El Congreso ratifica aplazar a 2013 la entrada de nuevos dependientes y el permiso de paternidad

El Pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado el decreto ley de medidas urgentes de orden económico y social, así como de corrección del déficit público, que contempla la ratificación del aplazamiento a 2013 tanto de la entrada de dependientes moderados al Sistema Nacional de Dependencia (SAAD) como de la ampliación del permiso de paternidad a un mes, y que también recoge una reducción del presupuesto de RTVE en 200 millones de euros y de las subvenciones y préstamos en I+D+i en 600 millones.

Estas medidas, que han sido respaldadas en el Congreso con los votos del PP y CiU, fueron aprobadas el pasado 30 de diciembre por el Consejo de Ministros y forman parte del paquete de "ajustes", ya en vigor, por el que el Gobierno "popular" pretende conseguir una reducción del gasto en 8.900 millones de euros y un incremento de ingresos de 6.275 millones de euros.

Así, en materia social, se aplazará a 2013 la introducción de nuevas categorías de beneficiarios de la Ley para la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia al SAAD, en concreto se trata de los "dependientes moderados" (Grado 1, nivel 2) que, de acuerdo calendario de aplicación de la ley, aprobada en 2006, debían beneficiarse de estas prestaciones a partir de 2012.

UN RETRASO MÁS PARA EL PERMISO DE PATERNIDAD

Por otro lado, dentro de las medidas de reducción de gasto, el Gobierno del PP ha decidido postergar al 1 de enero de 2013 la ampliación a un mes del permiso de paternidad, una "promesa socialista" en la Ley de Igualdad que quedaba pendiente y que el PP vuelve a posponer así por segundo año consecutivo, por falta de disponibilidad presupuestaria.

De esta manera, el argumento del PP es el mismo que en su día alegó el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero para posponer hasta enero de 2012 la entrada en vigor del permiso de cuatro semanas: la crisis económica y la falta de recursos.

MENOS DINERO PARA RTVE Y LA I+D+i

Asimismo, se ha previsto aprobar una disminución del presupuesto destinado a RTVE de 200 millones de euros, aunque todavía se desconoce si ese recorte se aplicará en el montante que cada año aporta el Estado vía presupuestos a la corporación (alrededor de 550 millones de euros) o supondrá también una reducción en el techo de gastos de RTVE, de 1.200 millones de euros a 1.000 millones de euros.

Además, un año más la I+D+i española se verá afectada por los ajustes, como ya sucedió en 2008 con el Gobierno del PSOE, y sufrirá un recorte de 600 millones de euros en las subvenciones y en los préstamos, mediante la ratificación de este real decreto ley para la reducción del gasto.

MONTORO: "NO MERMAN NINGÚN DERECHO SOCIAL"

Durante su intervención en el debate de convalidación del decreto ley, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha insistido en que estas medidas "no merman ningún derecho social" y sí piden un "mayor esfuerzo" a los que más tienen.

Además, ha remarcado que las medias relativas a Dependencia y Renta Básica de Emancipación no perjudican a los actuales beneficiarios y tan sólo "aplazan" la entrada de nuevos prestatarios.

En este sentido, ha apuntado que la mitad de esa recaudación irá a las comunidades autónomas, con la intención de satisfacer la "necesidad perentoria" de financiar los servicios públicos, como son la educación o la sanidad, entre otros.

EL PSOE, CONTRARIO A RECORTES SOCIALES

Por su parte, el portavoz socialista en el Congreso, José Antonio Alonso, ha insistido en varias ocasiones su petición al Gobierno de que garantice y no recorte el presupuesto en las comunidades autónomas destinado a la sanidad pública, la educación y los servicios sociales básicos.

Así, se ha mostrado en contra de la reducción de los capítulos de "I+D+i y de Educación". A su juicio, ahí está el futuro y ahí no debería recortarse "ni una peseta", por lo que le ha pedido a Rajoy que los mantenga. "Y qué les voy a decir del aplazamiento de la Ley de Dependencia, es injusto y sobre todo para las comunidades autónomas, que son quienes atienden", ha apostillado.

Desde Amaiur, el diputado navarro, Sabino Cuadra, ha señalado que este paquete de medidas es un "gran fraude social y fiscal" y afecta a los que menos tienen, además de conducir a un "deterioro" de los servicios publicos sanitarios y educativos.

Por parte del PNV, Pedro Azpiazu ha criticado que se hayan reducido las prestaciones en I+D+i con la aprobación de este paquete de medidas de reducción de gasto que, en su opinión, es "fundamental" para salir de la crisis.

De igual forma, Cayo Lara, de IU, ha criticado el "recorte" de 600 millones de euros en I+D+i que, en su opinión, es "crucial" para la salida de la crisis y para avanzar hacia el "necesario cambio de modelo productivo".