Un reto para las abogadas del siglo XXI

Muchos de los retos a los que deberían enfrentarse las mujeres en el ámbito legal son coincidentes, con independencia del área concreta a la cual se dediquen o el puesto que ocupen en los poderes públicos, en la empresa o en algún despacho profesional.

De hecho, creo no equivocarme si afirmo que, en su gran mayoría, esos retos son igualmente predicables a nuestros colegas y compañeros: la adopción de la inteligencia artificial, que ha llegado como un tsunami para quedarse y revolucionar sin duda la práctica jurídica, al menos como hoy la entendemos; el avance decidido hacia la normalización y consecución de los derechos fundamentales de tercera y cuarta generación, creando los corpus jurídicos y económicos necesarios para su plena consolidación; la profundización en la democratización y transparencia de nuestras instituciones y, lo que bajo mi punto de vista debiera ocuparnos y preocuparnos especialmente, dados los convulsos momentos políticos que vivimos, la limpidez y esfuerzo por regenerar y recuperar el prestigio de nuestras instituciones ya que ellas, en su conjunto, constituyen la estructura fundamental de cualquier Estado Social, Democrático y de Derecho que se precie.

Sin embargo, puesto que esta Tribuna está dedicada a la mujer, y más concretamente a los retos que nos quedan por alcanzar a las mujeres que trabajamos en el sector legal, me permitirán centrarme —sin abandonar lo dicho, pues es mucho lo que podemos aportar— en nosotras. Y de entre los múltiples retos —pues triste será el día que consideremos que ya no tenemos— me centraré exclusivamente en uno, porque ese uno, en mi opinión, debería ser el inmediato. Para ello, una breve exégesis, sólo para constatar de dónde venimos, cuánto hemos alcanzado y que nos queda aún por conseguir.

Cuando allá, a finales de los 80, decidí que el Derecho Administrativo iba a ser mi especialidad, lo primero que tuve que hacer fue acostumbrarme a oír que el Derecho Administrativo era muy masculino, como si el Derecho tuviese género. Pronto comprendí el porqué del sambenito, y es que el número de abogadas administrativistas era, realmente, ínfimo. Sólo en las universidades despuntaban algunas profesoras titulares de Derecho Administrativo —que luego alcanzaron la excelencia de la cátedra— y en algunos departamentos y áreas, esencialmente de la Administración local y autonómica, encontrábamos preparadísimas mujeres administrativistas, aunque no siempre ostentaban, como debieran, la titularidad del cargo. Pero el panorama en los despachos profesionales, les aseguro que empeoraba de forma notable. De hecho, podría dar los nombres y apellidos de las 3 o 4 abogadas administrativistas reconocidas y reconocibles en esos momentos en Barcelona como verdaderas especialistas, ninguna, por cierto, con despacho propio.

Hoy, por el contrario, la normalidad de administrativistas en el mundo jurídico es patente, aunque, pocas, muy pocas son las que tienen despacho propio con más de 5 o 6 abogados en plantilla. Y más difícil aún encontrar despachos donde la mayoría de los socios sean socias o despachos sólo de mujeres, insisto, por encima de 6 abogadas.

Pues bien, en mi opinión, ahí tenemos nuestro inmediato reto. Un reto, además, perfectamente asumible ya que la sociedad está sobradamente preparada —las mujeres empresarias nos lo han demostrado, nos han abierto y trillado el camino— y, por tanto, ya no hay excusa, habida cuenta que la decisión depende de nosotras y sólo de nosotras. No lo olvidemos, las grandes firmas de hoy, fueron pequeñas firmas de ayer constituidas por hombres que, con arrestos, trabajo y sentido de la excelencia, han alcanzado las más altas cotas. Atrás, pues, los techos de cristal ֫—cada día más resquebrajados— y apostemos por la creación de firmas legales de abogadas.

(Imagen: E&J)