«Los inversores estafados por Sempi Gold podrán recuperar su dinero porque se han descubierto fondos», afirma el abogado José Luis Ortiz

«Los inversores estafados por Sempi Gold tienen ahora posibilidad real de recuperar su dinero porque, por fin, aparecen fondos». Así lo declara a Economist & Jurist el letrado José Luis Ortiz Miranda, socio director de Bufete Ortiz Abogados de Cádiz, quien representa a más de 200 o 400 afectados en esta presunta estafa piramidal que investiga la Audiencia Nacional (AN).

El colectivo de perjudicados asciende a unas 4.000 personas, procedentes de toda la geografía nacional, que «reclaman unos 50 millones de euros».

Según informa Ortiz, un reciente informe de la UDEF revela que Gabriel Ruiz Ramírez, CEO de Sempi Gold, «creó dos sociedades en Milán (Italia), llamadas Sempi Gold Italy y Trust Ingold Italy, y otra en Manchester (Reino Unido), llamada Admiral Market UK, a las que transfirió elevadisimas cantidades para sustraerlas del control de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y del Banco de España, intentando no dejar ningún tipo de huella de esas transferencias internacionales».

«De esta forma, descapitalizó la sociedad matriz eludiendo devolver el dinero a la gente estafada», asegura este letrado, quien señala que esta información de la UDEF es «muy esperanzadora para los afectados, que estaban muy pesimistas acerca que podrían recuperar algo, ya que desde hace cuatro años apenas ha habido avance al no saber la trazabilidad del dinero; es decir, a dónde había ido a parar tantísimos fondos».

«Ahora sí se puede decir con rigor que al menos una parte de su capital va a poder ser recuperado», afirma.

Jose Luis Ortiz Miranda. (Imagen: E&J)

Tras este informe de la UDEF, la magistrada instructora de la macrocausa, María Tardón Olmos, titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, «ha ordenado embargar todas las cuentas bancarias y productos financieros contratados por estas tres sociedades, así como el embargo de sus participaciones sociales, y de la titularidad de bienes inmuebles a nombre de Gabriel Ruiz en Italia y Reino Unido».

La magistrada ha acordado librar una orden europea de investigación dirigida a las autoridades judiciales de Italia y Reino Unido. Solicita, además, el embargo inmediato del saldo que tienen las cuentas, así como detalle periódico mensual del saldo de los últimos cinco años.

Ocho investigados

Los querellados son ocho personas físicas –Gabriel Ruiz, dos hijos y un sobrino; el director financiero, D.T.S.; el director comercial, F.P.M.; los delegados de ventas de cada zona– y siete personas jurídicas: Sempi Gold España SA, Oroinformación SL, Sempi Silver SL., las dos sociedades italianas y la inglesa.

Se les imputa organización criminal organizada, falsedad en documento mercantil, estafa piramidal masiva, insolvencia punible, alzamiento de bienes y evasión de capitales a terceros países.

Lingotes de oro falsos: hierro pintado de amarillo

José Luis Ortiz sostiene que este caso «es una estafa de libro, burda y mal  ejecutada». «Sempi Gold se creó en 2017 con una amplia red de comerciales y se dedicó a vender supuestos lingotes y láminas de oro como inversión super segura a través de sus delegaciones –hasta 22, con sede central en Jerez de la Frontera– a multitud de minoristas y consumidores a los que ofrecían unas rentabilidades fuera de mercado que no daba nunca el oro», explica Ortiz.

Lingotes de oro. (Imagen: Sempi Gold)

Según explica, «el señuelo o argumento de venta era que el oro nunca fluctúa como el Euríbor y no tiene tanta volatilidad como, por ejemplo, las inversiones en bolsa, y que estaba siempre garantizada su inversión inicial, por lo que era ultraseguro»

Los inversores creían que estaba invirtiendo en lingotes de oro. Sin embargo, «el dinero nunca se utilizó en comprar lingotes y láminas de oro en el mercado de metales de Hamburgo (Alemania), sino que Gabriel Ruiz, junto a su equipo de confianza, formado por altos directivos y familiares, lo enviaban a paraísos fiscales y sociedades offshore», según denuncia este letrado. 

«Y el oro que garantizaba la inversión se encargaba a una herrería que les fabricaba lingotes de oro falsos, de fragua de hierro y pintados de amarillo con spray, del mismo tamaño, forma y peso de un lingote, que luego mandaba, metidos en sacas, a las cámaras acorazadas de Lumix y Prosegur», manifiesta.

Ortiz precisa que después, «Gabriel Cruz hacía fotos a estos falsos lingotes y mandaba un certificado falso a los inversores diciendo que su oro estaba a buen recaudo en cámaras acorazadas y que eso era la garantía de la inversión que acababan de realizar».

«Con el dinero fresquito, recién entrado, de los inversores que picaban, se retroalimentaba a los que más ruido hacían, callandoles la boca y mientras seguía captando. Es el típico esquema de Ponzzi», afirma Ortiz.

María Tardón, titular del Juzgado Central de Instrucción 3. (Imagen: AJFV)

El sistema colapsó cuando la cotización del oro bajó y un gran número de inversores pidieron que vendiera y les restituyera su dinero con los intereses. Esto ocurrió en 2021. «Entonces, desde Sempi Gold comenzaron a dar largas y llegó un momento en que la gente se cansó de esperar y comenzó a querellarse», indica Ortiz.

Desde Sempi Gold decían a los inversores que «como era a finales de la pandemia, el mercado de metales de Hamburgo estaba paralizado y que no podían revender el oro, cosa que era mentira, ya que nunca se suspendió la cotización del oro», explica el socio-director de Bufete Ortiz Abogados.

En una orden de entrada y registro, se descubrieron los lingotes falsos en la casa de Gabriel Ruiz, metidos en una cámara acorazada, y también en las de las citadas empresas de seguridad.

La cantidad mínima que invirtieron los clientes de Ortiz fueron 5.000 y la máxima, 375.000, como es el caso de una mujer de Vitoria. Entre ellos hay un ingeniero jefe de astilleros, tres farmacéuticos, médicos, empleados de Ruiz y varias empresas. El montante total del colectivo que él representa está en torno a los seis millones de euros.

Building of Audiencia Nacional. Spain

Inicialmente, José Luis Ortiz no optó por la vía penal, porque no sabía que «esto era una estafa piramidal, sino que presentó demandas civiles por vicio/error en el consentimiento, del artículo 1.265 del Código Civil, en relación con el 1303.

«Pensábamos que esto era como las preferentes: Que el cliente había sido inducido a error al prestar el consentimiento, porque le habían vendido una inversión diferente a la que realmente creían estar comprando. Vendían oro cuando realmente era hierro pintado», explica.

Lo que le «abrió los ojos» fue que tras ganar las primeras tres sentencias en la vía civil, en algunas de las cuales ni se personó Sempi Gold, declarándose en rebeldía procesal, cuando las intentó ejecutar, la sociedad había desaparecido del tráfico mercantil y cerrado sus 22 delegaciones a cal y canto. «Saltaron todas las alarmas cuando vimos que no había forma de cobrar y que en algunas de las demandas ni siquiera se habían tomado la molestia de oponerse, porque no tenían nada que perder ya que la sociedad estaba ya totalmente descapitalizada», expone.

El Juzgado de Mallorca que tenía una querella por este caso desde 2021, al personarse perjudicados de toda España, de oficio se inhibió a la Audiencia Nacional. Ortiz presentó la querella en abril de 2022 y se adhirió al auto en el que se declaró competente la magistrada María Tardón.