La denuncia contra Juan Carlos Monedero y las implicaciones legales que podrían llevarle a la cárcel

Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos y profesor en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, ha sido denunciado por una de sus estudiantes, quien lo ha acusado ante el centro de presunto acoso sexual. La Universidad ya ha abierto una investigación contra el exdirigente, aunque debido a la confidencialidad del proceso los hechos denunciados aún no han trascendido.

Bajo este escenario, decenas de jóvenes han compartido con la prensa sus opiniones acerca del comportamiento diario de Monedero, tachándolo de «sexista» y «vejatorio». Ejemplo de ello es que, tal y como ha publicado este viernes el diario La Razón, un hombre que se licenció hace años en Somosaguas aseguraba que el exdirigente señalaba a sus alumnas «por su forma de vestir o por su aspecto físico», estableciendo además un contacto «físico» totalmente inapropiado.

A raíz de estos hechos también han salido a la luz testimonios de militantes y personas cercanas al partido que han reconocido que los comportamientos machistas de Monedero ya se conocían, que sus conductas eran un secreto a voces dentro del partido y que muchas de las mujeres que trataron de denunciarle fueron silenciadas.

De hecho, ya en 2015 una militante de Podemos reconoció haber vivido un «episodio grave» con el político después de un acto del partido. Una crítica a la que se sumó, en 2016, una denuncia ante la cúpula de la formación. Pese a ello, Podemos no abrió ninguna investigación. Un proceder que el entonces secretario general del partido, Pablo Iglesias, ha tratado de justificar reiterando a elDiario.es que él «jamás» tuvo conocimiento «de ninguna denuncia de ninguna mujer en el partido contra él o por ningún asunto derivado de su comportamiento sexual».

Por su parte, la actual secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha defendido públicamente este viernes, 21 de febrero, que su partido actuó «correctamente» y que cuando tuvieron constancias de que se habían presentado dos denuncias por «violencia sexual» contra Monedero en 2023 activaron inmediatamente «todos los protocolos», siguiendo la «diligencia debida» que supuestamente se espera en este tipo de casos, esto es, apartándole de la actividad del partido de inmediato.

Pablo Iglesias. (Imagen: RTVE)

El análisis del caso, en manos de tres expertos

En medio de este escándalo, las críticas hacia Podemos no han tardado en llegar, tanto desde el ámbito político como desde sectores de la sociedad civil. En este contexto hostil, abogados y expertos en derecho penal como son Natalia Tejera, responsable del departamento penal de Vestalia Abogados; Jacobo Dopico, catedrático de derecho penal en la Universidad Carlos III de Madrid; y Víctor Ávila, abogado penalista en Víctor Ávila Abogado, han analizado el caso en Economist & Jurist.

Preguntada sobre las implicaciones legales que podría tener la denuncia contra Juan Carlos Monedero y las posibles consecuencias si se confirmara el acoso sexual, la abogada Natalia Tejera ha sido clara: «Las implicaciones legales inmediatas son la incoación de un procedimiento penal en el cual la denunciante tendrá que ratificar la denuncia interpuesta y en el que se practicarán las pruebas que se consideren útiles y pertinentes por el juzgado. Si el procedimiento llega a juicio oral y se dicta sentencia condenatoria, las penas pueden ser de 6 a 12 meses de prisión o multa de 10 a 15 meses como pena principal en su tipo básico».

Víctor Ávila, por su parte, ha señalado que si los hechos ocurrieron en 2016, lo primero que debe analizarse es si el delito ha prescrito. Una vez hecho, «hay que tener en cuenta la legislación vigente en ese momento, antes de la reforma de la Ley del Solo Sí es Sí, que establecía que el delito de acoso sexual se castigaba con penas de prisión de 3 a 5 meses, o de 5 a 7 meses si se había cometido aprovechando una situación de superioridad laboral, docente o jerárquica», ha apuntado.

«En esos casos, el plazo de prescripción para delitos con penas inferiores a 5 años es de 5 años, lo que significa que la denunciante tendría hasta 2021 para interrumpir dicha prescripción. Si se tratara de un delito continuado, la prescripción comenzaría a contarse desde el cese de la conducta, por lo que el acoso debería haber persistido hasta, al menos, marzo de 2020 para que pudiera ser perseguido penalmente. En caso de no haber prescrito, las posibles consecuencias para Monedero serían penas de 5 a 7 meses de prisión o una multa de 10 a 14 meses», ha continuado.

Ione Belarra y Juan Carlos Monedero. (Imagen: RTVE)

Una denuncia por acoso sexual ante un órgano educativo

Importante la valoración del catedrático de derecho penal, Jacobo Dopico, quien en este punto ha recordado que «a fecha de hoy no han trascendido los hechos que han dado lugar a la denuncia por acoso en la Universidad Complutense (lo cual es lógico, dado que se trata de información confidencial). Por ello, para ser rigurosos y respetar los derechos de todas las personas implicadas, por ahora de lo único de lo que cabe hablar razonablemente es de cómo operan en términos generales denuncias de este tipo, sin referencia al caso concreto».

Tal y como ha explicado a este medio de comunicación, «el acoso sexual abarca un amplio rango de conductas: desde las más leves, que constituyen infracción disciplinaria en el ámbito laboral o funcionarial, hasta las de mayor entidad, que pueden tener relevancia penal. Precisamente por eso, una denuncia por acoso que haya sido remitida por el canal de información de una Universidad puede recibir distintos tratamientos».

En este sentido, ha incidido en que «si desde un inicio los órganos de la Universidad entienden que la conducta no reviste relevancia suficiente como para ser un delito, abrirán una investigación para determinar cuáles fueron los hechos y si en efecto suponen una infracción disciplinaria. Si esta investigación concluye que hay pruebas de una conducta infractora, concluirá en un expediente que imponga alguna sanción disciplinaria».

Finalmente, ha concluido señalando que «si por el contrario la Universidad considerase que esa conducta sí podría constituir un delito, entonces deberán remitir la información al Ministerio Fiscal, que decidirá si en efecto procede presentar querella o no (art. 191 CP). Para poder hablar de un delito de acoso (no una mera infracción disciplinaria) debe darse una solicitud de favores de naturaleza sexual en el ámbito de una relación continuada o habitual de tipo laboral, docente o similar, y que con ello se haya causado a la víctima una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante».

Juan Carlos Monedero. (Imagen: E&J)

¿Podemos podría tener responsabilidad?

Respecto al impacto de la investigación interna abierta por la Universidad Complutense, Natalia Tejera ha aclarado que, a priori, «no afecta al propio proceso judicial porque no es prueba como tal en las diligencias previas». Sin embargo, ha señalado que si la investigación universitaria arroja un resultado desfavorable para Monedero, «sí podrá ser incorporada al proceso judicial como prueba documental», además de que «los responsables de la misma podrían ser citados como testigos».

Víctor Ávila, por su parte, ha coincidido en que la investigación interna promovida por la UCM no sustituye un proceso judicial, pero ha puntualizado que cualquier prueba recabada, como testimonios, correos electrónicos o registros internos, «podría ser utilizada en el procedimiento penal». Además, si la universidad concluyera que hubo acoso, según él Monedero podría enfrentarse a «sanciones disciplinarias como la suspensión de empleo o despido», todo ello —ha recordado— teniendo en cuenta los plazos de prescripción, que en penal son diferentes que en administrativo.

En cuanto a la responsabilidad de Podemos ante la inacción frente a los testimonios de presunto acoso, Tejera ha explicado que el partido podría ser llamado como responsable civil subsidiario si se demuestra que «conocían la situación de acoso y no actuaron en su momento». Además, ha resaltado que también podría suceder lo mismo con la Universidad si los hechos ocurrieron dentro del marco de la relación docente profesor-alumna.

Ávila, en cambio, ha subrayado que Podemos solo podría ser responsable penalmente si se probara que «ocultó activamente las denuncias o impidió que las víctimas acudieran a la Justicia», pues cualquier intento de influir en el proceso judicial constituiría un «delito de obstrucción a la Justicia». Además, ha hecho referencia a la Ley Whistleblowing, en vigor desde 2023, que refuerza la obligación de las organizaciones de tener canales de denuncia, asegurando que «si Podemos no implementó estos mecanismos, podría reprochársele consecuencias».

Facultad de Derecho de la Universidad Complutense (Imagen: UCM)

¿Y si es una denuncia falsa?

En cuanto a las pruebas en un proceso de acoso sexual, tanto Ávila como Tejera han coincidido en que la declaración de la víctima sería la «prueba de cargo principal», siempre que cumpla con los requisitos establecidos por el Tribunal Supremo, como «la persistencia en la incriminación, la ausencia de incredibilidad subjetiva y la corroboración de los hechos por elementos objetivos». En este sentido, también han añadido que la prueba testifical de personas a las que la víctima haya contado los hechos y las pruebas documentales, como mensajes o correos electrónicos, así como posibles tratamientos psicológicos y/o psiquiátricos, suelen ser clave.

Finalmente, en caso de que las acusaciones resulten ser falsas, Tejera ha explicado que Monedero podría emprender acciones legales por «denuncia y/o acusación falsa», aunque ha advertido que «hay que tener en consideración que no todos los sobreseimientos provisionales y archivos o las sentencias absolutorias implican una denuncia falsa, en muchas ocasiones nos encontramos ante una falta de prueba».

En este contexto, Ávila ha añadido que, si se determina que la denuncia era falsa, «los abogados de Monedero deberán solicitar que se expida testimonio por denuncia falsa», aunque ha reconocido que no es sencillo acreditar que alguien mienta, a menos que manipule pruebas. En cuanto a los medios de comunicación, Ávila ha recordado que, si los medios comparten información que creen veraz durante una investigación penal, «podrían estar amparados en la libertad de expresión», aunque Monedero podría pedir a los medios que «borren la información» y, si es necesario, podría interponer una demanda civil por daños al honor.