Las sentencias dictadas en materia de fraude fiscal son públicas

El BOE publica hoy la Ley Orgánica 10/2015, de 10 de septiembre, por la que se regula el acceso y publicidad de determinada información contenida en las sentencias dictadas en materia de fraude fiscal.

En el artículo único se introduce en pesta Ley Orgánica un nuevo artículo 235 ter en la
Ley Orgánica del Poder Judicial, cuyo primer apartado reconoce el carácter público del
acceso al fallo de las sentencias condenatorias firmes en materias especialmente
relevantes para el control fiscal: delitos contra la Hacienda Pública, delitos de insolvencia
punible, cuando el acreedor sea el erario público o, finalmente, los delitos de contrabando,
permitiendo en estos supuestos el acceso público a determinados datos personales del
condenado o del responsable civil.
En el apartado segundo se desarrolla la anterior previsión, estableciendo que el acceso
público se efectuará mediante la publicación de un extracto del fallo condenatorio que
contenga únicamente los datos que permitan la identificación del proceso, del condenado
y del responsable civil, el delito por el que lo haya sido, así como la pena y la cuantía de la
responsabilidad civil impuesta. De este modo quedan plenamente salvaguardados los
derechos a la protección de datos de otras personas que hubieran podido participar en el
proceso, pero que no resulten afectadas por la condena, limitando el ámbito de la
publicidad a aquello que es estrictamente necesario para cumplir con la finalidad
perseguida. El extracto y la publicidad se efectuarán por el Secretario Judicial, quien, de
conformidad con lo señalado en los artículos 452 y siguientes de la Ley Orgánica 6/1985,
de 1 de julio, del Poder Judicial, asume en exclusiva la función de fe pública judicial e
igualmente ha asumido importantes funciones en materia de ejecución de las sentencias
en los términos establecidos por las leyes procesales.
La publicidad se efectuará a través del «Boletín Oficial del Estado», por lo que los
datos gozarán de la garantía adicional que supone la aplicación de su normativa específica,
impidiendo un tratamiento indebido de los mismos gracias a la desindexación de los datos.

La presente Ley Orgánica entrará en vigor a los dos meses de su publicación.