Una propuesta (esencial) sobre la mejora de la Justicia.

Cuentan de aquel país en que la organización judicial estaba plenamente corrompida: se tramitaba por dinero y se resolvía a  precio ¿que solución había para mejorar la justicia?: no se trataba de mejorar, sino de cambiar y la única solución fue el absoluto cambio, es decir, renovar los cuerpos, eliminar de cuajo todo el personal y sustituirlo: traumático, pero efectivo. El país es imaginario pero en algún cuerpo, en nuestro propio país, ha ocurrido.

Cuentan de aquel otro país, también imaginario pero más real de lo que debería ser, que los órganos judiciales dependían del ejecutivo y, mal que bien, más bien mal, estaban totalmente politizados. No hay más solución que cambiar el sistema de nombramiento,  mantenimiento y renovación o cese. Cambiando el sistema (muerto el perro), desaparece  la dependencia política (se acabó la rabia).

Y cuentan del país, tan real como la vida misma, en el que el volumen de asuntos era superior al que podían abarcar los órganos jurisdiccionales, con lo cual el nivel laboral de las personas  era insostenible y la función judicial estaba colapsada ¿Hay solución? De haberla, hayla, pero creo que sólo hay una y no tan drástica como en los dos casos anteriores, pero sí muy cara; como tantas cosas en esta vida, es cuestión de dinero.

2.-  Este último país, no imaginario, como el lector habrá adivinado,  es el nuestro. Salvo muy escasas excepciones, apenas se encuentra en todo el país un órgano judicial que no esté abrumado por el número de asuntos pendientes, que no entren más asuntos que los que salen, que no se acumulen para la solución y los papeles físicamente se amontonen en los despachos y los pasillos; física y moralmente, es un espectáculo deprimente.

Hace bien poco, escribí un articulillo en la revista de la Asociación judicial Francisco de Vitoria,  al que titulé «Un cuento judicial,  que no chino, de amor y de muerte» y presentaba el caso triste de que en un hospital con pocos quirófanos y pocos médicos y enfermeras, debían atender a un número exagerado de asuntos, digo, de enfermos y cuando uno muere ¿a quién expedientamos? ¿a un médico, a una enfermera? Y en la organización judicial, abrumada de casos y papeles, se les pasa un caso y se produce una muerte ¿acaso se debe expedientar a alguien? ¿o mejorar el sistema?.

También contaban hace algún tiempo que un famoso señor que se casó con una famosísima señora se hizo un chalet con diecisiete cuartos de baño y se supone que infinidad de salas y dormitorios;  uno se pregunta (esto no es real): si pusieran una sola persona de servicio para atender a todas las faenas del hogar, podemos imaginar el paupérrimo estado en que estaría la casa al cabo de pocos meses.

El caso de la justicia en nuestro país ha caído en este pobre estado. Toda la desconfianza, toda la crítica y todos los fallos, todos o casi todos, se centran en un punto muy concreto: la lentitud, el atasco,  el colapso de asuntos en prácticamente todos los órganos judiciales. Uno de los últimos ejemplos ha sido el de los Juzgados de lo mercantil: nacieron como una idea práctica e interesante, en una especialización acorde con la época moderna (debería haber nacido antes y debería ahora especializar salas en la Audiencia Provincial y crear una sala de derecho mercantil desdoblando la primera, en el Tribunal Supremo) que ha dado lugar a un cuerpo de jueces de élite y sin embargo, en este momento están colapsados, tanto más cuanto la crisis actual  los ha inundado, hasta el ahogamiento, moral, no físico, claro está.

El mal, pues, de la Justicia en nuestro país es el colapso por el abrumador número de casos. Otro ejemplo es la propia Sala Primera del Tribunal Supremo en que hace unos años se ponían sentencias que resolvían recursos de casación interpuestos hacía ocho años: éste fue el record. Ahora, tras unos años de una importante inadmisión de recursos, tan sólo (!) son cinco los años entre la interposición del recurso y la sentencia. La inadmisión del recurso desespera al recurrente, pero encanta al recurrido y es bien cierto que la dilación en la solución jurisprudencial provoca recursos a los efectos simplemente de alargar el litigio.

3.- Si hasta ahora he insistido en que la exagerada carga de trabajo, el abrumador número de asuntos y el colapso que ello provoca, son el auténtico mal de la justicia en el país, la propuesta para su mejora es un tanto obvia: el drástico aumento de los órganos jurisdiccionales. No se trata de más jueces, o más personal auxiliar, o más medios materiales: se trata de todo ello; más órganos con su Juez, Secretario judicial, personal, medios, todo. No se trata, como se ha hecho hasta ahora, de aumentar unos cuantos órganos o un poco la composición de Salas, sino de partir de un concepto distinto: duplicar (o triplicar)  los órganos judiciales;  no interesa crear cinco Juzgados en una ciudad, donde están colapsados todos ellos, sino duplicar (o triplicar) su número; no se soluciona el problema de la Justicia aumentando órganos, sino duplicando: donde hay 50 juzgados, llevarlo a 100, 10 salas, pasarlas a 20, 3 de la mercantil, a 6,  5 de violencia doméstica, a 10: ésta es la idea.

Esta es la idea y no hay otra. Apaños, comisiones, refuerzos y otros despropósitos a nada conducen. Ni mucho menos, la pléyade de sustitutos o suplentes que tampoco llevan a nada. Ni lo peor, las comisiones de servicio, que no son otra cosa que desnudar a un santo para vestir a otro.

Un miedo o pánico  es la realidad de la actual construcción de Ciudades de la Justicia. Se hacen con la previsión de un posible aumento de órganos, pero si algún día comprenden que es preciso duplicarlos para salvar el actual colapso, las Ciudades de la Justicia, si están terminadas, no podrán absorber el nuevo número y caeremos en otro constante error, que es la proliferación de locales dispersos. Uno se imagina la de Valencia, tan digna y hermosa, y que un día dupliquen los Juzgados y las salas de su Audiencia Provincial y del Tribunal Superior de Justicia: ¿qué pasará con la Ciudad? ¿hacemos otra al lado? ¿o doblamos la altura, si los cimientos lo permiten?.

Y  esta propuesta nos lleva al problema de fondo: que es doble. El primero, personal y el segundo, económico. El personal es relativo al número de jueces y demás profesionales que hacen falta; el segundo es la enorme inversión económica que representa. Uno y otro problema no son insalvables, aunque ciertamente no se pueden solventar de golpe. En una legislatura (en cuatro cómodos plazos) se puede acometer la entrada de personal, a base de amplias oposiciones y la salida de un fondo monetario. Es difícil y complicado, no hay duda, pero no imposible. Es voluntad política de hacerlo y más que pactos para la justicia, planes de choque y otras zarandajas, puede ser la solución de un mal endémico.

¿Y todo ello será la piedra filosofal que resuelve todo? Tampoco hay que pensar esto; se puede ser optimista, pero no tanto. Hay y habrá problemas, pero éste es el esencial y los demás, muchos de ellos caerán por sí solos o se solucionarán sobre la marcha. Amén.

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