Queja del ICAM al Defensor del Pueblo: la subida del SMI excluye a más de dos millones de trabajadores del derecho a Justicia Gratuita

En una queja de unas 20 páginas que se presentará este jueves por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ante el Defensor del Pueblo la entidad colegial madrileña denuncia que cerca de dos millones de trabajadores vulnerables se verán en la imposibilidad de acceder al derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita —derecho recogido en el artículo 119 de la Constitución Española—; concretamente, los solicitantes y unidades familiares que perciben el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ante su última subida.

La decisión del ICAM de presentar esta queja ante el Defensor del Pueblo —firmada por su decano, Eugenio Ribón— se tomó en la última Junta de Gobierno, tras comprobar que la situación detectada por la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (ALTODO) en octubre del 2022 y trasladada mediante queja a la entidad colegial, se había agravado con esta nueva subida del SMI en el último año.

Antonio Abellán, abogado de esa Asociación, explica que “la realidad es que, como venimos denunciando en ALTODO desde hace años, la solicitud de reconocimiento de tal derecho va a resultar denegada, puesto que al estar referenciado en el IPREM, y no el SMI, en el umbral de acceso se sigue produciendo la inexplicable paradoja de que sólo puedan acceder al beneficio de asistencia jurídica gratuita las personas no integradas en ninguna unidad familiar que cobren tal SMI (hasta 1.400 € mensuales”.

Este jurista recuerda que el acceso a la Justicia Gratuita —desde que se aprobó la ley de 1996 actual— estuvo con el SMI hasta el 2013; luego al crearse el IPREM como índice de referencia, para Justicia Gratuita y otras cuestiones, se referenció a este otro índice. “Y es aquí donde se han venido generando problemas como los que ahora van a venir con la última subida del SMI”.

Abellán recuerda que “al principio no hubo desfase, pero como se ha tirado congelado varios años sin subir, al final tenemos la problemática que el SMI ha subido bastante pero el IPREM se ha quedado muy por debajo en comparación. Si se tuviera en cuenta de nuevo el SMI no se dejaría fuera a la gente que necesita esa ayuda en Justicia Gratuita”.

Antonio Abella ha estudiado a fondo el problema del SMI y la Justicia Gratuita: «Con la subida del SMI última, dos millones de trabajadores quedan fuera de la Justicia Gratuita por no haberse tocado el IPREM». (Imagen: ALTODO)

Por su parte, Juan Manuel Mayllo, diputado del ICAM del Turno de Oficio aclara que “en la actualidad, una pareja ambos perceptores SMI, no pueden acceder al derecho de la Justicia Gratuita, puesto que la suma de sus salarios rebasa los umbrales previstos. Tampoco podrá acceder cualquier familia en la que más de un miembro cobre el SMI, ni aun con muchos hijos a su cargo o siendo familia numerosa”.

Desde su punto de vista, “creo que nadie puede discutir que un ciudadano que cobre el SMI, que es el mínimo salarial, menos que eso no se puede cobrar en nuestro país, no puede acceder a la justicia tradicional y debe abrírsele la opción de la Justicia Gratuita”.

Mayllo es miembro de las dos Comisiones de Justicia Gratuita, de la central del Ministerio y de la Comunidad de Madrid: “En Madrid estamos alineados a nivel de criterios las dos comisiones, porque los representantes del ICAM y del Colegio de Procuradores somos los mismos. Procuramos que sigan los mismos criterios, pero esos criterios no son iguales que la Comisión de Justicia Gratuita de Ávila ni está de los criterios que tiene la Justicia Gratuita de Alicante”.

Eso supone que “dependiendo del territorio en el que vivas, hay gente a la que se le va a conceder la Justicia Gratuita y otras personas a los que se les va a denegar. Eso que es peligroso porque se crea una desigualdad importante. Una pareja en la que ambos miembros ganen el SMI están fuera de la concesión de la Justicia Gratuita, se van a más de 30.000 euros y el límite está sobre los 21.000 euros anuales”.

Juan Manuel Mayllo, diputado del ICAM del que depende el Turno de Oficio, durante la última presentación de resultados de ese servicio. (Imagen: ICAM)

Sin noticias del Ministerio de Justicia

A este respecto, la entidad colegial recuerda que en su queja que envió en ese momento, ya hacía una recomendación al Ministerio de Justicia para que “promoviera a una modificación de los umbrales de renta establecidos en el artículo 3 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, para acceder a este derecho, y así corregir la discriminación que sufren las personas integradas en unidades familiares en la determinación del patrimonio de la unidad familiar a la que pertenecen que les da acceso al derecho, y para que se contemple como criterio de corrección el número de personas que se tienen a cargo en cada unidad familiar.”

Curiosamente, el informe —de fecha 12 de enero de 2024— que se había recibido de la Secretaría de Estado de Justicia, comunicaba la aceptación de la recomendación, dado que los operadores jurídicos, así como el Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo General de Procuradores de España, también consideraban necesario que se abordase una reforma de la Ley 1/1996, de 10 de enero, que sustituyera a la vigente y se adecuara a las necesidades actuales.

Sin embargo, como indica la queja, transcurrido más de un año, lo cierto es que dicha problemática sigue sin solución y desplegando sus efectos nocivos de manera continuada y permanente, siendo urgente, sin esperar a la aprobación de una nueva Ley de asistencia jurídica gratuita, cuya tramitación parlamentaria conlleva una serie de trámites legales que se alargan en el tiempo, y que se implementen de manera inmediata mecanismos para subsanar esta carencia.

En la queja se insiste en que “se margina precisamente a un sector muy amplio que precisa de mayor apoyo de este servicio público y hace necesario que el Estado cumpla con el mandato constitucional de garantizar el acceso a la Justicia. Se vulnera el artículo 119 de la Constitución Española y con ello los derechos fundamentales contemplados en los artículos 24.1, 24.2 y 14 de la misma, afectando a la propia esencia de un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia y la igualdad, conforme el artículo 1 de la Constitución”.

El ICAM pondrá hoy una queja ante el Defensor del Pueblo para denunciar que la última subida del SMI sin tocar el IPREM, índice al que se referencia la Justicia Gratuita, va a generar problemas de acceso a más de dos millones de trabajadores vulnerables. (Imagen: E&J)

El ICAM pide volver al SMI como referente

Sobre las soluciones que plantea el ICAM para resolver este problema, se insiste como mejor opción en que “se vuelva al sistema de módulo SMI en sustitución del actual IPREM para consideración del derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita en los términos del artículo 3 de la Ley 1/1996, de 10 de enero”.

En este sentido y para evitar abusos en el servicio, la entidad colegial propone la modificación de dicho artículo 3 de la Ley 1/1996 para que se reconozca el derecho de Asistencia Jurídica Gratuita a aquellas personas físicas que careciendo de patrimonio suficiente cuenten con unos recursos e ingresos económicos brutos, computados anualmente por todos los conceptos y por unidad familiar, que no superen los siguientes umbrales: una vez el salario mínimo interprofesional vigente en el momento de efectuar la solicitud cuando se trate de personas no integradas en ninguna unidad familiar; dos veces y media el salario mínimo interprofesional vigente en el momento de efectuar la solicitud cuando se trate de personas integradas en alguna de las modalidades de unidad familiar con menos de cuatro miembros; y, en tercer lugar, el triple del salario mínimo interprofesional vigente en el momento de efectuar la solicitud cuando se trate de unidades familiares integradas por cuatro o más miembros o que tengan reconocida su condición de familia numerosa de acuerdo con la normativa vigente.

Subsidiariamente, también se pide que se realice la adaptación normativa y presupuestaria necesaria para adecuar el módulo de concesión IPREM de tal forma que los solicitantes que no perciban salarios superiores al SMI puedan ser reconocidos como beneficiarios del derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita.

Este IPREM, además de para la Justicia Gratuita, también sirve para gestionar el cálculo de ayudas y becas y otras prestaciones. Desde el ICAM nos indican que “la subida se hace en la Ley de Presupuestos Generales. Llevamos dos años sin ellos, por eso no se modifica nada”.

Mayllo advierte que “otro caso es el de una mujer con familia monoparental, con una hija, que cobre el SMI. Va a entrar a duras penas en la concesión de la Justicia Gratuita. Las parejas que trabajen los dos, no tendrán acceso”.