La auditoría laboral, de necesidad a oportunidad.

 Tiempo ha pasado desde que Theodore Schultz utilizase, por primera vez, el término “capital humano” a mediados del siglo pasado. Hoy el capital humano goza del reconocimiento unánime y la consideración como el factor más preciado con que cuentan las organizaciones.

Ante esta evidencia insoslayable, no deja de sorprendernos el distinto rasero que la Administración aplica en el control y salvaguarda del capital financiero con respecto al inexplicable desamparo que brinda al capital humano, en las organizaciones.

La auditoría de cuentas es de obligada aplicación en las empresas a partir de la Ley 19/1988. En cambio, a unas semanas de haber conmemorado el trigésimo aniversario de la Constitución del 78, todavía no existe en España una regulación específica de la auditoría laboral.

Grosso modo cabe definir la auditoría como una labor de investigación y verificación. La de cuentas, aplicada a la empresa, supone el examen de su estado contable y financiero. La laboral supondría un control que atañe a la legalidad (salarios, seguridad social,…), a la gestión (optimización de las políticas de RRHH,…), a los riesgos (prevención de riesgos laborales, absentismo…) y a las oportunidades (facilitando la conciliación de la vida laboral y familiar,…). Ella interesa, por este orden, a los propios trabajadores y  empresarios, a los poderes públicos, los agentes sociales y resto de integrantes del amplio y diverso ecosistema económico-financiero y social circundante.

Hoy más que nunca se demanda a la empresa que adopte actitudes sociales como la integración de los más desfavorecidos, la sostenibilidad y otras medidas de RSC. La auditoría laboral no sólo garantiza la paz social si no, además, trae consigo prosperidad y desarrollo.

Es preciso que los poderes públicos requieran para ella el mismo grado de exigencia en su observancia y cumplimiento, cuando no más, que para la de cuentas. ¿Acaso debe ser más importante un balance contable que la dignificación laboral de la persona?

Y en la actual coyuntura de crisis económica encontramos en la auditoría laboral una gran oportunidad, máxime si consideramos la incidencia de ésta (la crisis) en el ámbito laboral, entendido éste tanto desde su vertiente jurídico-contractual de relaciones laborales con el paro que está generando, como desde su otra faceta de gestión del capital humano de las empresas y organizaciones, con la pérdida de capital intelectual y humano que está provocando.

Sin lugar a dudas, implantar la auditoría laboral como obligatoria se presenta como una magnífica oportunidad sobre todo, para ciertos colectivos que velan por el respeto de las relaciones laborales como son los graduados sociales, los diplomados en relaciones laborales y los abogados, si consideramos a todos ellos en su potencial papel a la hora de asumir ser los auditores.

Pero también hay una más que interesante oportunidad para los colegios profesionales y asociaciones y colectivos profesionales, en especial a la hora de afrontar la necesidad que implicaría para las empresas, organizaciones y propios auditores, el tema de la formación. Y si vamos un poco más allá, podremos atisbar muchas más oportunidades, pensemos incluso, ante la posibilidad de fijar estándares de calidad y generar certificados de que las pymes cumplen y respetan la legalidad laboral (algo así como un sello de Galicia Calidade o Madrid Excelente, para las pymes) con los que testimoniar cara a los stakeholders (empresarios, trabajadores, proveedores, clientes, usuarios, etc…) que esa empresa está alineada en el cumplimiento del marco jurídico-laboral exigido a las organizaciones. Lo cual potenciaría la procura en la excelencia del tejido empresarial y, con ello, la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores. Sin lugar a dudas, estamos ante una gran oportunidad para todos, y de abrazar esta iniciativa, además sería un buen tanto que apuntarse para políticos y sindicatos. “Ahí la lanzo”, que se diría en mi tierra sisanteña.

Jose Ramón Moratalla Escudero
Director de Marketing de la editorial y portal Difusión Jurídica, de Grupo Difusión
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