Un 96% de los jueces de Violencia sobre la Mujer denuncian el colapso de sus juzgados ante las nuevas competencias de la Ley 1/2025

Una manifiesto firmado por más de 139 jueces y juezas de violencia de género —que supone el 96% del total de los juzgados exclusivos de nuestro país— ha disparado todas las alarmas. El documento está en la mesa del ministro Félix Bolaños, como en el resto de comunidades autónomas con competencias en Justicia, en el Defensor del Pueblo y en el Observatorio de Violencia contra la mujer del Consejo General del Poder Judicial (CGGP), que ahora lleva la vocal Esther Erice, entre otros organismos.

En dicho manifiesto los jueces firmantes denuncian con antelación el colapso que se avecina en algo tan sensible como es la violencia de género. La reforma que se plantea en la Ley Orgánica 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia para las secciones de violencia contra la mujer, antes juzgados mixtos o especializados, de asumir delitos contra libertad sexual y otros previstos en el Título VIII del libro II del Código Penal, podría ser la puntilla para la actividad de esos juzgados.

De estos delitos ya conocían los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, siempre y cuando entre la víctima mujer y el agresor varón mediara o hubiera mediado un vínculo afectivo; la novedad radica, por tanto, en que dichos órganos judiciales comenzarán a conocer de los mismos con independencia de la existencia o no de vínculo matrimonial o análogo entre las partes. “No basta con que los juzgados se conviertan en secciones y no se les dote de medios”, aclara otra de las firmanes de este manifiesto.

Ello supone un salto cualitativo y cuantitativo en el ámbito de la competencia objetiva y subjetiva de unos juzgados ya de por sí saturados que, según se afirma, obedece al cumplimiento por España de sus compromisos internacionales –Convenio de Estambul—, y a lo previsto en la Ley Orgánica 10/2022, de garantía integral de la libertad sexual, pero que se hace sin haber dado cumplimiento a las exigencias que esos mismos compromisos internacionales y dicha Ley Orgánica establecen en orden a asegurar que estos órganos especializados puedan asumir dicho aumento de competencias: la previa dotación de recursos materiales y personales.

La reforma de los tribunales de instancia del ministro Félix Bolaños pueda dar la puntilla a los juzgados de violencia de género. (Imagen: Ministerio de Justicia)

Discriminación laboral y colapsos

Carmen Gámiz es magistrada del Juzgado número 6 de Violencia sobre la Mujer en Madrid desde hace 18 años. Esta jurista denuncia que siguen sin que les hagan caso: “Nadie reforma la ley que podría ayudar a nuestra promoción profesional. Pudieron haberla metido en la actual Ley de Eficiencia y no lo han hecho. Nosotros como colectivo nos hemos movido, y nos habla de los tribunales de instancia como solución. Pasan los años y somos los últimos a la hora de acceder a plazas judiciales que son de violencia contra la mujer. Por escalafón las cogen personas que nunca estuvieron en un juzgado de este tipo”.

Con la Ley Orgánica del Poder Judicial y sus artículos 329 y 330, los juzgados mixtos son los últimos en el escalafón, todos los que son de categoría Penal, más todos los demás, tienen prioridad a la hora de pedir una plaza, tanto en una Audiencia Provincial como en un juzgado de violencia de la misma categoría en la que estamos. Eso hace que muchos de nosotros estemos sin promoción profesional en estos juzgados pese a todos los concursos de traslado que el Ministerio ha puesto en marcha estos años”.

En el caso de esta magistrada que lleva 18 años en el citado Juzgado que ayudó a poner en marcha en el 2007, “como no convocan la especialidad tampoco la podemos hacer. No hay pruebas selectivas. Dada la situación en la que estamos, lo que reclamamos es un paso más que se reconozca la especialidad a aquellos que llevamos tanto años. Eso se hizo a los juzgados de Familia, con un curso en la Escuela Judicial les van a conseguir la especialización”.

Carmen Gámiz, magistrada del Juzgado de la Mujer número 6 de Madrid y firmante del manifiesto: “Nos tememos lo peor con tanta avalancha de asuntos». (Imagen: cesión propia)

Junto al problema de falta de promoción profesional han sacado a la luz pública la problemática de las nuevas competencias que asumirán esos tribunales y que entrarán en vigor el próximo 3 de octubre del 2025: “Hay que crear nuevas secciones para poder dar respuesta a todo el aluvión de asuntos que se va a generar. Desde el año 2020 nuestro trabajo ha crecido de forma notable, como un 10% al año, y ahora con las nuevas competencias crecerán más los asuntos que nos lleguen”.

Gámiz es una de las juezas firmantes de este manifiesto, en el que también se ha estampado la firma de otras 136 jueces. Resuelve unos 2.000 asuntos en el año, unos 1.800 penales y el resto civiles. Piensa que en Madrid tendrán otros 200 asuntos por juzgado: “La vacatio legis para que asumamos estas competencias es de 9 meses, creemos que es insuficiente. No estamos viendo nada, estamos ya en marzo y no hemos visto ninguna modificación de la planta judicial. Con la nueva organización y los tribunales de instancia urge a crear nuevas secciones. No sabemos cómo se va a organizar, pero es necesario ampliar la planta judicial”.

La nueva organización de estos tribunales desconcierta a nuestros jueces. Se sabe que hay unos servicios comunes para todas las secciones, pero no se sabe realmente cómo se va a organizar, además los asuntos tienen gran complejidad, lo que hace que la instrucción sea más complicada. “Ahora son servicios integrados y los jueces perderemos nuestro propio personal al ser servicios integrados. Necesitamos más juzgados ante esta respuesta que hay que dar. También habrá que ver cómo se gestiona por cada comunidad autónoma con competencias transferidas, ahora no se ve demasiado movimiento”.

La abogacía entiende el problema

Para Jesús Ángel Lorenzo, socio director de Aboga2os, abogado usuario de estos juzgados de Violencia, señala que hay numerosos juzgados con competencias de Violencia de Género que ya están colapsados y esta reforma hará que todavía lo estén más. “En numerosas ocasiones los abogados expertos en esta jurisdicción somos citados ante un juzgado por un delito de violencia de género a las 09.00 horas de la mañana y salimos pasadas las 16.00 horas”. En su humilde opinión “nos encontramos ante otro parche en la Justicia, una nueva operación de marketing que vender ante la opinión pública y no resuelve el verdadero problema que hay en España. Una justicia lenta no es justicia”.

Jesús Ángel Lorenzo, abogado con experiencia en violencia contra la mujer: “Necesitamos otra reforma”. (Imagen: cesión propia)

Desde su punto de vista “muchos juzgados en España además de entender de delitos gravísimos de violencia de género tienen que juzgar otros asuntos muy variopintos, como problemas de lindes, arrendamientos, deudas impagadas, liquidación de gananciales, etc. ¿Cómo va a poder investigar un juez con las debidas garantías un asesinato o una violación si tiene que dictar sentencia también de cientos de casos civiles como problemas vecinales, arrendamientos o deudas?”.

Para este abogado, curtido en muchos pleitos de este tipo, la situación es clara y hay que afrontarla antes de que se llegue al colapso total, con los problemas que ello puede suponer para los justiciables y la salud mental de los propios jueces que se ven abogados a cargas de trabajo insoportables. “Permíteme insistir en que en España debemos afrontar una gran reforma en la Justicia y no seguir parcheándola con ingeniosas invenciones”.

El maquillaje de una reforma

En dicho manifiesto, se insiste en “la falta de dotación presupuestaria de la Ley, pues se trata de una reforma a coste cero que, según los propios cálculos del Ministerio de Justicia, va a suponer un aumento de la carga de al menos el 20%. Se pretende convencer a la ciudadanía afirmando que, si es necesario, se reconvertirán Secciones de Instrucción en Secciones de Violencia sobre la Mujer”.

“Sin embargo, lo que no se explica a la ciudadanía es que la entrada en vigor de dicho aumento de competencias tendrá lugar el 3 de octubre de 2025, tres meses antes de la fecha prevista con carácter general para que entren en funcionamiento las secciones de Instrucción y de Violencia sobre la Mujer, el 31 de diciembre de 2025”. “Es decir, que esas supuestas ‘facilidades’ para la asunción de la competencia no son reales. El efecto inmediato de la reforma va a ser el colapso total de unos juzgados ya de por sí sobrecargados, en una materia tan sensible como es la relacionada con la lucha contra la violencia de género y la protección de las mujeres y de sus hijos e hijas”.

Los profesionales que han firmado el manifiesto también denuncian que los juzgados de Violencia sobre la Mujer —las futuras secciones de Violencia sobre la Mujer—, por la experiencia que los mismos han acumulado y demostrado desde que entraron en funcionamiento (el 29 de junio de 2005) han aumentado progresiva y exponencialmente tanto el tipo de delitos de los que aquellos conocen como el número de denuncias, sin que hubiera una ampliación del número de juzgados.

En el manifiesto se indica que “tampoco se informa a la ciudadanía de que sólo en cinco partidos judiciales —Madrid (11), Barcelona (5), Sevilla (4), Málaga (4) y Valencia (6)—, estos órganos funcionan con servicio de guardia igual que un juzgado de Instrucción: reciben denuncias y detenidos durante todo el día”.

Esther Erice, presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género del CGPJ, siempre ha señalado la necesidad de colaborar con las entidades para luchar contra esa lacra. (Imagen: Poder Judicial)

En el resto de los 88 órganos exclusivos, que sólo conocen de Violencia sobre la Mujer, se resuelven todos los asuntos penales que reciben durante la mañana, además de los asuntos civiles de Familia de los que también conocen –separaciones, divorcios, filiaciones, liquidaciones de régimen económico ganancial, etc.—. Y en los 350 juzgados restantes, en los no exclusivos, en los de los partidos judiciales pequeños, se conoce de dichos asuntos junto con el resto de materias, que van desde un juicio de tráfico hasta una reclamación de cantidad. “Y ello sin prestar servicio de guardia; sin poder garantizar a las partes que ese día podrá celebrarse el proceso de divorcio señalado meses antes”. Porque si se recibe una denuncia con una petición de orden de protección, una medida de alejamiento, o, simplemente, un detenido por un acto de violencia de género, todo se paraliza para atender este asunto penal prioritario.

En dicho manifiesto señalan las carencias de medios de estos juzgados “sin contar con los preceptivos equipos de valoración forense; de asesoramiento y asistencia a la víctima; con un más que deficiente funcionamiento de los dispositivos telemáticos de control; con sistemas de asistencia letrada a través de llamada telefónica a una centralita que no garantiza la presencia permanente del letrado en la oficina judicial; sin forense de guardia”.

Denuncias reiteradas que nadie atiende

“Las carencias están ahí, es un problema que se conoce, ya denunciado en los informes del Defensor del Pueblo o del Grupo de Expertos en la Lucha contra la Violencia contra la Mujer y Doméstica (GREVIO), que verifica el cumplimiento del Convenio de Estambul”, aclara Gámiz.

La conclusión de todo lo expuesto es que, “tal y como venimos anunciando desde el mismo momento en que se aprobó el proyecto de Ley Orgánica, se va a producir un significativo paso atrás en la lucha contra la violencia de género, que puede generar espacios de desprotección y riesgo para las mujeres víctimas de dicha violencia y sus hijos e hijas, ante la imposibilidad material de poder atender de manera pormenorizada y detallada cada asunto Civil y Penal, existiendo ya estudios que demuestran que los juzgados más congestionados son los más proclives a rechazar las peticiones, precisamente por esa sobrecarga que sufren”.

El documento concluye con un párrafo donde se indica que “quienes desempeñamos nuestra labor en los juzgados de Violencia sobre la Mujer, con una implicación que traspasa lo meramente profesional, para acompañar a las víctimas y a sus hijos e hijas en el largo camino que se inicia con la denuncia”.

Para estos profesionales es clave abrir a la luz, “al ser de suma importancia que la ciudadanía, y singularmente las mujeres que necesitan de un sistema judicial eficaz para encontrar una salida a la tiranía de la violencia, conozcan el desolador y peligroso escenario que se vislumbra con la nueva asunción de competencias que está previsto se produzca a partir del 3 de octubre de 2025”.