Justicia admitió un 16% de las casi 9.000 denuncias contra juzgados por funcionamiento defectuoso

Un furgón de mudanzas esperaba a las puertas del bloque. El cerrajero y los otros operarios que iban con la comisión apenas tardaron un par de horas en dejar el piso expedito de “enseres, muebles y otros efectos personales”. Ni por lo más remoto imaginó Artemio E.M.E., un profesor de instituto de Granada, que la justicia irrumpiría en su casa como una apisonadora, sin estar él, le cambiaría la cerradura y tiraría sus enseres al vertedero.

Meses antes Artemio recibió en su casa un aviso del juzgado de que iba a desahuciarle. Contactó con el órgano judicial y le alertó del equívoco. Su piso no debía nada a nadie. Un funcionario le comentó entonces a Artemio “que haría constar en la carátula del expediente” el número correcto del piso afectado, “para que, cuando vaya la comisión judicial, no se equivoque”, le indicó.

Su piso era el 1º B, y el afectado, el moroso con el banco, el bajo B. Ambas viviendas se hallan en el número 3 de la plaza Obrero Castro López, en Granada, según describe Artemio en la denuncia que interpuso ante el Consejo del Poder Judicial por el grave error judicial que padeció. Al funcionario debió olvidársele la anotación en la carátula, ya que el 11 de noviembre de 2013 Artemio perdió durante casi un día su casa (y más cosas) por orden del Juzgado de Primera Instancia 11 de Granada. Fue una actuación “incomprensible y brutal”, refiere.

El propio secretario del juzgado le visitó en su casa para pedirle disculpas y ordenar que se le devolviera todo lo arrebatado. Pero ya era tarde: “los operarios habían tirado al vertedero sus enseres personales: ropa, zapatos, herramientas, útiles de limpieza, colchones, sábanas, etcétera”. Artemio tasó “los daños y perjuicios” del errático desahucio “en 36.332 euros”. El Consejo del Poder Judicial le ha dado la razón y sostiene que debe ser indemnizado porque la comisión de desahucios se equivocó de casa sin realizar una mínima averiguación, y pese a la alerta vecinal.

El de Artemio no es un error aislado. El Ministerio de Justicia es muy restrictivo a la hora de pagar por errores judiciales. Justicia no ha podido facilitar los millones que tiene que desembolsar para reparar errores judiciales. Desde el año 2000, se han presentado 8.800 reclamaciones por funcionamiento anormal de la justicia. De ellas, solo ha estimado como indemnizables 1.420 casos. El ministerio no especifica en su estadística los desahucios erráticos, los incluye dentro del epígrafe “otros” errores. 213 quejas y reclamaciones constan entre los años 2006 y 2015 bajo ese epígrafe, según datos del Ministerio de Justicia. Aproximadamente la mitad fueron lanzamientos erráticos.

Otro ejemplo en el que la justicia mostró su faz más ciega y sorda, obviando asimismo la alerta vecinal, lo padeció Roberto F. F. Por orden del Juzgado número 4 de León, el 29 de julio de 2014, la comisión de desahucios irrumpió en su casa de Pola de Gordó y se la puso patas arriba. Sin estar él presente, le cambiaron las cuatro cerraduras de su vivienda. Vigilaban seis guardias civiles. Roberto acudió corriendo al juzgado y al banco, escritura en mano, y logró que le dieran las llaves de las nuevas cerraduras. 3.000 euros en daños.

Horst Otto E. E. pidió, por su lado, al ministerio 500 euros de los gastos del viaje (y rotura de la puerta) que tuvo que realizar desde Alemania tras avisarle un vecino de que le habían desahuciado de su casa de Alcudia (Baleares) por orden de un juzgado de Inca. La afectada era otra casa, no la suya. Los vecinos también alertaron del error, pero la comisión hizo oídos sordos.

En otro caso, el juzgado 2 de Valdemoro ordenó en octubre de 2004 el decomiso de un Audi de alta gama en el marco de una operación antidroga. El vehículo era de una persona que nada tenía que ver con la operación, y quien durante años pidió insistentemente al juzgado su devolución, sin éxito. El juez se lo entregó para su uso a la Guardia Civil antidroga. Diez años después, la Audiencia de Madrid ordenó por fin devolvérselo. Pero el coche ya no existía. Estuvo años estacionado prácticamente en la calle, tras cansarse los agentes de él. Los cacos le robaron piezas. Estaba tan deteriorado que la Delegación del Gobierno en Madrid ordenó su destrucción en febrero de 2010. Su dueño pide 21.000 euros de indemnización. El Poder Judicial le ha dado la razón.

La tipología de errores judiciales es tan variada como dañina para los damnificados: dilaciones excesivas e ilógicas en la tramitación de los procesos (causa que sustenta el mayor porcentaje de denuncias), destrucción, pérdida o deterioro de objetos decomisados en operaciones por los jueces; personas obligadas a viajar a otras ciudades, pagándose de sus bolsillos los gastos, para acudir como testigos a juicios que se suspenden sin previo aviso, o usuarios (y de esto hay muchos casos) que denuncian un delito o falta y cuyos culpables quedan totalmente absueltos porque prescribe la infracción sin que haya habido juicio, por inacción del juez. Y lo que es peor: también hay numerosos casos de personas llevadas a prisión siendo inocentes. Justicia no ha podido facilitar los datos sobre los millones que paga en indemnizaciones por errores judiciales.

Entre 2003 y 2015, un total de 221 personas han estado privadas de libertad injustamente, 110 por detención sin causa con calabozo incluido y 111 encarceladas pese a que eran inocentes, por confusión de identidad, dejación del juzgado o deficiente instrucción. Uno es de estos casos es, por ejemplo, el de Dolores Vázquez, la mujer que estuvo presa más de un año tras ser condenada en un juicio plagado de irregularidades por el asesinato de Rocío Wanninkhof en octubre de 1999, en Mijas (Málaga). Y todo porque había mantenido una relación lésbica con su madre. Un jurado la condenó sin pruebas en el marco de un crimen rodeado de un espectacular despliegue mediático. (Fuente: El País)