Las medidas clave de la ley de fiscalidad agraria registrada en el Senado

En aras de que el sector primario cuente “con una fiscalidad justa, adecuada, que garantice que las explotaciones sean rentables y competitivas”, —en palabras de la portavoz del Partido Popular (PP) en el Senado, Alicia García—, el PP registró en la Cámara Alta el pasado viernes, 21 de febrero, la ley de fiscalidad agraria con la que pretende aliviar la presión fiscal que soportan los trabajadores de la agricultura y la ganadería de nuestro país.

García aseguraba que este sector está sometido a “políticas medioambiente radicales y sectarias” al mismo tiempo que aumentan los costes de las energías y los impuestos. Por ello, la ley de fiscalidad agraria propuesta por el Grupo Popular propone una serie de medidas con las que pretende beneficiar a alrededor de 800.000 profesionales del campo con un ahorro económico de 700 millones de euros al sector agrario en impuestos.

Los cambios que introduciría la reforma

Una de las medidas que recoge la ley de fiscalidad agraria es modificar el umbral de régimen especial de tributación, concretamente, lo que se propone es ampliar dicho umbral de los 250.000 euros actuales de ingresos a los 325.000 euros. El PP cree que con esta ampliación, ganadores y agricultores dispondrán de un marco fiscal acorde a la realidad de sus costes de producción en aras de que puedan seguir manteniéndose bajo un régimen tributario que favorezca su competitividad.

Por otro lado, la norma propone elevar el límite del umbral de gastos en 100.000 euros (pasaría de 150.000 euros actuales a 250.000 euros), con el objeto de facilitar la aplicación del método de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (IRPF). Esta medida beneficiaría a aquellos agricultores y ganadores que no superen los 250.000 euros de gastos, ya que podrían continuar acogiéndose a este método.

En este mismo sentido, la ley aboga por una mayor flexibilidad en la facturación en lo que respecta a la forma de calcular el umbral de facturación, de tal forma que el agricultor o el ganadero pueda elegir si para calcular la facturación considera el resultado del último ejercicio o la media de los tres últimos ejercicios. El Partido Popular cree que de este modo se podrían compensar años de mayor rendimiento con otros de menor producción, “garantizando una tributación más acorde con la capacidad económica”. Asimismo, pretende incrementar de 2.000 a 3.000 euros la cantidad de gastos de difícil justificación para los empresarios que tributen por estimación directos, como pueden ser gastos de poco de los que no se tiene factura, como por ejemplo, pequeñas piezas de repuesto.

(Imagen: E&J)

El régimen especial de reintegro para las actividades agrícolas, ganaderas y forestales durante los ejercicios 2025 y 2026 es otra de las medidas que la ley de fiscalidad agraria quiere modificar, proponiendo que los empleados que desempeñen actividades agrícolas y forestales pasen de un 12% a un 13,5%, mientras que los ganaderos vean incrementado su reintegro del 10,5% al 12%.

Asimismo, la norma registrada en el Senado aboga por implementar deducciones por maquinaria para fomentar la modernización y la competitividad de las explotaciones del sector primeria. Para ello promueve la deducción o compensación íntegra del IVA sobre el exceso de inversión en maquinaria o medios de explotación de los tres últimos años. Así, durante los ejercicios 2025 y 2026, el IVA por la adquisición de bienes de inversión podrá deducirse al 100% sobre el exceso de inversión de los últimos tres años (2022, 2023 y 2024).

Por otro lado, en lo que respecta al seguro agrario, también abogan por una deducción del mismo. En síntesis, la ley propone que aquellos contribuyentes titulares de explotaciones se puedan deducir el 25% de las cuotas satisfechas en el periodo impositivo por la suscripción de un seguro agrario o para el ganado. A estos efectos deberá tenerse únicamente en cuenta el importe efectivamente satisfecho por el titular.

En la línea de exenciones tributarias, la ley de fiscalidad agraria registrada en el Senado propone que aquellas ayudas directas que reciban los agricultores y ganaderos, incluidas las de la Administración General del Estados, comunidades autónomas o entidades locales, queden exentas de tributación en la declaración de la renta y no se computen en la base imponible del impuesto de sociedades. Según el PP, esta iniciativa significaría que el apoyo económico que se brinda a los productores se pudiera traducir «en un verdadero alivio ante las dificultades a las que se enfrentan».

Por último, la norma también propone medidas que simplifiquen la burocracia. Para ello, quiere fijar un plazo de 6 meses para analizar las trabas administrativas a eliminar para aumentar la productividad y la competitividad del sector primerio.