En la lucha contra la violencia de género, los juzgados de familia son los grandes olvidados

La prevención de la violencia de género no comienza con la denuncia penal, sino en la detección de las dinámicas familiares disfuncionales que, de no abordarse a tiempo, pueden escalar hacia la agresión. Es en los procedimientos de separación, divorcio, guarda y custodia, o en la regulación de visitas donde los juzgados de familia tienen la oportunidad única de observar las interacciones, evaluar los riesgos y adoptar medidas protectoras antes de que la violencia se manifieste de forma expresa.

La escucha atenta del juez, la valoración exhaustiva de los informes psicosociales, la sensibilidad para identificar patrones de control y dominación, son herramientas esenciales que permiten vislumbrar situaciones de vulnerabilidad.

Las estadísticas nos dan una idea de la magnitud del problema que los juzgados de familia podrían ayudar a prevenir. Entre el 40 y el 47% de los asesinatos machistas cometidos se produjeron durante la ruptura de la pareja o poco después de la misma.

Según un estudio ‘La ruptura de la pareja y su influencia en la dinámica relacional en casos de feminicidio’, elaborado por el Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad (ICFS), Universidad Autónoma de Madrid, en España uno de cada tres feminicidios se produce en un contexto de separación. La ruptura de las relaciones de pareja suele constituir una situación crítica en la vida de las personas, lo cual puede desencadenar dinámicas violentas en relaciones donde no se daban o incrementar comportamientos violentos ya existentes.

Estos datos evidencian que la separación, el divorcio o las rupturas de pareja, representan uno de los momentos de más riesgo para la mujer y, también, para sus hijos.

De esta forma, los juzgados de Familia se erigen como una primera línea de defensa crucial contra la violencia de género. Su labor, a menudo silenciosa y poco mediática, es fundamental para la detección temprana y la implementación de medidas preventivas que pueden marcar la diferencia entre la seguridad y el peligro, incluso entre la vida y la muerte. Sin embargo, esta labor esencial se ve seriamente comprometida por la alarmante falta de medios materiales y personales que sufren muchos de estos órganos judiciales.

Así, la capacidad de los juzgados de familia para desempeñar eficazmente esta función preventiva se ve gravemente mermada por la falta de medios. Juzgados sobrecargados de trabajo, con infraestructuras obsoletas y sistemas informáticos ineficientes, dificultan la agilidad y la eficacia de los procedimientos. A ello se añade la escasez de psicólogos forenses, trabajadores sociales y equipos multidisciplinares integrados en estos juzgados. Estos profesionales son cruciales para realizar evaluaciones rigurosas de riesgo, ofrecer apoyo psicosocial y proporcionar al juez una visión integral de la situación familiar. La formación continua y especializada y una mayor sensibilización de jueces y fiscales que trabajan en los juzgados de familia es otra necesidad acuciante.

(Imagen: E&J)

Desde el Ministerio de Igualdad se afirmaba que “la mayor parte de las víctimas trata de salir de la violencia a través de la separación, y no de la denuncia”. Y es absolutamente cierto. Muchas mujeres no quieren denunciar a sus parejas porque lo que quieren es separarse, regular su separación. No quieren iniciar un proceso penal contra el padre de sus hijos y/o su pareja sentimental. Hacerlo es una decisión muy difícil y entraña a menudo graves consecuencias. Sin embargo, estas mujeres a veces se ven inmersas en un vía crucis judicial, en procesos de separación largos y tortuosos.

La lentitud en la tramitación de estos procesos -pueden llevar meses, o incluso años, cuando deberían ser unos días o a lo sumo semanas- deja a las víctimas en una situación de desamparo prolongada, aumentando su vulnerabilidad. La falta de recursos materiales y personales que sufren los juzgados de familia se traduce en una menor capacidad para detectar indicios de violencia y, por tanto, en una menor protección para las víctimas.

La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, puede ahondar en esta precariedad. Esta ley impone una negociación previa obligatoria -requisito de procedibilidad- como presupuesto para que un juzgado admita a trámite una demanda de separación, divorcio, guarda y custodia, etc. Es decir, no solo no se invierte en la justicia, sino que ahora se imponen nuevos trámites y nuevos plazos para acceder a ella.

Un grave error porque esa negociación previa obligatoria perjudicará una vez más a los más vulnerables, representará en muchos casos un obstáculo para acceder a los tribunales y retrasará esa respuesta judicial que para muchas familias es tan necesaria y apremiante. Y lo es hasta límites insospechados porque a veces, para muchas mujeres, esa convivencia matrimonial o de pareja impuesta, cuando la crisis conyugal es irreversible, es un auténtico calvario.

Por lo tanto, una vez más toca reivindicar y fortalecer el papel de los juzgados de familia como verdaderos baluartes en la prevención de la violencia de género. Su posición estratégica en el entramado judicial y su conocimiento profundo de las dinámicas familiares les otorgan una capacidad única para la detección temprana y la adopción de medidas protectoras. Es imprescindible invertir en la modernización de los juzgados de familia, dotándolos de los recursos que urgentemente necesitan para cumplir con su trascendental labor. Una intervención temprana y efectiva en estos órganos judiciales podría reducir significativamente las tétricas estadísticas mencionadas.