La nulidad radical del negocio jurídico de asistencia financiera no siempre es la sanción más adecuada, sentencia el Supremo

El Tribunal Supremo (TS) ha establecido en una reciente sentencia que el régimen previsto en nuestra legislación societaria en materia de asistencia financiera, que prohíbe a las sociedades financiar o garantizar la adquisición de sus propias acciones o participaciones, no debe interpretarse de forma mecánica, sino con un criterio finalista que impida beneficiar a quien incumplió la norma en su propio interés. Así se ha pronunciado en la resolución número 547/2025, de 6 de febrero.

En 2006, determinadas personas adquirieron el 100% del capital social del Hotel El Hórreo, S.A. —en adelante la target—. Paralelamente, una sociedad íntegramente participada por los compradores, Eurohouse Gestión de Viviendas, S.L. suscribió dos préstamos con una entidad de crédito, supuestamente para financiar la compra por parte de Eurohouse de unos inmuebles propiedad de la target.

Para garantizar estos préstamos, la target constituyó una hipoteca sobre los inmuebles que iban a ser adquiridos. En esencia, estaba hipotecando sus activos para garantizar la financiación de la compra de dichos activos por parte de Eurohouse.

Lo que ocurrió, y esta es una de las claves del caso, es que el dinero de los préstamos no se utilizó para que Eurohouse adquiriera los inmuebles, sino para que los compradores pagaran el precio de las acciones de la target. En otras palabras, los fondos fueron destinados a un fin totalmente distinto al estipulado en los contratos. Aunque el pago se realizó mediante cheques bancarios con cargo al capital recibido en los préstamos, en el procedimiento judicial se declaró probado que la entidad de crédito desconocía cuál fue el destino real de los fondos.

Tras varias fusiones y cesiones, la posición acreedora de uno de los préstamos hipotecarios acabó en manos de la Sareb, que en 2014 instó la ejecución hipotecaria debido al impago por parte de Eurohouse. Sin embargo, la demanda fue archivada por un defecto formal.

(Imagen: archivo)

En 2017, la target, aún bajo el control de los compradores presentó una demanda solicitando la nulidad de la garantía hipotecaria de ese préstamo, argumentando que la operación constituía una asistencia financiera prohibida por el artículo 81 de la Ley de Sociedades Anónimas (actual artículo 150.1 de la Ley de Sociedades de Capital). Las pretensiones de la demandante fueron desestimadas en primera y segunda instancia, lo que llevó a la interposición de recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación.

La sentencia del Tribunal Supremo desestima íntegramente los recursos que interpuso Hotel El Hórreo, considerando que declarar la nulidad de la hipoteca en este caso no sería una solución alineada con los fines protectores que fundamentan la legislación sobre asistencia financiera.

Uno de los argumentos de la target —y de sus socios— era que todo acto de asistencia financiera debe ser declarado nulo de pleno derecho ex artículo 6.3 del Código Civil y que el principio de que “nadie puede ir válidamente contra sus propios actos” no debería aplicar en estos casos, permitiendo así a cualquier interesado (incluyendo cualquier parte interviniente en el negocio jurídico) solicitar su nulidad.

Al resolver el recurso de casación —el que más nos interesa a nuestros efectos—, la sentencia plantea cuestiones muy relevantes:

• La nulidad de pleno derecho no es la sanción adecuada para esta hipoteca, entre otras razones, porque la entidad de crédito desconocía el uso ilícito que los compradores iban a darle a los fondos. En este caso, el préstamo hipotecario se concedió para la compra de un inmueble titularidad de la sociedad, no para la compra de sus acciones.
• El Supremo aclara que no habría problema si la operación se hubiera desarrollado según el esquema inicialmente pactado en los contratos (es decir, una compraventa de activos de la entidad financiada con un préstamo garantizado por ella). En esos casos, el dinero obtenido con la venta de los activos se integra en el patrimonio de la target, evitando su vaciamiento patrimonial y el perjuicio que la norma de asistencia financiera pretende evitar.
• Los sujetos protegidos por la norma prohibitiva de asistencia financiera son los acreedores sociales y los socios ajenos a la administración y representación de la sociedad. En este caso, la demandante —controlada por los mismos socios que diseñaron la operación y que eran administradores tanto de la target como de la otra sociedad involucrada (Eurohouse) cuando se firmaron los contratos— no es el sujeto al que la norma busca proteger.
• No puede emplearse la prohibición de asistencia financiera para beneficiar a quienes participaron deliberadamente en la operación ilícita. En este caso, los socios del Hotel El Hórreo emplearon el préstamo concedido a Eurohouse, garantizado con una hipoteca sobre los inmuebles de la target, para comprar el 100% de sus acciones. Para el ponente, lo que pretenden la recurrente y sus socios es “instrumentalizar” la prohibición de asistencia financiera para anular la hipoteca sin devolver el dinero con el que se financió la compra de las acciones, perjudicando así a la entidad financiera que, según se probó, desconocía el verdadero destino de los fondos.
• La pretensión de nulidad es “abusiva”, ya que la “base social” de la persona jurídica que solicita la nulidad está constituida en su totalidad por quienes se beneficiaron del préstamo garantizado con la hipoteca. De estimarse la nulidad de la hipoteca, los Compradores habrían obtenido los fondos para pagar las acciones de la Target sin la obligación de devolver el préstamo (recordemos que el prestatario era Eurohouse y no directamente ellos) y, a su vez, conseguirían que el inmueble de la target quede liberado de la hipoteca.

(Imagen: Poder Judicial)

Esta sentencia del Tribunal Supremo es un pronunciamiento relevante que respalda la idea de que la prohibición de asistencia financiera no debe invocarse de manera oportunista para beneficiar a quienes actúan en fraude de ley y en su propio interés. Especialmente, cuando su aplicación podría perjudicar a sujetos ajenos a dicha vulneración, como es el caso de una entidad de crédito que desconocía que los fondos fueran a utilizarse para un fin distinto al contractualmente previsto.

Habrá quienes piensen que esta tesis, aplicada en otros supuestos, puede llegar a desproteger a quienes el propio Tribunal Supremo considera “sujetos protegidos por la norma” de asistencia financiera: los socios ajenos a la gestión (en este caso no había) y a los acreedores sociales.

Al fin y al cabo, la target comprometió sus activos para un fin prohibido por la ley: facilitar que un tercero adquiriera sus propias acciones. No obstante, el Alto Tribunal, considerando las circunstancias particulares de este caso, concluye que dar la razón a la recurrente, declarando la nulidad de la hipoteca, sería una contradicción de actos propios inaceptable que solo beneficiaría a quien ha vulnerado la norma e intenta aprovecharse de su incumplimiento.

Esta sentencia es un recordatorio de que la coherencia en el tráfico jurídico y el rechazo de nuestro ordenamiento a premiar a quien actúa ilegalmente son aspectos clave a la hora de analizar las consecuencias de cualquier negocio jurídico ilícito, también en el campo de la asistencia financiera.