“Sin financiación la reforma de la dependencia es inviable”, denuncian expertos en Servicios Sociales

El Gobierno dará el primer paso para reformar las leyes de dependencia y discapacidad. El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes el anteproyecto de ley del Ministerio de Derechos Sociales que modifica, de una sola vez, las dos legislaciones.

Derechos Sociales defiende que ha llegado el momento de retocar dos leyes que fueron aprobadas, respectivamente, en 2006 y 2013, para poner fin a medidas que se tomaron en la crisis económica de 2008 y todavía no se habían revertido; además de consolidar en un texto legislativo nuevos derechos.

Sin embargo, las críticas arrecian a una iniciativa que no cuenta con financiación adecuada. En estos momentos, hay 2,13 millones de personas que han solicitado una prestación para la dependencia en España y la cifra ha crecido un 12% en cinco años.

En este contexto, la situación sigue siendo critica para muchas familias y los cuidadores de estas personas dependientes. La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, lleva años supervisando el trabajo de las administraciones públicas en materia de dependencia. “Faltan 2.000 millones entre Gobierno y comunidades autónomas para realmente financiar la reforma de la dependencia”, señalan a E&J.

La Asociación también ha sido muy crítica con la implementación del Ingreso Mínimo Vital por toda la burocracia que rodea a esta prestación, lo que ha obligado a intervenir al Defensor del Pueblo.

Esta Asociación está implantada en todo el territorio nacional y cuenta con Delegaciones en las distintas Comunidades Autónomas. Agrupa a más de doscientos profesionales (Trabajadores Sociales, Psicólogos, Sociólogos, Educadores, Abogados, etc.) con años de experiencia que ocupan puestos de responsabilidad en las Instituciones, Centros o Servicios del Sector, y tienen una formación especializada para asumir tal gerencia o dirección.

José Manuel Ramírez es uno de sus portavoces. En estos años ha sido una de las pocas voces críticas ante la situación de abandono de estas personas. Sin embargo, pese a las intenciones del nuevo ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, la situación es tercermundista. No hay financiación y muchos dependientes se mueren sin la ayuda reconocida.

“Mientras congela la financiación del Sistema de Atención a la Dependencia, el Gobierno propone una reforma de la Ley sin recursos para su efectividad. Es necesario valorar el impacto negativo de género que tienen estas políticas descomprometidas con los cuidados, ya que éstos siguen recayendo de manera abrumadora en las mujeres”, explica a Economist & Jurist.

Ramírez también explica que “durante los años 2021, 2023 y 2024, el Gobierno asumió su compromiso con la efectividad de los derechos de las personas en situación de dependencia con el llamado ‘Plan de choque’, que supuso un incremento anual de 600 millones de euros a través de las comunidades autónomas (en total, 3.793 millones de euros de incremento acumulado de financiación estatal)”.

José Manuel Ramírez lleva denunciando los últimos 18 años la falta de recursos económicos para ayudar a las personas dependientes. (Imagen: Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales )

Una reforma sin respaldo económico

El portavoz de la Asociación cree que ahora no es momento de cambios: “En 2024 se frena este incremento de financiación estatal y, a cambio, el gobierno propone una reforma de la Ley añadiendo nuevos derechos cuando todavía están muy lejos de garantizar los que reconoce la actual norma”.

“Cabe recordar que, a fecha de mañana martes cuando el Consejo de Ministros va a aprobar ese anteproyecto de ley de reforma de la Ley de la Dependencia (Ley 39/2006), 270.325 persona se encuentran en las listas de espera de una Ley que se sigue incumpliendo desde hace 18 años”.

Ramirez advierte que “cada 15 minutos fallece una persona en estas listas de espera (34.252 personas fallecieron en 2024) y se tarda 334 días en dar la prestación o servicio (incluso en algunas comunidades, el tiempo aumenta a más de dos años)”.

Al mismo tiempo resalta que “la cuantía de las prestaciones económicas y la intensidad de los servicios son, a todas luces, insuficientes y en algunos casos ridículas (264 euros al mes de media para la prestación de cuidadoras no profesionales).”

Desde su punto de vista, la situación es clara: “Sin incremento de financiación los nuevos derechos que esta reforma de la Ley propone reconocer quedan en papel mojado, pura cosmética del sistema, que sólo servirá para generar falsas expectativas a las personas en situación de dependencia y a sus familiares. Los cambios, muchos de ellos positivos, que la reforma plantea incorporar son, de hecho, realidades ya asumidas por muchas comunidades sin necesidad de cambiar la Ley.”

“Otros, incluso, ya han sido acordados en el Consejo Territorial. Los restantes podrían haberse resuelto por la misma vía, sin necesidad de todo lo que conlleva la reforma de una ley”, comenta.

Para este experto “lo más grave es que algunos de los cambios que propone el Anteproyecto de reforma de la Ley de la Dependencia ya habían sido acordados por el Gobierno y las comunidades, y varios años después no se cumplen, no porque no exista una norma sino, simplemente, por falta de financiación”.

Así pone como ejemplo “el caso del servicio de teleasistencia, que la reforma plantea reconocer como un nuevo derecho gratuito para todas las personas en situación de dependencia que vivan en su casa. Exactamente lo mismo que estableció el Plan de Choque del propio Gobierno”. “A fecha de hoy, cuatro años después, el 58% de las personas atendidas en sus domicilios no cuentan con servicio de teleasistencia. ¿Por qué no se asegura la financiación de este derecho ya establecido, en lugar de volverlo a reconocer, sin más financiación? La reforma de la Ley propone como una de sus principales medidas reforzar la atención en los domicilios”, comenta.

Sin embargo, este experto reconoce lo que se está haciendo es lo contrario “porque ya el Real Decreto 675/2023, de 18 de julio, modificó la intensidad del servicio de ayuda a domicilio, pero seguimos teniendo una intensidad media de una hora diaria para atender a una persona en situación de dependencia (34 horas mensuales); y apenas dos horas (62 horas mensuales) para las personas con mayor grado de dependencia, para los grandes dependientes (grado III)”.

José Manuel Ramírez se hace la pregunta que se hacen todos aquellos que tienen a su cargo alguna persona dependiente, sin ayuda de nadie: “¿De qué manera va a reforzar la atención en los domicilios una ley que apuesta por ellos pero que no contempla un incremento de financiación para estos servicios domiciliarios o para aumentar la cuantía de las prestaciones económicas por cuidados familiares o no profesionales?”.

A su juicio, “es fácil suponer que dos horas diarias de media de ayuda a domicilio en el hogar de una persona que necesita cuidados continuados y permanentes (24 horas al día 365 días al año) para todas las actividades básicas de su vida diaria (levantarse y acostarse, cambiar de posición, desplazarse, asearse, comer, etc.) no permiten a sus familiares conciliar con una actividad laboral o personal, ni tan siquiera un cierto descanso o desahogo, a no ser que tenga recursos suficientes para contratar servicios de cuidado a su cargo”.

También resalta que “esta situación es más fácil aun suponer sobre quien van a recaer estos cuidados, en su inmensa mayoría: las mujeres (tres de cada cuatro cuidadoras son mujeres). En materia de derechos sociales, las normas, si no llevan aparejada una memoria presupuestaria y los consiguientes compromisos de financiación, son papel mojado”.

Más de 270.000 personas están en lista de espera; 34.252 personas fallecieron en 2024.(Imagen: Comunidad de Madrid)

La Ley se incumple desde hace 18 años

Al mismo tiempo José Manuel Ramírez subraya que “el anteproyecto de reforma de la Ley de Dependencia, que sepamos, no sólo no lleva incorporados compromisos de incrementar la ya insuficiente financiación actual, sino que no recoge ninguna modificación sobre una nueva financiación de la Ley, siendo este aspecto el más controvertido en la actual norma y que más limita su cumplimiento”.

Además de dicha reforma que se plantea “aún están a la espera otras normas ya anunciadas”, como la Ley de Familias o la Ley de Servicios Sociales. Ramírez lo tiene claro: “Es más fácil elaborar proyectos de Ley o reformas legales, que partidas presupuestarias que aseguren su cumplimiento o el de las normas vigentes”.

Este experto en Servicios Sociales hace un balance de la historia de esta normativa de dependencia. “Para llorar”, señala, “desde que se aprobó la Ley de la Dependencia (14 de diciembre de 2006), han pasado 18 años, 13 ministros o ministras diferentes”.

“En nuestro caso, nosotros creamos el Observatorio de la Dependencia dónde   venimos analizando, dictamen a dictamen, informe a informe, la evolución de esta norma y el cumplimiento —o no— de sus contenidos, de las prestaciones y servicios que reciben las personas en situación de dependencia y de sus familiares”, comenta.

José Manuel Ramírez señala que desde el Observatorio seguirán fiscalizando la labor del Gobierno y las CCAA en materia de dependencia. “Un Observatorio que, frente a la retórica y a las normas que son papel mojado, frente a los derechos de papel, seguiremos recordando qué obras son amores y que no se debe jugar con la angustia y las expectativas de personas que necesitan cuidados para sus actividades básicas de la vida diaria, ni con la de sus cuidadores o, mejor dicho, de sus cuidadoras”.