La abogacía recela del requisito de procedibilidad de los MASC, que podría generar más dilaciones en muchos asuntos judiciales

Después de más de cuatro horas, un grupo de expertos vinculados al Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) —por ese acuerdo firmado por ambas instituciones—, han explicado los detalles de la Ley de eficiencia organizativa y su derivación tras el requisito de procedibilidad obligatorio antes de interponer cualquier demanda Civil y Mercantil, ya que las dudas siguen existiendo.

Muchos abogados han mostrado su preocupación a Economist & Jurist. “Da la sensación que quieren que no lleguen pleitos a los juzgados por esta derivación a los MASC, en general, y a la mediación en particular. Los clientes verán que hay más demora en los asuntos. Nos preocupa” indicaba uno de los asistentes. Eso ha hecho que las jornadas sobre MASC se multipliquen en toda España para aclarar su problemática. “A todos nos ha pillado por sorpresa su aprobación. Hasta verlo en el BOE no nos lo hemos creído”, señala un veterano mediador.

En la presentación de la jornada, Salvador González, presidente del CGAE, hacia una declaración de buenas intenciones, “la Ley de eficiencia del Servicio Público de Justicia debe contar con la inversión y los medios materiales y humanos precisos para que pueda desplegar todo su potencial y debe hacerlo en todos y cada uno de los partidos judiciales de nuestro país. Y en ese contexto, la implementación de los MASC debe hacerse con rigor y con seguridad jurídica. Por nuestra parte, con el apoyo del CGPJ queremos resolver las incógnitas pendientes”.

Cuestiones sobre cómo se va articular ese servicio extrajudicial en el seno del juzgado, el requisito de procedibilidad que puede generar dilaciones y el pago a los mediadores, son elementos que preocupan a la abogacía de nuestro país en este cambio de paradigma: “Creemos que con el tiempo se implementarán los MASC con menos problemas que ahora. Todo nuevo sistema requiere una adaptación, estaremos encima ante las disfunciones, pero hay que dedicar recursos a esta Ley de eficiencia como a los propios MASC”.

Como ya comentó en otra oportunidad, González reitera a Economist & Jurist la necesidad de la participación de la abogacía de este cambio tan importante en la justicia española: “Vamos a arrancar en los plazos que marca la ley o en una posible prórroga, y a partir de ahí detectaremos los problemas y las cuestiones no eficientes intentaremos solventarlas. Hay que buscar solución a los problemas que surjan de esta posible implementación de los MASC a corto y medio plazo”.

El presidente del CGAE, Salvador González, junto al vocal del Consejo General del Poder Judicial, Luis Martín; ambos dispuestos a afrontar juntos este cambio de paradigma. (Imagen: Abogacía Española)

La desconfianza de la abogacía

Agustín Azparren, exvocal del CGPJ y uno de los mediadores de referencia de nuestro país, ha formado parte del grupo de panelistas de este jornada. “Algunos abogados me han comentado cuál era la mejor manera para saltarse este requisito de procedibilidad. Da la sensación que a los abogados españoles no les seduce. En Italia y Alemania se solventó el asunto cuando los honorarios se cambiaron y se valoró lo mismo la gestión de un acuerdo que una sentencia. Se piensa que con la mediación se cobra menos que en un pleito, pero la rentabilidad es mayor por horas trabajadas”, señaló el mediador.

Sobre esta jornada, Azparren cree que “uno de los primeros efectos que va a tener es que en dos meses no va a entrar un asunto en los juzgados. Ese efecto se va a producir.  También habrá despachos que intenten meter el mayor número de demandas antes del 3 de abril —fecha en la que entrará en vigor la Ley—. Pero hay muchos abogados están mas pendientes por eludir el tema que explicarles a sus clientes el valor de estos MASC, más rápidos en su resolución. Creo que ha faltado hacer una campaña divulgativa entre los 160.000 abogados para que los conocieran mejor, porque los clientes confían en sus abogados”.

Sobre el pago a los mediadores este jurista hace referencia a una sentencia del TJUE sobre la mediación en Italia que indica que no afectaba a la tutela judicial efectiva si esos honorarios fueran de escasa cuantía o gratis: “La primera sesión obligatoria tiene un coste bajo de unos 50 a 100 euros entre dos partes. Si hay posibilidad de acuerdo ya pactan con el mediador. Lo único que es obligado es iniciarlo, luego se puede seguir o no, pero en los casos con posibilidades se podrá pactar. Hay 10 o 12 medios, cada uno con sus tarifas”.

Por su parte, Luis Martín, vocal del CGPJ, se ha referido en su intervención en la inauguración a las “modificaciones organizativas de altísimo calado que tendremos que adaptar a las nuevas estructuras para realizar el trabajo con las máximas garantías”, añadió.

El ministro Félix Bolaños cree que la implementación de los MASC será un cambio profundo en nuestra justicia. (Imagen: Ministerio de Justicia)

Un cambio de paradigma importante

Otro de los asistentes ha sido Ángel Cervantes, presidente de la Comisión de Relaciones con la Administración de Justicia (CRAJ) y decano del Colegio de Abogados de Toledo. “Al final hemos tenido 11.315 conectados online. Se espera que las demandas civiles y mercantiles que se presenten a partir del 3 de abril hayan pasado por un intento de negociación que valide el letrado de la Administración de Justicia. Será al principio laborioso, pero con buena voluntad de las partes se conseguirá”, señaló el decano del ICA Toledo.

Cervantes, como otros tantos que estuvieron conectados a este seminario, tienen claro que “muchos de nosotros llevamos años negociando con nuestros clientes, no necesitamos ninguna procedibilidad para ayudar a resolver ciertos asuntos. En mucha ocasiones, antes de interponer una demanda hablas con la otra parte para intentar llegar a un acuerdo, sino se llega a ese acuerdo es cuando vamos a la vía judicial. Estamos ante un cambio de paradigma que veremos qué efecto genera real”.

Este letrado cree que la Ley que lo regula es claro para la gestión de los MASC “también dice que, si alguien rehúsa a esa negociación extrajudicial, aunque gane en el procedimiento puede tener un problema en el pago de las costas que podrían reducirse a su favor o exoneradas en su contra. Si en un mes he mandado un correo o un burofax y no nos contestan tenemos la vía abierta para seguir adelante e ir a la vía judicial. Si pasan tres meses la negociación ya se intentó, pero no se logró y se certifica”.

Otras de las cuestiones de estos asuntos tienen que ver con la confidencialidad, “eso supone que en ningún caso se podrán aportar a los procedimientos las negociaciones efectuadas en esa primera fase entre letrados. Sin embargo, se ha echado en falta que el Ministerio de Justicia haya realizado una campaña de sensibilización sobre el uso de los MASC, entre ciudadanos y letrados. Sobre los tribunales de instancia, esperamos que el Ministerio cuente con la abogacía y nuestras opiniones al respecto. Tiene que escucharnos”.

Suspicacias justificadas

Álvaro Iraizoz, abogado de Familia y secretario general de la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA), ya adelantó hace unos días en E&J el problema existente: “Hay muchas dudas en la abogacía sobre su implementación”. En estas cuatro horas largas de seminario, ha cotejado que sus dudas manifestadas en este medio las comparten otros letrados: “Los ponentes han explicado las ventajas de acudir a los MASC y la Ley que lo regula, pero vemos aún varias incógnitas de calado”.

Álvaro Iraizoz, secretario de AEAFA, es partidario de suprimir la procedibilidad de los MASC en los asuntos de Familia con menores. (Imagen: AEAFA)

Este jurista reconoce por lo comentado con otros compañeros sobre este tema que “hay muchas dudas de su implementación lo que genera incertidumbre. Sobre todo, sobre el requisito de procedibilidad y su desarrollo porque se van a generar muchas dilaciones en estos asuntos que se lleven a mediación. Los lajs van a tener una papeleta a la hora de la admisión a trámite de estas demandas provenientes de una negociación”.

En el aire está si “ese requisito de procedibilidad si es una trama al acceso a la tutela judicial efectiva podría ser por tanto inconstitucional. Es algo que tenemos que estudia en la AEAFA. Habrá que ver cómo se implementan los servicios de MASC en los juzgados, de lo que no se ha dicho nada y quién paga a los mediadores o expertos en negociación cuando les llegue asuntos de este tipo”.

Desde AEAFA seguirán abordando este tema el próximo 6 de marzo, con un webinar en el que Álvaro Iraizoz participará con Juan Pablo González, magistrado de Familia y miembro de la Plataforma Familia y Derecho; así como en las Jornadas Centrales de la entidad, que se celebrarán los próximos 21 y 22 de marzo en Madrid y habrá una ponencia específica para analizar este asunto.

“Nuestra principal batalla como asociación será que se exima del requisito de procedibilidad en los procedimientos con menores. Son el grueso de los procedimientos de Familia. La actividad negociadora previa puede dilatar los asuntos entre 1 y 3 meses, plazo en el que no se podrán presentar demandas mientras esté operativo”, comenta Iraizoz.