La subida del SMI deja fuera a muchos beneficiarios de la Justicia Gratuita

Vayan por adelantado mis disculpas a quienes viven del noble arte del engaño a través de la habilidad y la distracción. Un desempeño honesto y leal porque quienes nos sometemos a sus triles y trucos sabemos de antemano que van a tratar de condicionar, e incluso manipular, nuestros sentidos, nuestra visión de la realidad.

Y las disculpas son por utilizar ese noble arte para compararlo con el que debiera ser otro noble arte, el de la política, definido como el arte, doctrina o práctica referente al gobierno de los Estados, promoviendo la participación ciudadana al poseer la capacidad de distribuir y ejecutar el poder según sea necesario para garantizar el bien común en la sociedad.

En este arte, el de la política, no resulta honesto utilizar el engaño para condicionar la voluntad. Sin embargo, quizá por la brutal irrupción de las técnicas de la información y de la comunicación (las denominadas TIC —porque hoy en día todo tiene su acrónimo—), cada vez resulta más preocupantemente habitual el intenso esfuerzo por lo que se ha venido en llamar “ganar el relato”, frente a lo que debiera ser el principal objetivo, la obtención de resultados que permitan mejorar la vida social y las relaciones entre la ciudadanía.

Es decir, ahora parece no importar tanto el conseguir mejoras como el saber contar, o mejor dicho fabular, lo que se hace, e incluso a veces lo que no se hace.

Es demasiado frecuente, casi recurrente, el trilerismo político que se desempeña por los diferentes gobiernos, en igual forma que en cada momento la oposición a éstos, con la regulación de la asistencia jurídica gratuita, lo que resulta especialmente preocupante en esta materia, teniendo en cuenta la grave afectación al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de los más desfavorecidos económicamente y de los más vulnerables socialmente, así como al acceso a la justicia en condiciones de igualdad.

Un ejemplo de ese trilerismo es, sin ir más lejos, el establecimiento del umbral para a concesión del beneficio de justicia gratuita. Este umbral se determina en función del Índice público de renta de efectos múltiples (IPREM), un índice creado para la concesión de ayudas y subvenciones, fijado cada año en la Ley de acompañamiento a los presupuestos generales del Estado, al igual que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), sin que aquél se actualice en la misma medida que éste.

(Imagen: Abogacía Española)

No requiere de mayor desarrollo argumental la deducción de las consecuencias si constatamos que el IPREM ha tenido un incremento desde 2018 —fecha de la aprobación del último incremento de los módulos de compensación económica para el pago a los profesionales que prestan los servicios— del 11,5%, mientras que el porcentaje de subida del SMI ha sido del 61%. Evidente por obvio.

Numerosos ciudadanos quedan fuera del paraguas de la justicia gratuita al ver incrementado su salario —no por una mejora profesional, sino para adaptarlo al mayor coste de la vida—, y sin embargo no ver incrementado en la misma medida el índice de referencia para acceder al beneficio de justicia gratuita, lo que en definitiva supone que cada vez se exija menor capacidad económica para poder acceder a la justicia gratuita, y por ende se genera una mayor desigualdad en el acceso a la tutela judicial efectiva. Algo difícil de comprender cuando “el relato” que se hace de la política del gobierno es la mejora de los derechos sociales.

Un nuevo ejemplo de ese trilerismo de los tahúres de la política es el compromiso, con su correspondiente reflejo normativo, de abonar aquellas actuaciones penales en las que al justiciable no se le hubiera concedido el beneficio de asistencia jurídica gratuita por haberse archivado o denegado su petición, como consecuencia de no haber aportado la documentación precisa para la resolución del expediente, cuando se establezca por ley, o por orden de un juez o tribunal, que deba intervenir un profesional de la abogacía. Algo que resulta más que justo, que el profesional perciba en todo caso la compensación económica por su trabajo.

Tras la aprobación de tan relevante reforma, el Gobierno dicta una orden ministerial a través de la cual se exigen a los profesionales prestadores de los servicios una serie de requisitos burocráticos y procesales imposibles de cumplimentar en la mayoría de las ocasiones, lo que ha hecho que no se hayan abonado ninguna de las actuaciones así realizadas en estos casos.

Y así, un trile tras otro, la abogacía continúa sin que exista una solución al sempiterno problema del que es el servicio mejor valorado dentro de la administración de justicia. Después de más de 25 años de reivindicar una justa retribución de estos servicios, continuamos con unos baremos obsoletos, sin que se retribuyan muchas de las actuaciones y de los procedimientos realizados por los profesionales, y sin que se establezcan mecanismos automáticos de actualización de los mismos. Por solo mencionar algunos de esos problemas.

La abogacía ha hecho gala en esta materia de una infinita paciencia, y de una siempre esperanzadora voluntad negociadora. Esperanza alentada por las manifestaciones de los representantes de los principales partidos políticos, reconociendo la importancia de la asistencia jurídica gratuita como garantía del derecho a la tutela efectiva y del principio de igualdad en el acceso a la justicia, y la injusta, por defecto, compensación económica por tan relevantes servicios.

(Imagen: E&J)

Es difícil recordar alguna materia en la que haya más consenso por parte de todos los partidos políticos, igual que es difícil recordar una materia en la que haya existido más dejadez a la hora de establecer una regulación justa. Resulta irritante ver como ese acuerdo lo ha sido tanto a la hora de reconocer la necesidad de una reforma para mejorar las condiciones de prestación de los servicios de justicia gratuita, como a la hora de no aprobar los cambios imprescindibles para hacer realidad aquella necesidad. Incomprensible, pero real.

La lealtad, honestidad y profesionalidad con la que la abogacía se ha guiado en la prestación de los servicios de turno de oficio no ha tenido nunca la justa reciprocidad por parte de los partidos políticos, que debiera verse reflejada en la regulación de las cuestiones más relevantes siguiendo las directrices marcadas por la abogacía. En especial, se produce esa falta de voluntad reformista cuando se trata del partido político gobernante.

El gesto más explícito de ese trilerismo a que me he referido se produjo, primero en el IV Congreso de la Abogacía de Castilla y León, celebrado en Burgos del 9 al 11 de marzo de 2022, y que tuvo su continuidad el pasado 19 de abril, en el marco de las VIII Jornadas de Asistencia Jurídica Gratuita del CGAE, celebradas en Valladolid. Tanto en aquel Congreso como en estas Jornadas se celebró una mesa de debate entre los responsables de justicia de los tres partidos políticos con mayor representación en la Cámara, en el primer caso respecto de la situación de la justicia gratuita, y en el segundo sobre la necesidad de una nueva Ley que regule dicha materia.

Y en ambas ocasiones todos los partidos coincidieron en la urgencia de una nueva normativa que mejore los medios materiales y económicos ahora vigentes en la prestación de los servicios, pero sobre todo coincidieron en que en esa reforma tenía que tener una participación fundamental la abogacía, como gestor y prestador de los servicios a través de los colegios y consejos, así como de los profesionales integrados en éstos. Pues bien, dicha participación aún no se ha hecho efectiva, y uno empieza ya a perder esa confianza en los compromisos de los políticos.

El pasado mes de junio se nos dio traslado desde el CGAE a todos los consejeros y consejeras de la consulta pública abierta por el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con la Cortes sobre esa futura nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, al objeto de poder efectuar aportaciones antes del 5 de julio, respecto de las siguientes cuatro cuestiones a tratar: los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa; la necesidad y oportunidad de su aprobación; los objetivos de la norma; y las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

(Foto: E&J)

Efectuadas aportaciones por los Colegios y Consejos Autonómicos, el CGAE presentó las correspondientes alegaciones, con la esperanza -fundada en las manifestaciones vertidas por los grupos políticas en el Congreso de Burgos y en las Jornadas de Valladolid, así como en el compromiso expresado por el ministro, de tener una muy activa participación en la redacción de la nueva Ley. Sin embargo, desde entonces no se ha vuelto a tener conocimiento de un borrador de texto sobre el que poder trabajar y realizar aportaciones por parte de la abogacía.

A pesar de ello, la abogacía sigue trabajando, a ciegas por desconocer el modelo por el que pretende optar el Ministerio, pero elaborando directrices y criterios imprescindibles que permitan la sostenibilidad del sistema. Esto es, que permitan mantener, e incluso mejorar, los estándares de calidad en la prestación de los servicios, pero que además supongan una sustancial mejora en las condiciones de prestación de esos servicios por los profesionales de la abogacía y de la procura.

Y en esa línea se trabaja desde la Comisión especial de la nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita constituida en el CGAE, con el apoyo y esfuerzo de todos los Colegios y Consejos, en especial y por lo que quien firma estas líneas conoce personalmente, por el Consejo de la Abogacía de Castilla y León, firme defensor e impulsor de esas políticas de mejora en este ámbito.

Sin la necesaria participación de la abogacía, sin atender las peticiones de ésta, una nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita estará abocada al fracaso, y generará una ruptura definitiva entre la administración y quienes prestamos los servicios de justicia gratuita. No podemos desaprovechar esta oportunidad, que puede ser la última, de equilibrar el que es el servicio mejor valorado y peor retribuido de los que componen la administración de justicia.