La sentencia del Constitucional no invalida la aplicación de la plusvalía municipal

El Ministro de Hacienda y Función pública ve «precipitada y exagerada» la pregunta sobre una posible compensación cuando la sentencia del TC no se refiere a la norma estatal

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha afirmado que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la plusvalía municipal no invalida su aplicación, sino que fija el «lógico, coherente y normal» impedimento de cobrar el tributo cuando no haya un incremento de ganancias en la venta de un inmueble, y ha dicho ver «inadecuado» e «inapropiado» que se pida al Gobierno una compensación por la posible pérdida de ingresos de los ayuntamientos.

En este sentido, Montoro ha dicho ver «precipitada y exagerada» la pregunta sobre una posible compensación cuando la sentencia del TC no se refiere a la norma estatal, por lo que ha abogado por esperar que que el Constitucional emita una sentencia definitiva que afecte al régimen general de Haciendas.

En cualquier caso, ha avanzado que Hacienda está trabajando junto a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en el régimen de Hacienda Locales y en la revisión de la financiación local, por lo que ve un momento «especialmente óptimo» para que los expertos se pronuncien sobre este impuesto y otros que están asegurando la autonomía fiscal de las haciendas municipales.

El titular de Hacienda ha querido mostrar su «reconocimiento» por el saneamiento fiscal llevado a cabo por las entidades locales, y ha avanzado que las primeras estimaciones de 2016 apuntan a que el superávit ha sido «realmente considerable», lo que ha contribuido a que España cumpla el objetivo de déficit del 4,6%, descontada la ayuda financiera se sitúe incluso por debajo.

PSOE y ERC advierten del perjuicio en recaudación

Por su parte, el senador socialista Jesús Martín Rodríguez ha pedido al Ejecutivo que actúe «con diligencia» y ha indicado que el impuesto de la plusvalía municipal supuso en 2015 un montante de 2.625 millones para los ayuntamientos, lo que unido a que la sentencia deja sin efecto los últimos cuatro años devengados más intereses, equivale al 35% de los recursos ordinarios de los ayuntamientos, y es «igual a la media de superávit de los ayuntamientos que permiten sortear de forma sibilina la regla de gasto».

De su lado, el senador de ERC, Joaquim Ayats I Bartrina ha coincidido en que el impuesto representa una parte «importantísima» del conjunto de recursos que financian los servicios públicos municipales y ha advertido de que los artículos suspendidos en la ley foral son «idénticos» a los de la Ley de Hacienda Locales, por lo que cree que es «cuestión de tiempo» que acabe sucediendo lo mismo.