Cómo afecta la subida del SMI al IRPF: claves para entender el cambio fiscal

La subida del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 16.576 euros en catorce pagas no ha recibido tan buena acogida como el Gobierno esperaba. Y es que, a pesar de que supone una mejora de 700 euros anuales —unos 50 euros netos más al mes para aquellos trabajadores que tengan su salario distribuido de esta manera— muchos de los preceptores de este aumento tendrán que tributar, por primera vez, en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), lo que no implica que estén obligadas a presentar la declaración de la renta, pues dicho gravamen se descontará directamente de sus nóminas.

Según han informado desde el ministerio de Hacienda —cuya cartera se encuentra actualmente en manos de María Jesús Montero— aquellos contribuyentes que puedan sufrir los efectos de esta decisión pagarán menos impuestos que los que abonarían con el esquema actual impulsado en su día desde el PP. Sin embargo, tal y como ha explicado el fiscalista Basilio Sáez Lorenzo de Bilanx Group a este diario, «esto no es cierto, pues no se ha modificado la obligación de declarar».

Pese a las críticas recibidas por la oposición y por partidos integrados en la misma coalición, como Sumar, los socialistas han insistido en que estas retenciones únicamente perjudicarán entorno a medio millón de asalariados, lo que supone alrededor de un 20% de aquellos que cobrarán el nuevo salario mínimo interprofesional. Los solteros sin hijos serán los más afectados, pues tal y como ya advirtió el comité de expertos designado por el Ministerio de Trabajo, esta medida les obligaría a pagar 300 euros en impuestos al año, o lo que es lo mismo, 21 euros mensuales distribuidos en catorce pagas —casi un 43% de lo que van a empezar a ganar con la subida del SMI—.

«Al aumentar el SMI, también en consecuencia se incrementará el número de casos de contribuyentes que —al cobrar de segundos pagadores más de 1.500 euros al mes— tendrán obligación de presentar renta, lo que termina creando más situaciones para ciudadanos que no esperaban un pago consiste en la diferencia entre retenciones reducidas y la cantidad final a pagar», subraya en este sentido Sáez, que aunque reconoce desconocer por qué Montero ha decidido no modificar el Reglamento del IRPF en lo que se refiere al límite cuantitativo que excluye la obligación de retener y la Ley del Impuesto en cuanto a la obligación de declarar, confiesa que, «de forma perversa, pareciera una nueva vía para aumentar los impuestos a las empresas y autónomos».

También en desacuerdo se muestra Jesús Ruiz Ballesteros, economista, abogado y socio de Ruiz Ballesteros Abogados y Asesores Fiscales, quien en declaraciones a Economist & Jurist alega que «lo que dice Montero no lo comparto, eso es una visión sesgada y seguramente muy puntual de un caso muy concreto, me atrevo a decir que no se puede cumplir ese axioma de forma general ni mucho menos». En este contexto, critica que «el Gobierno hace años ya que lo único que pretende es aumentar la recaudación, de hecho estamos en récord histórico de recaudación nunca antes visto y sin bajar los gastos, al contrario, siguen aumentándolos también», lo que va en la línea actual de obligar a aproximadamente 460.000 ciudadanos a empezar a tributar.

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo. (Imagen: Ministerio de Trabajo)

Entorno a medio millón de asalariados comenzarán a tributar

De hecho, según comenta a Economist & Jurist la asesora fiscal Natalia Figaredo, de Sincro, las dos únicas maneras de evitar que los trabajadores afectados se vieran obligados a tributar por IRPF serían, o bien modificando el artículo 20 de la Ley de IRPF, de forma que la reducción por obtención de rendimientos del trabajo se amplíe para cubrir la subida realizada hasta los 16.576 euros anuales como ha propuesto el Sindicato de Técnicos de Ministerio de Hacienda; o bien actualizando el importe mínimo a partir del cual se obliga a practicar la retención de IRPF, aumentándolo de los 15.876 euros a los 16.576 euros y salvando así el exceso de 700 euros, que es lo que genera la obligación a tributar.

Esto último es lo que venía sucediendo en los últimos años cada vez que se subía el salario mínimo interprofesional; y es justo esto mismo lo que critican ahora los partidos de la oposición y algunos partidos de la coalición, como el Partido Popular, que a través de su secretario general, Alberto Núñez Feijóo, critican que «no es ético ni razonable usar el incremento para aumentar la recaudación fiscal». En este sentido, el líder conservador ha lamentado públicamente que esto supone «un incremento cero de la capacidad adquisitiva de los trabajadores y un incremento fiscal del Gobierno superior a 1.200 millones de euros», pues de los 50 euros que supone la subida, «25 euros se van a impuestos y tan solo el trabajador se queda con los otros 25 euros, que no cubren la inflación».

Por su parte, el PSOE ha defendido la tributación alegando que el SMI ha subido un 61% desde 2018 y que su exención fiscal «ya no es sostenible». Hacienda respalda esta medida al considerar que seguir elevando el umbral exento supondría una pérdida de recaudación de 1.500 millones de euros en 2024, lo que impactaría negativamente en las cuentas públicas. Por el contrario, el Ministerio de Trabajo sostiene que se debería actualizar el mínimo exento para garantizar que el incremento salarial se refleje íntegramente en el bolsillo de los trabajadores. Unas discrepancias que denotan diferencias de criterio dentro de la coalición.

Al ser preguntado sobre posibles soluciones para evitar que quienes perciben el SMI tengan que tributar sin comprometer la sostenibilidad fiscal, el experto Basilio Sáez señala que existen medidas viables para mitigar este impacto. Para él, como también ha explicado a este medio Natalia Figaredo, una de las principales acciones sería ajustar los umbrales fiscales, comenzando por elevar el importe mínimo a partir del cual los trabajadores están obligados a declarar sus ingresos. Actualmente, este umbral se sitúa en 15.876 euros anuales, por lo que un incremento permitiría que más trabajadores con salarios bajos quedaran exentos de tributar.

Además, Sáez destaca la importancia de revisar el límite de 1.500 euros aplicable a los ingresos provenientes de segundos y siguientes pagadores. En la situación actual, si un trabajador percibe más de esta cantidad de distintas fuentes, queda obligado a presentar la declaración de la renta. Un umbral que este jurista demasiado bajo, razonando que su aumento permitiría reducir el número de contribuyentes afectados por la nueva medida sin comprometer gravemente la recaudación fiscal. «Ese segundo límite de 1.500 euros de segundos y siguientes pagadores, debe ser aumentado», reitera.