La Ley de servicios sociales de Oltra es recurrida ante el TC por la Diputación de Alicante

La Diputación de Alicante que preside el Partido Popular mantiene su posición de total crítica a las políticas del Consell del Botánico, una actitud que ha llevado a la corporación provincial ha promover numerosas iniciativas judiciales contra las leyes del Gobierno valenciano. Se suma ahora otra. El Grupo Popular de la institución alicantina ha impulsado la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunitat, una de las disposiciones que emanan de la Conselleria de Igualdad que dirige Mónica Oltra, al entender que esta norma atenta contra la autonomía provincial y menoscaba las competencias y el presupuesto de esta institución. Se trata de una argumentación similar a la que se empleó al inicio de la legislatura para tumbar los intentos de la Generalitat de asumir las competencias en Turismo.

El recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat Valenciana fue presentado el pasado lunes 20 de mayo por el Grupo Parlamentario Popular en las Cortes Generales a petición de la Diputación de Alicante.

Esta decisión se ha adoptado después de que la Comisión Técnica creada con el fin de analizar y controlar cuanta legislación del Consell pueda afectar al interés de la provincia y el gobierno de la Diputación alertara de que esta norma «podría ser inconstitucional por atentar contra la autonomía provincial y por tratar de imponer y coordinar una financiación a las diputaciones sin que se les reconozcan competencias en materia social y sin que se haya dictado previamente una ley de coordinación», señalaron fuentes del PP.

El portavoz del Grupo Popular en la institución provincial, Carlos Castillo, explicó que con este recurso «no entramos a valorar el fondo de la norma, pero si rechazamos el nuevo intento del Consell de atacar a las diputaciones y su autonomía».

La normativa, para los populares alicantinos, al no reconocer competencias a las diputaciones sino meras «atribuciones» en materia de servicios sociales, impone unas «rígidas e imperativas directrices de coordinación» que incluyen financiación a cargo de los presupuestos provinciales, según subraya Castillo como uno de los motivos de posible inconstitucionalidad de la nueva norma. Además, apunta, la ley vulnera también la Constitución cuando impone la coordinación por parte de la Generalitat a la Diputación sin que previamente se haya dictado la ley prevista de coordinación que estable tanto el Estatut como la Ley de Régimen Local.

«Ximo Puig y Mónica Oltra tratan de tapar una vez más su mala gestión utilizando el presupuesto de la Diputación de Alicante», señaló Castillo, quien apuntó a que, según los cálculos realizados por los técnicos provinciales, esta nueva ley supondría para la institución provincial alicantina un coste anual de entre 14 y 16 millones de euros. Según se apunta en el recurso presentado, la ley atribuye competencias en materia de Servicios Sociales a la Generalitat y a los ayuntamientos, pero a las diputaciones únicamente les reconoce «atribuciones» (artículo 30 de la ley), un término jurídicamente nuevo.

El portavoz popular ha querido, finalmente, reiterar el compromiso de la Diputación de Alicante con los servicios sociales. Castillo recordó los 25 millones que la institución destina anualmente al mantenimiento del Hogar Provincial, el Doctor Esquerdo, el IAF Pedro Herrero, y la Teleasistencia, «a pesar de tratarse de competencias impropias» que corresponden a Generalitat.