El Gobierno introducirá algunos cambios en la Ley Concursal durante el trámite parlamentario

Así lo ha anunciado el Ministro de Justicia, después de escuchar la opinión de expertos en la materia.

Durante la clausura de unas jornadas sobre la Ley Concursal organizadas por los ministerios de Economía y Justicia, Catalá ha recordado que la normativa tiene que someterse al trámite parlamentario, lo que supondrá «la última oportunidad» de esta legislatura para introducir ajustes en el texto.

En este sentido, ha señalado que antes de que el proyecto llegue a las Cortes, el Gobierno ha pedido opinión a expertos en la materia. «La respuesta que estamos obteniendo casi de forma unánime parte de una valoración positiva de muchas de las medidas, si bien se pone de manifiesto que tienen un cierto grado de descoordinación y que generan un número de dudas importantes que podrían dificultar su aplicación o la puesta en marcha de los instrumentos creados», ha dicho.

Tras analizar algunas recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la actual Ley Concursal, el ministro ha reconocido que es necesario introducir algunos ajustes en la Ley española. Entre ellos figurarán los consejos de Comisión Europea a los Estados miembros y los efectuados por el FMI.

Así, se ha marcado tres líneas de trabajo que pasan por la necesidad de conseguir que tanto los acuerdos de refinanciación como los extrajudiciales de pago superen los obstáculos que aún tienen, «de modo que sean una alternativa real al concurso». A ello ha unido la mejora de los procedimientos centrada en la simplificación y en la agilización de los mismos.

Como tercera línea de trabajo ha citado la necesidad de mejorar la administración concursal. «Es un reto importante, más aún con las nuevas coordenadas legales que pueden poner una carga adicional a los tribunales, como es depurar la lista de profesionales registrados como administradores concursales», ha precisado.

Así, ha dicho que el no se puede asumir una lista de administradores concursales que alcancen los 50.000 miembros «cuando solo la décima parte de ellos han acreditado que han gestionado previamente un procedimiento concursal».

Para cumplir con todos estos detalles, Catalá ha apuntado que es necesario buscar el equilibrio del conjunto de la normativa concursal que proteja a los deudores «sin amenazar el cumplimiento de sus obligaciones que ha de llevarles a la satisfacción de sus deudas garantizando la estabilidad del sistema financiero».

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