Hong-Kong se moviliza contra la «ley de extradición» que propone el gobierno

Los manifestantes se personaron ante la flamante oficina de enlace de la República Popular China (RPC) en Hong Kong -referente básico del poder que ejerce Pekín sobre Hong Kong- luciendo una vestimenta de presidiarios. El grupo se concentró frente al edificio con las manos encadenadas en consonancia con el lema de su convocatoria: «todos somos fugitivos».

Cada uno de los 20 estudiantes trataba de personificar uno de los hipotéticos delitos de los que podrán ser acusados los lugareños si se aprueba la nueva ley de extradición que apadrina la mayoría leal a Pekín en el parlamento local, que no objetaron en calificar como «diabólica».

La simbólica manifestación del sábado sirvió como precuela a la masiva manifestación a la que asistió este domingo la ex-colonia británica, que ha congregado a más de un millón de manifestantes según los organizadores, que esperaban reunir a, aproximadamente, la mitad; una movilización que recuerda a la llamada «Revolución de los Paraguas» de 2014, que, como ahora, tenía una misma fuente de inspiración: el resquemor de un significativo sector de la población local a la intensificación del control que ejerce Pekín sobre este territorio, en teoría autónomo.

La propuesta legislativa, mantenida por la principal dirigente local, Carrie Lam y la mayoría de legisladores afines a la administración liderada por el ejecutivo del gigante asiático permitiría extraditar al territorio continental a aquellas personas requeridas por la justicia leal a Pekín, lo que terminaría, en teoría, con el estatus político especial que se mantenía en Hong Kong.

«¡No a la ley diabólica! ¡No a la extradición a China!», vitoreaba la multitud a su paso por el centro de la ciudad.

Aunque los legisladores pro Pekín han asegurado que la propuesta no incluye delitos de naturaleza política y sólo se aplicaría a crímenes penados con más de siete años de cárcel, los activistas pro demócratas temen que una interpretación laxa de la ley ponga en riesgo a los disidentes o críticos del régimen chino que todavía acoge este enclave.

«Es una propuesta que asesta un golpe terrible contra el estado de derecho, contra la estabilidad y la seguridad de Hong Kong», opinó el pasado jueves el último gobernador británico de la plaza, Chris Patten.