Okupación: presentada propuesta para recuperar la propiedad en 48 horas

Existe un problema de okupación ilegal de viviendas en nuestro país. Esta problemática, que afecta a miles de propietarios en toda España, podría cambiar de sentido si las propuestas que Junts presentó en público este lunes fueran aprobadas tanto en el Congreso de los Diputados como en el Parlament de Cataluña en los próximos días.

Las dos principales propuestas de Junts son, por un lado, en el Congreso de los Diputados, una iniciativa para recuperar la propiedad en un plazo de 48 horas; y por otro, en el Parlament, una proposición para que las comunidades de propietarios puedan denunciar cuando haya una okupación delincuencial en su comunidad.

Se da la circunstancia de que ambas propuestas fueron consensuadas y trabajadas desde la abogacía institucional, principalmente con los colegios de abogados de Barcelona, Madrid y Málaga, que presentaron estas medidas en el 2º Congreso de Ocupación Ilegal del ICAB.

De acuerdo con el Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior, y, atendiendo a los referidos como «hechos conocidos», en España, en el año 2023, se registraron un total de 15.289 casos de allanamiento o usurpación de inmuebles.

Para Jesús Sánchez, decano del ICAB, «con esta nueva propuesta de Junts, que asume nuestros postulados, el Gobierno no puede seguir poniéndose de perfil ante un tema tan grave como es la okupación. Cometería un error. Ya hay un clamor popular para dar una solución a este problema que hay en nuestro país. Si el legislador va a arreglar el problema de la multirreincidencia en los delitos leves, puede hacer lo mismo con la okupación ilegal, con soluciones ágiles, administrativas y civiles, para la recuperación rápida de la vivienda».

Desde su punto de vista, «la iniciativa de Junts es nuestra propuesta legislativa con alguna variante. Ellos, como nosotros, prevén el desalojo en sede policial, como ocurre en varios países de la Unión Europea (UE). Y vienen diciendo que en ningún país serio hay un derecho a okupar. Ante una okupación ilegal, lo que procede es el desalojo inmediato, sin perjuicio de ayudar a las familias en situación de vulnerabilidad».

Jesús Sánchez cree que hay que agilizar las medidas contra la ocupación, asumiendo las tesis de Junts. (Imagen: ICAB)

Este abogado revela que el grupo de trabajo que él coordina mantuvo varias reuniones con Junts: «Nosotros les explicamos nuestra idea de agilizar el desalojo de la okupación y luego se las entregamos. Es una propuesta actualizada de lo que hemos venido defendiendo. Nos han ayudado distintos profesionales de diferentes colectivos jurídicos. Tenemos un grave problema de vivienda social, estamos muy por debajo de la media europea, pero eso no es óbice para que se solucione el problema de la okupación».

A lo largo de estos últimos años, se ha creado un grupo de juristas liderado por el decano del ICAB, Jesús Sánchez, para trabajar en la presentación de propuestas legislativas sobre la ocupación, coordinado por M.ª Jesús Pesqueira (decana de Derecho en CEU Abat Oliba), con la presencia de Paz Valles, diputada de la Junta del ICAB. En él han participado diferentes jueces y fiscales, entre ellos el magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Vicente Magro, quien ha señalado públicamente su apoyo a la reforma planteada por estos juristas.

Junto a ellos, también hay que destacar el papel de abogados como Cristina Vallejo, Emilio Zegrí, Jorge Navarro, Vicente Pérez Daudí, Julio Naveira, Joan Martínez (presidente actual del CICAC), Alberto Torres, Enrique Jurado, los decanos de los colegios de Madrid y Málaga, Eugenio Ribón y Flor Carrasco, Enrique Vendrell, Lourdes Ciuró, Javier Segur, el decano del Colegio de Procuradores de Barcelona, Javier Segura, Carles Sala, Montse Junyent, Pablo Feu, Miguel Acosta y Erika Torregrosa.

El carrusel de la okupación

Desde que se iniciara este año, la vivienda en general, y la okupación en particular, se han convertido en problemas graves para los españoles. Las noticias se han ido sucediendo como un carrusel sin control, de un lado a otro de la situación, ante la desesperación de los propietarios que viven situaciones bastante límites.

La aprobación definitiva de aquel Decreto Ómnibus, ahora troceado por imposición de Junts, provocó que el Real Decreto-Ley 11/2020 prorrogase de nuevo la suspensión de desahucios, incorporando unos avales públicos para compensar a los propietarios, los cuales, según Economist & Jurist, no valían para nada.

Esta noticia fue un golpe duro para entidades como la Plataforma de Afectados por la Ocupación, que engloba a afectados en toda España y que mostraba su rechazo a que el PP aprobase dicho decreto. Esto hizo que su presidente, Ricardo Bravo, y otros dirigentes de la asociación se reunieran con Isabel Díaz Ayuso, quien mostró su apoyo incondicional al colectivo de propietarios sin amparo legal.

Miriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, advierte que su formación defiende los derechos de los propietarios. (Imagen: Junts)

Días después, la reunión de los jueces de lo penal de la Audiencia Provincial de Girona, localidad con mucha okupación, también fijó unos criterios claros de desalojo del inmueble. Expertos como Vicente Pérez, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona, indicaban que «este acuerdo aporta seguridad jurídica, que es importante para los cuerpos policiales, para que puedan y deban actuar a las 24 horas de una okupación sin necesidad de orden judicial. Quizás el plazo que se da para la intervención judicial es escaso».

Ofensiva de Junts contra la ocupación

Este lunes pasado, Junts per Catalunya presentó sus medidas para facilitar la recuperación de viviendas okupadas. En una rueda de prensa, el secretario general, Jordi Turull; la portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras; y la diputada en el Parlament, Glòria Freixa, expusieron las diferentes iniciativas, de ámbito penal y civil, para poner soluciones a esta problemática que afecta a tantos ciudadanos del país.

Turull no dudó en hablar públicamente de «alarma social» con la okupación, una señal de que van a meter mucha presión al Gobierno para tramitar la ‘Propuesta Antiokupa’ que Junts ha registrado ya en el Congreso. Desde hace un año, la Ley Antiokupa del PP está bloqueada en el Congreso por el acuerdo del PSOE con Sumar. Según la Generalitat, los casos de ocupación han pasado de 2.666 a unos 10.000 durante el 2024.

Sin embargo, según otros expertos, Junts se va a encontrar sí o sí con un problema parlamentario porque, aunque el PSOE ceda y les apoye, tendrá previsiblemente en contra a los socios del bloque de la izquierda, representados por Sumar, Podemos, Esquerra y Bildu.

Y, probablemente, también tendrá en contra al PP, ya que los populares apuestan por su ley, que aboga por la desocupación en 24 horas. Fuentes populares señalaron a este diario que están estudiando las iniciativas de Junts, sin haber tomado una decisión por el momento.

“Las ocupaciones son una violación de la ley, pero también un atentado contra el derecho a la propiedad privada. Generan alarma social, problemas de convivencia y crean la sensación de que, mientras algunos cumplen, otros disfrutan de impunidad. Queremos que el PSOE apruebe la tramitación de nuestra propuesta”, ha afirmado Turull.

Ricardo Bravo, de la Plataforma de Afectados por la Ocupación, durante una comparecencia en el Congreso: «No podemos aguantar más». (Imagen: Congreso Diputados)

La propuesta fue presentada en el Congreso por Miriam Nogueras, quien, al igual que Jesús Sánchez, decano del Colegio de Abogados de Barcelona, ha señalado en varias ocasiones que «el derecho a okupar no existe». Nogueras también comentó que «la vivienda digna es un derecho, lo recogen muchas normas, y es la Administración quien tiene la obligación de garantizar ese derecho. Y el derecho a la propiedad privada es también un derecho».

En la misma línea que Turull, la portavoz ha lamentado que los partidos que gobiernan el Estado, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona no defiendan la propiedad privada. Por ello, en el Congreso se ha registrado una Proposición de Ley de medidas urgentes para hacer frente a la ocupación ilegal de inmuebles, con el objetivo de que la propiedad pueda recuperarse en un plazo de 48 horas: «No puede alargarse en el tiempo, perjudica al propietario y a los vecinos», ha añadido la portavoz.

Respecto a la problemática de la falta de vivienda, Junts ha presentado más de 30 medidas para dar respuesta a este problema, apostando principalmente por la creación de vivienda pública. «Hay que dar un giro de 180 grados en las políticas de vivienda. Mientras dependa de Junts, nuestros votos servirán para detener estas políticas que han sido un fracaso», ha destacado.

Por último, la diputada Glòria Freixa ha sido la encargada de explicar las propuestas de ámbito civil presentadas desde el Parlament de Cataluña. La primera propuesta, que también se ha llevado al Congreso de los Diputados, es una Proposición de Ley de medidas urgentes para hacer frente al fenómeno de la ocupación ilegal de inmuebles. Sin embargo, el propio Parlament rechazó tramitarla este martes al no encontrar apoyos.

En este sentido, Junts ya había propuesto que, en caso de vivienda vacía y de uso indebido, el Ayuntamiento pudiera actuar en lugar de un gran tenedor. Ahora se da un paso más y se pretende legitimar a la Comunidad de Propietarios para que pueda intervenir en caso de que haya un piso ocupado en situaciones peligrosas. Además, se propone sancionar al gran tenedor que no ejecute el desalojo cuando se le requiera hacerlo

La ocupación no debe permitirse

Cristina Vallejo espera que esta vez Junts sea consecuente y lleve su reforma al Congreso: «La situación es dramática». (Imagen: Cesión propia)

Cristina Vallejo es otra de las abogadas que ha participado en este grupo de trabajo de juristas liderado por Jesús Sánchez. «Hay que aprovechar este momento político para resolver este problema. Tanto Junts como otras formaciones políticas nos pidieron las conclusiones del último Congreso sobre Ocupación Ilegal. Al final, la formación independentista ha hecho lo que nos dijeron que harían: presentarla en los distintos parlamentos, tanto nacional como autonómico. Esperemos que la iniciativa llegue a buen puerto», ha señalado.

Sobre la reforma, indica que «nosotros hemos ido actualizando nuestras propuestas legislativas conforme han pasado los años, pero lo que está enfocado en la vía penal es la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en el sentido de que, en la práctica, genera más problemas. Hay que darse cuenta de que se hizo una reforma y este es un delito leve; muchos jueces de garantías no toman esa medida cautelar porque piensan que es un enjuiciamiento rápido y esperan a la sentencia. Pero ahora, un delito leve supone un año de enjuiciamiento».

Para esta abogada, «la solución es una medida cautelar para el juez de instrucción. Se trata, en primer lugar, de dar seguridad jurídica al mercado y, en segundo lugar, de establecer una medida disuasoria para indicar que ocupar un bien inmueble no es gratis en nuestro país. Buscamos soluciones prácticas a los problemas que estamos viendo en los tribunales. En la vía penal, proponemos una medida cautelar que permita el desalojo en 48 horas si el titular denuncia una usurpación de un bien inmueble y el okupante no aporta un título. El propietario quiere recuperar su vivienda; no le importan las posibles penas de cárcel del ocupante».

También señala que, en el derecho comparado, «se logran desalojos policiales sin que intervenga el juez penal. En esa misma dirección iba el acuerdo de los jueces de la Audiencia Provincial de Girona. En la vía civil, solo se puede pedir el desalojo rápido si se ha ocupado una vivienda y el perjudicado es una persona física. Con nuestra propuesta, hemos ampliado tanto el ámbito subjetivo como el objetivo, porque creemos que cualquier propietario debe poder ejercer ese derecho. Los ocupas consultan el Registro y, si ven que la vivienda pertenece a una sociedad, la ocupan».