Carlos de la Torre, nuevo socio de Andersen: «La reducción de jornada abre debate jurídico, político y económico a la vez»

Los despachos de abogados siguen reforzando sus áreas de derecho laboral. A la incorporación de Samuel Gómez como socio de Fieldfisher en su oficina de Barcelona hay que reseñar la salida de Carlos de la Torre —hasta hace unos días socio de laboral de Gómez-Acebo & Pombo— hacia Andersen, donde se incorpora para formar parte del equipo de treinta laboralistas que dirige la abogada Victoria Caldevilla, todos ellos repartidos en ocho oficinas entre España y Portugal.

El nuevo socio de Andersen, al mismo tiempo vicepresidente de la Asociación Española de Directivos de Relaciones Laborales (AdiRelab), es inspector de trabajo en excedencia y uno de los analistas de referencia en el marco actual de las relaciones laborales.

De hecho, son muy seguidos los análisis que está haciendo sobre la reducción de la jornada laboral. «Las empresas, en esa adaptación, intentarán limitar los costes que genera dicho cambio para tratar de evitar el problema organizativo y productivo que se les avecina. También pueden planificar de otra manera el sistema de turnos y los calendarios laborales de los centros de trabajo. No se ve un impacto en el crecimiento de empleo, por el momento», comenta.

La trayectoria de este laboralista viene marcada por un curso sobre especialización en el Derecho del Trabajo que realizó la Universidad Autónoma y que dirigía el catedrático Luis Enrique de la Villa, en 1987. «Aprendí mucho de ese curso. En la cátedra estaba colaborando Ignacio García-Perrote, ahora magistrado del Supremo; Gabriel García, ahora catedrático de Derecho del Trabajo en Cantabria; y Gregorio Tudela, catedrático de Derecho Privado Social y Económico. Luego, más tarde, se incorporaron Ana de la Puebla y Magdalena Nogueira, catedráticas de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Autónoma de Madrid», recuerda.

En su opinión, «ese curso de especialización fue diferente a lo que era la enseñanza en aquellos años, cuando en las universidades se ofrecían, sobre todo, conferencias magistrales. Sin duda, el curso marcó mi deseo de introducirme en el derecho del trabajo. Durante la formación, lo que se hacía era invitar a personas de gran relevancia en el mundo del derecho laboral. Por ahí pasó el que fue presidente de la CEOE, José María Cuevas, los propios sindicatos, magistrados del Supremo y de la Audiencia Nacional».

Tras este curso, sacó la oposición a inspector de trabajo en 1988. Su primer destino fue el País Vasco. Con posterioridad, formó parte del área marítima del Ministerio de Fomento y de la embajada española en Londres, donde ocupó el cargo de consejero de Fomento. Tan solo tenía 29 años.

José Vicente Morote, socio-director de Andersen, junto con Carlos de la Torre, nuevo socio de la firma. (Imagen: Andersen)

Su carrera en despachos arrancó en el 2014 en Baker McKenzie, donde permaneció casi diez años trabajando al lado de Manuel Pimentel, exministro de Trabajo y Asuntos Sociales con Aznar, y con los socios Fermín Guardiola o David Díaz. Posteriormente, pasó a formar parte del equipo de Gómez-Acebo & Pombo, donde ha permanecido hasta ahora, cuando se ha integrado en Andersen.

Según comenta, su cometido principal se va a centrar en ayudar al posicionamiento de la marca aprovechando el reconocimiento que ya tiene su marca personal como laboralista de primer nivel. Otra tarea va a ser la de contribuir a la expansión de la práctica en las oficinas existentes y, al mismo tiempo, apoyar al reforzamiento técnico de los equipos.

Su papel es de socio de la oficina de Madrid, donde hay otros cuatro (Victoria Caldevilla, Germán Martínez, Elena Esparza y Silvia Vázquez), otro en Barcelona (José Ignacio Gelpi), un socio en Bilbao (Fernando Beltrán) y una socia en Málaga (Rocío Vivo), quienes ejercen dentro de una práctica de una treintena de abogados. «Un equipo de primer nivel, esa ha sido otra razón para decidirme por Andersen», confiesa.

La incorporación de Carlos de la Torre se produce en medio de la negociación por la reducción de jornada laboral, uno de los temas que más ha preocupado a empresas y expertos a lo largo de los dos últimos años. De hecho, De la Torre ha hablado, y mucho, sobre este cambio legal de calado, por ser un profesional con las ideas claras capaz de hacer profundos análisis de esta cuestión, que preocupa a la mayor parte de las empresas del país.

«Es el gran tema de la legislatura. Todas las normas que se están negociando en materia laboral no tienen el impacto que va a tener este Proyecto de Ley cuando se apruebe. Tiene sentido que el debate llegue al Parlamento. El problema no es el qué, sino el cómo se hace. En ese escenario va a ser clave el papel que desempeñe la negociación colectiva, tanto en acuerdos sectoriales como de empresa, en su progresiva implementación», indica.

La reducción es constitucional

Este experto se hace eco de las declaraciones de sindicatos y secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez, quien ha indicado que la reducción suponía unos 48 minutos al día. «Dijo que lo importante era la distribución y adaptación de esa reducción de jornada. En esta reforma hay varios debates, uno jurídico, otro social y político, y un tercero económico que confluyen en el tiempo y que hay que analizar con sosiego. El jurídico implica saber si es inconstitucional que, por imperativo legal, el Parlamento imponga a cientos de convenios colectivos la reducción de jornada».

De la Torre cree que lo más importante a analizar de la reducción de jornada es cómo se va hacer. (Imagen: E&J)

Sobre este asunto, este jurista indica que «hay un antecedente parecido en 1983 cuando se redujo la jornada laboral a 40 horas. Ese asunto lo resolvió el Tribunal Constitucional diciendo que sí era constitucional. Es la sentencia de 20 de diciembre del 1990, en una cuestión de inconstitucionalidad, se dice que la aplicación inmediata de la Ley 4/83 que reduce la jornada semanal a 40 horas no vulnera el artículo 37.1 de la Constitución ni tampoco el 9.3 de nuestra Carta Magna. Señala que es posible producir efectos sobre convenios colectivos vigentes en ese momento y que es el convenio colectivo quien debe someterse a la Ley como norma de mayor rango».

En cuanto al debate político/social, el nuevo socio de Andersen lo referencia a lo que opina el Gobierno y los partidos políticos: «Parece que se ha rebajado la tensión entre Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda, y Carlos Cuerpo, ministro de Economía. El debate político social tiene que ver con que los sindicatos, de forma legítima, opinan que la reducción del tiempo de trabajo es estratégica y puede tener un gran impacto en los trabajadores. Creen que puede generar un círculo donde están bienestar, ocio, consumo y hay pocos impactos en las organizaciones. Habrá que ver si al final esas tesis cuentan con la mayoría parlamentaria para que se apruebe esta norma».

Respecto al debate económico, indica que «es más difícil de realizar. Los think tanks, como es el caso de Fedea, vienen a decir que esa reducción de jornada laboral supone un impacto económico de incremento en costes de 6,5 por cada hora ordinaria de trabajo. Desde la CEOE se habla de desplazamientos de costes importantes. La clave de este debate económico está en la relación entre el tiempo de trabajo y la productividad».

En su opinión, «no hay investigaciones empíricas que puedan defender que en todos los sectores la reducción de jornada suponga un incremento de la productividad. Hay otros expertos que dicen que es a la inversa, que una vez que haya productividad en algunos sectores se puede reducir el tiempo de trabajo desde la negociación colectiva».

El Gobierno hará caso al CES

Carlos de la Torre cree que «el Gobierno no va a ceder en su intención política de avanzar rápido en la reducción de jornada. No creo que acepten una transitoriedad larga para adaptar los convenios colectivos a la nueva jornada, y menos esperar al fin de vigencia de dichos convenios para su implantación. Ahora se habla de una transitoriedad hasta el 31 de diciembre del 2025 que quizás pudiera extenderse algo más sabiendo que la negociación parlamentaria de la norma no será rápida. Lo que sí van a tener en cuenta es el informe del Consejo Económico Social (CES) que plantea mejoras al Proyecto de Ley».

Sobre este informe, este laboralista se detiene en tres elementos a tener en cuenta que plantea el CES: «elementos que ya ha dicho el Gobierno que tendrá en cuenta. Uno es incluir un proyecto transitorio mayor que el actual para que la reforma entre de forma gradual; otro elemento es la flexibilidad, que se incorporen especialidades por sectores. Hay sectores como el agrario o el marítimo que no están preparados para una entrada en vigor de calado. También hay un tercer elemento donde se habla de medidas sociales de acompañamiento. Ahí habría quizás que recuperar el Plan 375 que el Gobierno planteó a la CEOE sin demasiado éxito».

Para este jurista parece claro que el Gobierno asumirá las tesis del CES para mejorar el Proyecto de Ley sobre reducción de jornada antes de llevarlo al Parlamento. (Imagen: E&J)

En cuanto al registro de jornada, ahora automatizado, De la Torre detecta dos problemas jurídicos a tener en cuenta. «Uno son las presunciones que están en el texto de la Ley. En la norma se indica que si el registro no cumple los requisitos legales, se abren presunciones para las empresas. Se presume que la jornada manifestada por trabajadores con horas extras es la real. Se da presunción de veracidad a lo manifestado por los trabajadores. Si los trabajadores a tiempo parcial hacen mal ese registro, se convertirá su jornada en tiempo completo. Otra presunción es si no cumples los requisitos legales, el periodo transcurrido entre el inicio y la finalización de la jornada es tiempo de trabajo efectivo», expresa.

Respecto a la cuarta presunción, indica que «si no se cumple con el registro, el tiempo de espera de la jornada ordinaria siempre se va a considerar horas extraordinarias en jornadas completas. Las empresas deberán, por tanto, contar con un responsable del registro de jornada para que esté al día en relación a lo que dicta la futura normativa sobre reducción de jornada».

Este jurista revela que es posible que «ahora las infracciones que marca la LISO son por persona trabajadora con un importe máximo de 10.000 euros, lo que es disuasivo. Sobre que este registro digital esté en remoto, se abre la puerta a posible problemas con protección de daos en su uso y también de ciberseguridad en su uso. Habrá que ver cómo se gestiona».

En relación a la ciberseguridad, Carlos de la Torre se pregunta por «esa plataforma electrónica que pondrá en marcha el Ministerio de Trabajo y donde las empresas registran los datos de jornada de inicio y finalización de sus trabajadores, saber cuál es su robustez a nivel tecnológico para evitar su vulnerabilidad desde brechas de seguridad o posibles hackeos».

Desde su punto de vista, «es importante que tenga un mecanismo para evitar todos estos ataques que pueda recibir en el futuro. El registro de jornada digital no es barato, sería bueno que extendiese ese Kit Digital ahora de marcha para este tipo de necesidades. Se trata de luchar contra el fraude laboral y las horas extraordinarias que no se declaran».