La presunta estafa de 180.000 € que lleva a juicio a un abogado

La AP de Sevilla ha fijado para junio de 2020 el juicio contra un abogado que se enfrenta a 10 años de prisión por  presuntamente estafar 180.000 euros a una familia, a la que asesoraba en el impuesto de sucesiones tras el fallecimiento de su esposo y padre.

Según las acusaciones, el letrado les persuadió para que entregaran el dinero a un “experto” que les daría una rentabilidad de más del  25% en “operaciones de capital privado con garantía absoluta”.

La Sección Primera de la Audiencia ha fijado la vista oral para el 24 de junio de 2020. El tribunal ha admitido para el juicio la totalidad de las pruebas de la Fiscalía y las de la acusación particular, a excepción de un testigo al que considera reiterativo y del que no se justifica su “concreta necesidad”. En cuanto a las propuestas por la defensa del abogado, se admiten también salvo un testigo que el tribunal considera reiterativo.

El fiscal pide para el abogado una condena de tres años y medio de prisión por un delito de estafa y el mismo tiempo de inhabilitación profesional. Para su cómplice solicita tres años de cárcel.

La acusación particular eleva su petición para el abogado a ocho años de prisión por estafa, dos por falsedad en documento privado y añade un tercer delito contra la Administración de Justicia en su modalidad de deslealtad profesional, por el que reclama 43.200 € de multa y cuatro años de inhabilitación como abogado.

Según las acusaciones, el letrado convenció a los denunciantes para invertir los 180.000 euros que obtuvieron de la liquidación de la herencia en “inversiones de toda confianza”, habida cuenta de que la persona con la que iban a realizar la operación era “un experto de su absoluta confianza”.

A tal efecto les presentó en enero de 2012 al segundo acusado, quien “aportaría una serie de inmuebles que pasarían a ser propiedad de los denunciantes en caso de que no se devolviese el principal más los réditos”. Más concretamente, se atribuyeron dos pisos y dos fincas rústicas pero los documentos aportados “eran completamente falsos o carentes de todo valor”.

La inversión “nunca se recuperó” pese a que a lo largo de cinco años los denunciantes “recibieron continuas promesas de devolución» y el abogado les solicitaba que no interpusieran denuncia “porque se iba a arreglar todo”.

Los afectados entienden que “el engaño se perpetuó” mediante la denuncia criminal entablada por el abogado contra su cómplice en nombre de la viuda, a la que juró que con este proceso se le devolverían sus cantidades.

El pleito finalizó en un juicio en la Sección Primera de la Audiencia donde se llegó a un acuerdo de conformidad “absurdo y absolutamente falto de sentido” ya que el letrado concedía al acusado “un dilatadísimo plazo para la devolución del dinero y le eximía del pago de las costas, algo realmente insólito” y la pena acordada “resultaba ridícula”, además de “no poner inconveniente alguno a la suspensión inmediata de su ejecución”.

Con esta maniobra, presuntamente, dilataba el plazo para la devolución del dinero y “blindaba su posición ante quienes eran sus clientes, haciéndoles creer que como acusación particular estaba de su parte e iba a proteger sus intereses”.