Cómo mejorar la investigación de los delitos contra la corrupción

Consuelo Madrigal, Fiscal General del Estado, ha clausurado el curso “Macroprocesos y delitos contra la corrupción” dirigido a jueces y organizado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), donde ha señalado algunas posibles mejoras en la lucha contra la corrupción.

Madrigal ha destacado que la frontera entre lo público y lo privado se encuentra desdibujada “en una Administración que deja en manos de particulares la prestación de servicios públicos, un hecho que favorece la privatización de la corrupción”.

A ello ha añadido, “la complejidad de los montajes jurídico-económicos” que respaldan la delincuencia económica organizada caracterizados por la diferente nacionalidad y ubicación de las personas implicadas, el uso que hacen de las nuevas tecnologías de la información y el carácter masivo de los datos que los investigadores han de procesar,

La actuación que se reclama de las instituciones, ha concretado la Fiscal, pasaría por emplear modernas técnicas de investigación y de análisis financiero-criminal, dirigidas a obtener indicios suficientes sobre los delitos cometidos y las personas responsables de ellos. Todo con el objeto de conseguir la identificación de los beneficios ilícitos, la anulación de sus canales de financiación y, finalmente, asegurar las fuentes de prueba para su eficaz presentación ante los tribunales.

Junto a indudables avances subsisten los habituales obstáculos que se concentran en los paraísos fiscales o territorios no cooperantes a los que indefectiblemente se dirigen los fondos procedentes de la corrupción. En opinión de la fiscal general,  noticias como las aparecidas recientemente, en relación con los llamados “papeles de Panamá” (obtenidos del despacho Mossack Fonseca), ilustran la magnitud que pudiera alcanzar el problema.

Igualmente la Fiscal considera de utilidad la necesidad de establecer mecanismos de prevención.  En este sentido ha querido resaltar los avances llevados a cabo con la Ley de transparencia, la Ley de control de la actividad económico-financiera de los Partidos Políticos, y la regulación del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, entre otras. Si bien ha señalado que sigue pendiente el establecimiento de mecanismos de control de gasto y contratación en las administraciones regionales y locales.

Mejorar la fase de investigación   

“Pero es en la investigación de los delitos de corrupción es donde subsiste un mayor ámbito de mejora”, ha concretado, apuntando en este sentido los problemas que con más frecuencia “dificultan o ralentizan las investigaciones”. Es decir, los cauces de detección de la corrupción,  la falta de normas para que la información fluya entre las instituciones y la urgente necesidad de crear un nuevo marco procesal para enfrentarse “con ciertas garantías de éxito” a la criminalidad económica organizada.

Madrigal ha afirmado que la  LECr no admite ya más reformas. Según una opinión generalizada, nuestro país necesita un nuevo sistema de investigación y enjuiciamiento ágil y equilibrado que encomiende la dirección de la investigación al Ministerio Fiscal. Pero no debería ser una mera sustitución  de jueces por fiscales, sino de agilizar la fase de instrucción, eliminando su centralidad y carácter ritual, eludiendo cuestiones de competencia, decisiones jurisdiccionales y recursos para centrar el procedimiento en el juicio oral.

Entre los cauces de detección de la corrupción, —a las habituales actuaciones de las Unidades especiales de Policía, Guardia Civil, Agencia Tributaria, el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), Banco de España, FROB, la CNMV, la IGAE, que ponen en conocimiento del Ministerio Fiscal  posibles delitos públicos—, la Fiscal ha añadido la importancia de la colaboración ciudadana, de quienes han  intervenido en el delito, o de aquellos que conocen por su proximidad al delincuente.

”Históricamente”, ha añadido, “los medios de comunicación han jugado un papel relevante en la denuncia de la corrupción —casos Roldán, Fondos reservados, Alierta, BBV Privanza…—. Aunque, la fiscal general considera en ese sentido, que igual que sucede con la denuncia anónima “son la proporcionalidad y la prudencia las que deben presidir las actuaciones del investigador”.

Por ultimo en el marco de esta charla magistral en el Consejo General del Poder Judicial, Consuelo Madrigal se ha referido a la necesidad de mejorar los mecanismos de cooperación internacional ante los significativos esfuerzos llevados a cabo en los últimos años, especialmente en el ámbito de la Unión Europea, con la consagración del principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales, lo que ha supuesto “una auténtica revolución en las relaciones de cooperación europeas”.