La jueza Eva Cerón, que aún debe resolver la última prejudicial del TJUE, declara nulo otro IRPH por infracción de normas imperativas

La jueza Eva Cerón, titular del Juzgado nº 8 de cláusulas abusivas de San Sebastián-Donosti, que ya elevó en su día 22 preguntas al TJUE sobre el IRPH, aún pendiente de resolver ese asunto, acaba de declarar, en una sentencia de 20 de diciembre de 2024, nulo el IRPH al demostrar que Kutxabank no cumplió con determinadas obligaciones que nuestro ordenamiento jurídico le impone en un préstamo hipotecario de menos de 150.000 euros.

En el fallo, la magistrada obliga a eliminar el IRPH en ese préstamo, suscrito entre las partes el 4 de agosto de 2009, debiendo ser eliminada y por no puesta, manteniéndose la vigencia del resto de sus cláusulas. Deja el préstamo sin índice, a interés cero, con obligación de la devolución de todo lo que se ha pagado.

En este sentido, condena a la parte demandada a pagar a la parte actora las cantidades que le fueron detraídas por su aplicación, más los intereses legales de esas cantidades desde que se efectuó su pago y hasta su efectiva devolución, y los intereses del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil desde el dictado de esta sentencia; continuando el contrato su devenir sin más obligación que la de satisfacer las cantidades correspondientes a la amortización de capital.

El asunto ha sido defendido por los abogados Maite Ortiz y José María Erausquin, con una amplia trayectoria en la interposición de demandas contra el IRPH. La cuestión prejudicial de la jueza Cerón fue propuesta por ellos: abriendo otra vía de reclamación frente al IRPH.

Estos abogados fueron invitados por la Fiscalía General del Estado a una jornada formativa celebrada en su sede central de Madrid para fiscales y jueces, con el objetivo de explicar su visión de las cuestiones prejudiciales ante el TJUE, como abogados que han estado implicados en tres de las cinco prejudiciales interpuestas hasta el momento sobre el IRPH.

El fallo llega en un momento clave, en el que otros juzgados también anulan el IRPH, a la espera del pronunciamiento del Supremo. Una Sala Civil que contará al frente con Ignacio Sancho como nuevo presidente, magistrado especialista en temas concursales y de insolvencia.

La votación y el fallo, que estaban previstos para este jueves 27 de febrero, se han suspendido al llegar el banco y el afectado a un acuerdo de compensación favorable para ambas partes. Sin embargo, hay muchos asuntos en casación a los que el Supremo dará salida antes del verano, según informan a este medio de comunicación.

Maite Ortiz y José María Erausquin, invitados por la sección de consumo del ICAM que dirigen Icíar Bertola y Vanesa Fernández. (Imagen: ICAM)

Otra vía para luchar contra el IRPH

Según explica a Economist & Jurist Maite Ortiz, una de las abogadas del consumidor afectado, «el artículo 8 de la Ley 7/98, de condiciones generales de la contratación, establece dos supuestos de nulidad de las mismas. Por un lado, serán nulas de pleno derecho las condiciones generales que contradigan, en perjuicio del adherente, lo dispuesto en cualquier norma imperativa o prohibitiva de nuestro ordenamiento. Por otro, serán nulas las condiciones generales que sean abusivas».

«En la práctica, casi el 100% de las demandas de nulidad de condiciones generales de la contratación se canalizan por la vía de pretender que el juez declare su carácter abusivo. Sin embargo, también cabe la posibilidad de solicitar al juez su nulidad porque la entidad no haya cumplido con determinadas obligaciones que nuestro ordenamiento le impone, siguiendo el artículo 8.1 de la Ley 7/98″, añade.

En este último sentido, recuerda la existencia de una Orden Ministerial de 5 de mayo de 1994 sobre transparencia de las condiciones financieras de los préstamos hipotecarios, vigente desde el 12 de mayo de 1994 hasta el 29 de abril de 2012, fecha de entrada en vigor de la nueva Orden Ministerial 28/99, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios.

Esa nueva Orden obligaba a las entidades financieras que suscribían préstamos hipotecarios por importe igual o inferior a 150.253 euros —cuando la hipoteca recaía sobre una vivienda y el contrato lo suscribía una persona física— a entregar al cliente un folleto informativo que recogiera, para préstamos a interés variable, el índice o tipo de referencia, su evolución durante al menos los dos últimos años naturales, así como el último valor disponible. También exigía la entrega de una oferta vinculante, escrita, que especificara, en el mismo orden que el contrato de préstamo propuesto, las condiciones financieras correspondientes a las cláusulas del contrato. Esta oferta vinculante debía estar firmada por el representante de la entidad y entregarse con al menos diez días de antelación a la suscripción del contrato.

Finalmente, la citada Orden Ministerial de 5 de mayo de 1994 exigía, en su Anexo II, que cuando el préstamo se sometiera a un tipo variable, la cláusula identificara el índice de referencia e incluyera su definición, el organismo público, asociación o entidad privada que lo elabora, así como la periodicidad y forma en que se publica o puede ser conocido por el prestatario.

Establecidas estas obligaciones para ese tipo concreto de préstamos hipotecarios, el juez ha de valorar si la entidad dio cumplimiento o no a tales obligaciones. Se trata de una comprobación de hechos objetivos que no requieren valoración subjetiva: o bien cumplió, o bien no cumplió.

KutxaBank no cumple con sus obligaciones

En este caso, según explica Erausquin, «la juzgadora del Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Donostia-San Sebastián ha entendido que KutxaBank no dio cumplimiento a sus obligaciones y que, en razón del artículo 8.1 de la Ley 7/98, de condiciones generales de la contratación, la cláusula tercera bis del contrato objeto de litigio debía declararse nula y, en consecuencia, expulsarse del contrato porque esta entidad financiera no cumplió con la Orden Ministerial de 5 de mayo de 1994».

Ignacio Sancho Gargallo, el nuevo presidente de la Sala Civil del Supremo, tendrá que reactivar la Sala y definir la posición ante el TJUE en IRPH. (Imagen: Poder Judicial)

«Son prestamos de menos de 150.000 euros, firmados por una persona física, con garantía en una vivienda, donde se exigía una oferta vinculante para el consumidor, que recibiera un folleto informativo con la evolución del índice en estos años, la propia definición del índice completa y otros requisitos para estos préstamos esta cuantía», aclara Ortiz.

La sentencia es importante porque hay muchas familias en España con este tipo de préstamo menor de 150.000 euros. Hay zonas de Andalucía y Valencia con esta problemática específica. «Lo que se analiza en estos pleitos es si el banco ha cumplido o no con sus obligaciones de la citada Orden Ministerial para ese tipo de préstamos concretos. En el caso que no haya cumplido, la cláusula es nula, como ha surgido en este asunto», prosigue.

El cliente decide el futuro del contrato

Declarada nula una cláusula y expulsada del contrato, incumbe al juez nacional decidir si, con arreglo a criterios objetivos y sin que la voluntad o el interés del cliente deban tomarse en cuenta, el contrato puede subsistir. En este debate, es el juez quien decide.

«Ahora bien, si el juez, con arreglo a esos criterios objetivos, decide que el contrato no puede subsistir sin la cláusula expulsada y, dado que la nulidad del contrato en su totalidad bien pudiera operar en perjuicio del cliente, puede, excepcionalmente, suplir la cláusula expulsada y evitar las consecuencias de la nulidad del contrato», comenta Erausquin.

Sin embargo, «así como para decidir si el contrato podía subsistir o no tras la expulsión de la cláusula solo importaba el criterio del juez, para que este supla la cláusula expulsada y salve la nulidad del contrato, necesita de la voluntad del cliente, que es quien, en última instancia, decide si opta por la nulidad del contrato o su integración a través de la sustitución de la cláusula», señala Ortiz.

En este caso, la juzgadora ha entendido que el contrato puede subsistir tras la expulsión de la cláusula, basándose en una serie de argumentos, entre los que el más relevante es que la Abogacía del Estado, en nombre del Reino de España, en sus observaciones escritas e intervención oral ante la Gran Sala del Tribunal de Justicia de Luxemburgo, solicitó que, si se declaraba la nulidad del índice IRPH, no se condenara a las entidades financieras a devolver lo detraído por su aplicación, ya que bastante castigo era que el préstamo continuara su devenir sin cláusula de interés. Esto fue interpretado por el Tribunal de Justicia, en su Sentencia C-125/18, de 3 de marzo de 2020, como la confirmación por parte del Reino de España de que aquí es posible un préstamo sin interés.

«Ello ha llevado a que la juzgadora haya condenado a la demandada, Kutxabank, a devolver al cliente todo lo que este ha pagado en aplicación de la cláusula tercera bis del contrato, con sus correspondientes intereses, y a que el préstamo continúe hasta el final sin cláusula de interés variable, lo que hace que el cliente únicamente deba pagar en cada cuota la parte de capital adeudado», indica Erausquin.

Para estos juristas, «si bien los motivos en que los abogados basan su petición no tienen nada que ver con la abusividad de la cláusula, las consecuencias finales son las mismas. Sin embargo, aquí hay una importante diferencia: no es necesario que el demandante sea consumidor, basta con que sea un cliente que haya aceptado las condiciones impuestas por la entidad. Esto incluye a los autónomos que firmaron el contrato como personas físicas, que hipotecaron alguna vivienda y cuyo préstamo solicitado no excedía los 150.253 euros».