Se agiliza el proceso de deportación de inmigrantes tras la aprobación de una polémica ley en Alemania

El parlamento alemán aprobó el pasado viernes un paquete de medidas que incluyen la aceleración y concreción de las deportaciones de inmigrantes con orden de expulsión y también facilidades para la incorporación al mercado laboral de trabajadores cualificados.

Con estas siete leyes migratorias, el objetivo del gobierno -compuesto por la UDC y la USD- sería «ordenar, controlar y limitar la inmigración».

No obstante, las críticas llegaron rápidamente y la iniciativa fue cuestionada por imponer sanciones y presuntamente desproteger a quienes necesitan asilo.

Con todo, después de semanas de agitación política por las elecciones europeas y de encuestas demoledoras para los partidos en el Gobierno, este paquete de medidas le permite al debilitado Ejecutivo alemán ofrecer un resultado material de su gestión.

Un total de 372 parlamentarios votaron a favor de la ley de deportación, mientras que 159 la rechazaron y 111 se abstuvieron.

«Quien no tenga derecho a quedarse debe abandonar el país», dijo el ministro del Interior, de la conservadora Unión Social Cristiana bávara (CSU), impulsora de la iniciativa.

Por otra parte, los Verdes y el partido de La Izquierda denunciaron que lo votado el viernes es un pasa atrás para los derechos fundamentales de los inmigrantes. «Un día negro para la democracia», sentenció una parlamentaria del partido ecologista.

La denominada ‘ley del retorno ordenado’ es la ley dentro del paquete que mayor polémica ha creado. Busca que las expulsiones se materialicen, ya que cerca de la mitad no se cumplen: unas 31.000 expulsiones programadas en 2018 no se efectuaron, frente a las 25.000 que sí se ejecutaron.

Ahora, la ley «elimina numerosos obstáculos prácticos a la deportación y aumenta las posibilidades de que las personas obligadas a dejar el país lo abandonen».

Las condiciones para la privación de libertad con vistas a la deportación se incrementan para incluir, por ejemplo, a personas consideradas peligrosas o que no cooperen en su identificación. La fecha de la deportación será secreta y se castigará a quien la desvele. La idea es que las personas que van a ser deportadas no desaparezcan un día antes de subir al avión.

El texto incluye, además, el recorte de beneficios sociales para aquellos a los que se les haya dado asilo en otro país de la Unión Europea, así como la opción de que de manera temporal se encierre a futuros deportados en prisiones, separados de presos comunes, hasta que se aumenten las plazas en centros especializados.

Los demandantes de asilo llamados «tolerados», es decir, los que a pesar de no haberse reconocido su solicitud estén integrados y tengan un trabajo estable, conozcan el idioma y no hayan tenido problemas con la justicia, recibirán un estatuto legal para su seguridad y la de sus empleadores.

Los beneficiarios podrán buscar trabajo en el país y quedarse no más de seis meses siempre que tengan la formación requerida, conozcan el idioma y tengan medios para mantenerse. La idea es coordinarse mejor con las agencias de empleo de los países de origen.

La ley de trabajadores calificados, otra de las leyes del paquete, permite la entrada de licenciados universitarios y aprendices de formación profesional que vengan a trabajar o a buscar empleo. El preámbulo explica que el desempleo nunca había sido tan bajo desde la reunificación y que hay cerca de 1,2 millones de puestos vacantes. Se elimina la lista de profesiones más demandadas y se amplía a cualquier empleo.

En un comunicado, el Consejo para la Migración, del que forman parte 150 académicos, criticó el paquete legislativo por considerar que implica «un deterioro para las personas que buscan protección».

«Básicamente impone sanciones y recorta beneficios. Esto no ayuda al reclutamiento de trabajadores cualificados ni refuerza la obligación de abandonar Alemania y, por supuesto, tampoco la integración de personas que se quedan a largo plazo», sostiene el abogado del Instituto Max Planck.