Una «ley mordaza» irreformable por lo que ayuda a recaudar

Una noticia publicada en Público con el título «La ‘ley mordaza‘ supera ya los dos millones de multas sin acuerdo a la vista para su derogación» aborda la situación actual de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, comúnmente conocida como la “ley mordaza”, que fue aprobada en 2015 durante el gobierno de Mariano Rajoy. Esta ley ha generado controversia desde su implementación debido a su impacto en las libertades civiles y los derechos de los ciudadanos.

Desde su aprobación, promulgación y publicación, la «ley mordaza» ha generado una constante polémica, no solo por las restricciones que impone sobre las libertades civiles, sino también por su efecto en la vida cotidiana de los ciudadanos, al traducirse en un poderoso mecanismo recaudatorio. Este instrumento legal, que en principio tenía la finalidad de reforzar la seguridad pública, ha encontrado en la sanción económica su mayor eficiencia, consolidándose como una herramienta imprescindible en las arcas del Estado. El número de multas impuestas desde su entrada en vigor, que supera los dos millones, revela una realidad insoslayable: la «ley mordaza» es irreformable precisamente porque es lucrativa.

El volumen de sanciones habla por sí solo. Según datos recientes, más del 64% de las multas impuestas bajo esta ley se han producido durante los mandatos del Partido Socialista Obrero Español (en adelante, PSOE), en los años de gobierno de Pedro Sánchez. Lejos de un declive en su aplicación, los números revelan un notable incremento en la imposición de sanciones, habiéndose registrado un aumento del 25% en el último año.

Este repunte parece estar relacionado no solo con la continuidad de la ley, sino con su utilización cada vez más extensiva para multar por conductas que, aunque en muchos casos son menores, generan un beneficio económico considerable para las arcas públicas. En el 2023, se registraron más de 280.000 multas, lo que representa una media diaria cercana a las 780 sanciones.

Un aspecto especialmente significativo de esta ley es el tipo de infracciones sancionadas. Las más comunes están vinculadas a la posesión y consumo de drogas en espacios públicos, una categoría que ha visto un aumento del 35,5% en las multas durante el último año.

Este tipo de infracciones, aunque aparentemente menores, conlleva sanciones económicas inmediatas que son altamente efectivas en términos recaudatorios. Asimismo, otro tipo de sanciones recurrentes son aquellas que castigan la falta de respeto a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En el año 2023, más de 22.000 personas fueron sancionadas por esta razón, una cifra que no incluye a los ciudadanos multados por cuerpos autonómicos de comunidades como Catalunya, Euskadi o Navarra. Este vacío estadístico sugiere que el impacto total de la «ley mordaza» es aún mayor de lo que reflejan los datos oficiales.

(Imagen: E&J)

Desde su promulgación, la «ley mordaza» ha sido un notable instrumento de recaudación, acumulando más de 1.200 millones de euros en multas. Este impacto económico ha generado un debate sobre la verdadera naturaleza de la ley: ¿se trata de un mecanismo orientado a garantizar la seguridad ciudadana o se ha convertido en una herramienta fiscal al servicio del Estado?

La magnitud de la recaudación refuerza la idea de que la ley, lejos de ser simplemente un instrumento de control social, ha resultado altamente eficaz para asegurar ingresos a las arcas públicas, lo que ha generado críticas desde distintos sectores de la sociedad y la política. Colectivos y organizaciones sociales, que ya cuestionaban la ley por sus implicaciones sobre las libertades individuales, ahora también la ven como un mecanismo de presión económica que afecta especialmente a los ciudadanos más vulnerables.

Los intentos de derogación o reforma de la «ley mordaza» han sido múltiples, pero todos ellos infructuosos. A pesar de que diversas formaciones políticas han abogado por su eliminación, las negociaciones en el Congreso de los Diputados no han alcanzado un consenso. Esta incapacidad para reformar o derogar la ley no parece ser accidental. La dimensión recaudatoria de la misma convierte su desaparición en una cuestión extremadamente delicada desde un punto de vista político y económico.

No es fácil renunciar a una fuente de ingresos que, de manera constante, sigue alimentando las finanzas del Estado, especialmente en un momento de incertidumbre económica global. Este factor explica, al menos en parte, por qué los gobiernos que en su día criticaron la «ley mordaza» no han mostrado suficiente determinación para llevar a cabo su derogación.

En los últimos meses, han surgido algunas señales de posibles avances en las negociaciones, especialmente entre el PSOE y el partido Sumar, para modificar algunos aspectos de la ley, como el relativo a las injurias contra las instituciones del Estado. Sin embargo, estos movimientos parecen insuficientes para alterar la naturaleza estructural de la ley o reducir significativamente su capacidad sancionadora. Incluso con eventuales reformas, es poco probable que el marco general de la «ley mordaza» cambie sustancialmente, dado que su contribución financiera sigue siendo clave para su mantenimiento.

El futuro de la «ley mordaza» se perfila incierto, aunque su durabilidad parece garantizada por su utilidad económica, no valorándose su utilidad social, la cual no queda mermada por el hecho de que puedan resultar adecuados algunos ajustes. Aun cuando las libertades civiles continúan bajo presión según asociaciones y partidos políticos, las perspectivas de una derogación completa se desvanecen, a medida que las necesidades de recaudación siguen prevaleciendo sobre las promesas de cambio.

De este modo, cabe decir que la «ley mordaza» no solo es irreformable por las dificultades políticas que plantea, sino porque, a nivel económico, se ha convertido en una herramienta esencial para un Estado que depende de su capacidad para generar ingresos.