceptarla en las circunstancias actuales, con García Ortiz, fiscal general del Estado de Pedro Sánchez. No sería aceptable ni democráticamente ni jurídicamente hasta que se reforme el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y se garantice la independencia», concluye este magistrado, denunciando que «el muñidor de toda estos eslabones de la cadena con al que se quiere atar a la Justicia es el ministro Bolaños».