Declarado nulo el despido de un trabajador que publicó en redes sociales las tablas salariales de su empresa

El Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB) ha declarado nulo el despido de un trabajador que fue cesado por publicar en redes sociales las tablas salariales de su empresa. Condena a la compañía Lauda Europe, filial de Ryanair, a readmitirlo de inmediato, con abono de los salarios dejados de percibir, además de indemnizarlo con 15.000 euros por daños.

Le imputó haber revelado «información confidencial», algo prohibido por contrato, según destacaba, así como infringir el artículo 65. 2 y 3 del Estatuto de los Trabajadores (E.T.). Sostenía que su conducta era constitutiva de «indisciplina o desobediencia y transgresora de la buena fe contractual».

El trabajador se alzó ante la Justicia, asistido por el sindicato USO, subrayando que las tablas salariales no son un documento estratégico, entre otra serie de alegaciones, en las que denunciaba una vulneración de derechos fundamentales, como es el hecho de haber ser despedido estando de baja por paternidad.

En primera instancia, su demanda fue desestimada. Sin embargo, el TSJ le ha dado la razón poniendo también en valor el derecho a la libertad de expresión y de información.

En cuanto a la indemnización, el abogado del trabajador, Óscar Díaz Vilchez, reclamaba 30.000 euros, en base al derecho fundamental a la libertad sindical y a la tutela judicial efectiva, el desprestigio sindical del afectado ante sus compañeros y al sindicato y «la ejemplarización que proporciona la empresa al resto de trabajadores» induciendo temor a la pérdida de ingresos». «Fue un aviso a navegantes», señala a Economist & Jurist el letrado.

El abogado del trabajador, Óscar Díaz. (Imagen: E&J)

El TSJ la estima adecuada en 15.000 euros, teniendo presente «los derechos fundamentales, la vulneración de los derechos fundamentales a la garantía de indemnidad principalmente, y simultáneamente el derecho a facilitar la información, siempre que no sean transgredidos los límites de opinión por menoscabar intereses empresariales legítimos, así como la situación de paternidad en que fue producida, en orden a un efecto disuasorio para prevenir decisiones de extinción contrarias a los derechos expuestos, y en atención a la duración de la relación laboral que no llega a ser de considerable duración».

«Es una sentencia bastante importante, puesto que con ella se crea y se protege la libertad de expresión por parte de los trabajadores en el ámbito laboral, así como el ejercicio pleno de la actividad sindical que conlleva la protección de los derechos y reivindicaciones de los trabajadores, y del mismo modo la protección al derecho al disfrute de la paternidad», declara a este diario el abogado de USO Óscar Díaz Vilchez.

A su juicio, «el calvario sufrido por este trabajador es debido a su actitud reivindicativa en defensa de los derechos de los trabajadores».

La resolución fue dictada el pasado 16 de diciembre (623/2024) por los magistrados Antoni Oliver Reus (presidente), Alejandro Roa Nonide (ponente) y Joan Agustí Maragall y la ha dado a conocer esta semana en redes sociales el abogado Ramón Arnó Torrades, especialista en aspectos jurídicos de la sociedad de la información y transformación digital y CEO de La Familia Digital. Está disponible en el botón ‘Descargar resolución’.

Preguntado por ella por Economist & Jurist, Arnó declara que «un punto de esta sentencia es la publicación de las tablas salariales en las redes sociales, pero es interesante tener presente que en la misma se analiza también la libertad expresión e información del trabajador y si las expresiones vertidas por éste supusieron el compartir un secreto empresarial o bien el quebranto de intereses empresariales legítimos, lo que se desestima por parte del TSJ y lleva a la condena al pago de una indemnización».

El abogado Ramón Arnó Torrades. (Imagen: Archivo)

Los hechos probados

En abril de 2021, la empresa comunicó a este trabajador, por correo electrónico, que habían tenido conocimiento, a través de otro empleado, de que había publicado en un grupo de Facebook, con 22.700 miembros, «información confidencial» y le informaba que iniciaba un procedimiento sancionador.

Dicha información fue publicada por este empleado a raíz de una pregunta de otro miembro del grupo, a lo que éste contestó ¿Preparado para ganar 700 trabajando allí?», y a continuación adjuntó un documento con las escalas salariales de los tripulantes de cabina que habían ingresado en la empresa ese año. Incluía el salario base de los junior, ad hoc senior y senior, según contrato al 100% o al 50% y el importe correspondiente al bloque de horas programadas.

El trabajador respondió a su empresa que dicha información «era conocida por los trabajadores, en ningún caso un secreto estratégico» y que «conociendo lo dados que son» a «las represalias» a los trabajadores, y en previsión de que hubiera comentarios críticos hacia la compañía por las condiciones laborales ofertadas, el documento había sido eliminado.

También reprochó a su empleador que pese a que estaba de permiso por paternidad se le requiriera para una reunión para investigar los hechos, y que le hubiera remitido en inglés la documentación sobre el proceso disciplinario, causándole con ello «indefensión». Finalmente, a finales de junio de 2021 se le comunicó su despido con efectos desde ese día.

Las tablas salariales pueden ser de interés público, sentencia el TSJ

El trabajador demandó a la empresa reclamando la nulidad del despido y subsidiariamente la improcedencia, y ser indemnizado por daños por vulneración de derechos fundamentales. Sin embargo, la demanda fue desestimada por el Juzgado de lo Social número 4 de Palma en diciembre de 2023, confirmando la procedencia del despido. Sentencia que ahora revoca el alto tribunal de las Islas Baleares.

Los magistrados explican que el despido «no resulta procedente en función de los hechos probados, existiendo indicios suficientes acreditados en juicio de efectiva vulneración de derechos fundamentales al momento de tomar la decisión» y que conllevan la calificación del cese como nulo.

(Imagen: E&J)

En primer lugar, destacan «la ausencia de la procedencia del despido» cuando el demandante estaba disfrutando un permiso de paternidad, lo que ya de entrada «conduce a su nulidad».

Además, sentencian que la publicación en una red social de las tablas salariales «no es aval fáctico para ratificar la procedencia del despido». «No fueron publicadas nóminas individualizadas con datos personales que transgredieran la legislación de protección de datos, sino información genérica», razonan.

Asimismo, indican que «las tablas salariales pueden ser de interés público y que por ello quedaría explicada su transmisión en orden a que los interesados puedan conocer las condiciones de las contrataciones laborales, presentes o futuras».

Por tanto, dictamina que no estamos ante «ninguna infracción de la Ley de secretos empresariales«; que esos datos «no son un secreto estratégico de la empresa»; y que «el documento no contenía ninguna advertencia previa relacionada con la confidencialidad».

El tribunal también resalta que el demandante tenía una participación activa como candidato del citado sindicato, por lo que «contaba con un interés legítimo de disponer de esa información». En cuanto a la interpretación de la pregunta realizada en el grupo de Facebook y la respuesta dada, el TSJ afirma que dicha conversación no llega a alcanzar «una opinión con una entidad suficiente para generar la procedencia del despido, puesto que podría haber sido sancionado, en su caso, sin tan drástica medida».

Contexto reivindicativo y enfrentamiento real

El tribunal también explica que el despido debe ser calificado de nulo porque «la empresa no ha respetado en su decisión extintiva la situación laboral o contexto reivindicativo de reclamación de derechos por parte del trabajador».

(Foto: E&J)

En este sentido, precisa que desde noviembre de 2020 el demandante «inició el reconocimiento de derechos como es el de antigüedad, que puede ser calificado de básico en caso de asistirle la razón, o complementarios en relación con el idioma y la claridad de los conceptos salariales de las nóminas».

Los magistrados destacan que las respuestas dadas por la empresa desde el departamento de Recursos Humanos llegan a reconocer que las peticiones resultaban «perturbadoras», «frívolas», «abusivas», «buscando dañar», y solicitando no «bombardear» al departamento. «Respuestas que ponen de relieve la existencia de un contexto reivindicativo. Y enfrentamiento real, del que no resulta justificable el despido, aún cuando los mensajes del demandante hubieran tenido lugar en un periodo tan complicado como fue el de la pandemia», añaden.

Derecho a la libertad de expresión y de información

Respecto a la nulidad del despido afirman que también debe tenerse en cuenta que «además de la publicación de las tablas salariales, los comentarios realizados en una conversación social, siempre que respeten la posición de la empresa, pueden ser emitidos si vienen acompañados de una información veraz».

El TSJ hace hincapié en que «es un derecho constitucional a la libertad de expresión y de información» y que aunque la breve contestación realizada por el demandante indicara una cifra concreta por contrastar» y fuera emitida por aproximación, «acompañó las tablas salariales» y que los miembros del grupo «podrían contrastar las percepciones y los complementos retributivos». Y finaliza señalando que no resulta ajustada la decisión de extinguir la relación laboral por un mero comentario que hizo.

La sentencia todavía no es firme, ya que contra la misma cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo para unificación de doctrina.