El presidente del CGAE pide a Justicia que active la Comisión de Calidad para supervisar el desarrollo de la Ley 1/2025

Salvador González, presidente del CGAE, se muestra convencido de que la Ley 1/2025, ya en vigor, puede ser la clave para mejorar la situación de la justicia española, la cual se encuentra en una grave crisis desde las huelgas de los letrados de la Administración de Justicia (LAJs) y funcionarios en 2023. “La Ley necesita de diálogo de todos los operadores a través de la Comisión de Calidad, de las inversiones adecuadas y de los medios humanos y tecnológicos adecuados para que realmente sea la norma que buscan los operadores jurídicos y resuelva mejor los problemas de los ciudadanos cuando acuden a la justicia”.

El dirigente del CGAE, intervino este jueves en la Conferencia Sectorial de Justicia, donde el Ministerio se reúne con las comunidades autónomas hasta este viernes para explicar, desde la abogacía institucional, la importancia de dicha reforma que modificará de manera gradual los juzgados unipersonales por los tribunales de instancia. “Es un cambio importante que los operadores jurídicos debemos asumir como una mejora adecuada al sistema”, asegura el presidente de la Abogacía.

Precisamente sobre esta Conferencia Sectorial salta la noticia de que no ha podido convocarse este viernes por falta de quorum. Según informan a este medio desde dicha reunión, los consejeros de Justicia de Valencia Madrid, Andalucía, Galicia, Aragón, La Rioja y Cantabria han desistido participar en el encuentro porque el ministro de Justicia, Félix Bolaños, se ha negado a alterar el orden del día e incluir temas claves como la financiación de la Ley 1/2025 que a comunidades autónomas como Madrid o Andalucía les genera costes por encima de los 40 y 60 millones de euros respectivamente.

Salvador González ha explicado que la medida más inmediata debe ser la constitución de la Comisión de Calidad, prevista en la propia Ley para observar estrechamente la evolución de la estadística judicial en los próximos meses, así como detectar cualquier problema que pueda surgir. “A partir de ahí se podrán estudiar los posibles cambios normativos que haya que implementar, pero ya debería estar operativa dicha comisión. Es lógico que se ponga en marcha en estos momentos tan críticos e importantes”, ha destacado González.

Para que el aterrizaje de la nueva Ley sea lo más tranquilo posible en los órganos judiciales, el Consejo también considera oportuno engrasar el diálogo institucional, así como promover una adecuada gestión del cambio. De hecho, muchos de los operadores jurídicos se han quejado a E&J de la falta de diálogo a la hora de implementar la norma, reclamaban una mayor vacatio legis antes de la entrada de vigor de esta Ley Orgánica tan relevante.

En relación al requisito de procedibilidad de los medios adecuados de solución de controversias (MASC), la abogacía institucional entiende como indispensable garantizar su acceso a todos, que se compense a los letrados intervinientes, que se abonen todas las costas del proceso negociador y la plena confidencialidad de la actividad negociadora.

Estos son los consejeros de Justicia de las comunidades autónomas que no han participado en la Conferencia Sectorial, la cual se ha suspendido precisamente porque estas CCAA han desistido participar en el encuentro.  (Imagen: Comunidad de Madrid)

Es necesario más diálogo institucional

Salvador González cree que podría ser oportuno que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estableciera unos criterios uniformes sobre los MASC en todo el territorio nacional, “aunque no será fácil articularlo. De momento, y tras el aluvión de demandas antes del 3 de abril, estamos en un impasse. A partir de ahora dichas demandas deberán indicar que acudieron a un MASC, aunque la forma de hacerlo genera dudas”.

En su opinión, “si las comunidades autónomas y el Ministerio creen en las bondades de la Ley y de la actividad negociadora, la mejor manera de acreditarla es dotarla de recursos, pagar esa actividad, premiando la resolución de conflictos. De hecho, ahora los MASC que pueden utilizarse desde la justicia gratuita requerirán de una nueva inversión. Así lo ha pactado el CICAC de Barcelona y así se está estudiando por la Junta de Andalucía y el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (Cadeca)”, afirmó el presidente del CGAE.

En este contexto, y hasta que lleguen esos criterios uniformes, González cree conveniente y necesario que en estos momentos tan importantes “los operadores hagan una interpretación razonable y razonada del requisito de procedibilidad para que no se convierta en un freno, en una cortapisa al acceso a la justicia”, advirtió.

Por lo que se refiere a los tribunales de instancia, el CGAE recomienda comenzar a trabajar ya para anticiparse al proceso de implantación, simplificar sus trámites, digitalizar los procedimientos y participar en el seguimiento: “Los plazos de implantación están ahí y confiemos en que la tecnología y las inversiones serán las adecuadas para que la norma se ponga en marcha de forma razonable”.

Desde esa perspectiva la abogacía institucional cree necesario conocer los aspectos esenciales del proyecto de implantación del nuevo modelo organizativo de los 431 tribunales de instancia, y el cronograma hasta 31 de diciembre de 2025, al mismo tiempo que habría que simplificar los trámites para disminuir las cargas y reducir los tiempos, así como digitalizar de forma completa los procedimientos judiciales.

Con todo ello se trata de “participar en el seguimiento de la implementación y evaluar el impacto con el fin de identificar las mejoras y disfunciones para evitar las lagunas o controversias de organización judicial que puedan producirse”, ha comentado el presidente del CGAE.

Desde el Pleno del CGAE se trabaja en formar y explicar a los colegiados de toda España el calado de esta reforma: «Estamos formando a miles de abogados en el conocimiento de los MASC». (Imagen: Abogacía Española)

La tecnología debe funcionar

Una de las reivindicaciones de la abogacía institucional tiene que ver con el desarrollo tecnológico y su funcionamiento: “Se trata de que se logre, ya de forma clara, la digitalización de los tribunales y los procedimientos. La abogacía entiende necesario que se garantice la fiabilidad de las aplicaciones y que, en los pocos casos que se produzcan fallos, existan garantías para que el profesional pueda acceder a toda la información”.

El problema está en que, hasta la fecha, pese a las inversiones hechas en justicia y las reuniones del Ministerio con los operadores implicados, el desarrollo del expediente judicial electrónico no se ha completado y la interoperabilidad entre los sistemas procesales no se ha logrado.

“Es fundamental que la abogacía institucional forme parte del Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTEAJE). Ahora más que nunca está más que justificada la presencia del Consejo General de la Abogacía en el CTEAJE, con una participación más plena y decisoria en sus Comisiones Mixtas y en sus reuniones. Urge implementar ese expediente digital y lograr la interoperabilidad para que la Ley 1/2025 sea una realidad y ayude a crear una justicia ágil, accesible y cercana”, advierte Salvador González.

Para el presidente del CGAE el papel de la tecnología es muy importante y debe cuidarse al máximo: “Tiene que verse el despliegue tecnológico como un medio de la Justicia y no como un fin en sí mismo, de forma que la digitalización no sea una barrera de acceso a la Justicia y no debilite la protección de los derechos de la ciudadanía”.