La mitad de las quejas de los ciudadanos es por la lentitud de la Justicia
La mitad de las quejas de los ciudadanos es por la lentitud de la Justicia
El abogado penalista Víctor Ávila, con despacho propio en Madrid. (Imagen: E&J)
Casi la mitad de las quejas y reclamaciones que los ciudadanos presentan por el funcionamiento de los tribunales son por la falta de una Justicia ágil y tecnológicamente avanzada y se refieren especialmente a los Registros Civiles, donde los tiempos de espera son muy elevados.
Así lo ha admitido hoy el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, que ha comparecido esta mañana en la comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para exponer la Memoria del Poder Judicial correspondiente al año 2010 que refleja, entre otros datos, el ingreso anual de más de 9,3 millones de asuntos en los órganos judiciales españoles.
Dívar ha dicho que, aunque las quejas por el funcionamiento de los tribunales descendieron en 2010 un 11% respecto al año anterior, casi la mitad, 5.347, se referían a la lentitud de la Justicia.
«Las reclamaciones relacionadas con deficiencias de diversa naturaleza en los Registros Civiles son muy elevadas», ha admitido a continuación el presidente del CGPJ, que ha añadido que los tres primeros motivos de queja respecto de estos órganos «siguen siendo los tiempos de espera, la insuficiencia de la plantilla y la del horario».
Estos tres tipos de queja, sumados, «acaparan el 50% de los motivos de reclamación», ha dicho.
Exigela creación de plazas juduciales
Dívar ha hecho un llamamiento al Gobierno central y a los Ejecutivos autonómicos para que acometan un «esfuerzo coordinado» en la creación de plazas judiciales y ha ofrecido su colaboración para que los recursos se asignen de manera «eficiente» y «fructífera» a tenor de las pautas de austeridad que exige la situación económica.
El presidente del Consejo ha recordado el incremento de nuevas plazas judiciales llevado a cabo en los últimos años, si bien ha precisado que 15 unidades están pendientes de entrar en funcionamiento en la Comunidad Valenciana. «En 2011 no se ha creado ninguna de las 150 previstas, lo que supone un gran obstáculo en el camino de la reforma de la Justicia y en la adecuación de su estructura y necesidades reales», ha añadido.
Ha recordado que los integrantes de la 62 promoción de la Escuela Judicial están pendientes de incorporarse a 50 unidades judiciales el próximo marzo y ha reclamado al Ministerio de Justicia que elabore un plan de creación de juzgados para los próximos tres años. A su juicio, es necesario dotar de continuidad a la convocatoria de pruebas selectivas para el ingreso en la carrera judicial.
Dívar ha destacado que la creación de órganos judiciales es «esencial» para avanzar en el ajuste de la ratio de jueces por habitante y acercarse a la media de la Unión Europea, donde hay aproximadamente 14 magistrados por 100.000 habitantes frente a los 10 registrados en España. La escasez de recursos debe, en su opinión, llevar aparejada un «replanteamiento» y una «colaboración más estrecha» con el Consejo, «que conoce la realidad judicial» de cada territorio.
Después de recordar que el año pasado se cerró sin la creación de órganos judiciales y siendo consciente del «esfuerzo presupuestario» que conlleva su petición, ha hecho hincapié en la necesidad de que la gestión sea eficiente para maximizar los recursos. Ha recordado que las memorias anuales de los Tribunales Superiores de Justicia cifraron en 249 el número de unidades judiciales que se deben constituir.
Crisis económica en la Justicia
Dicho esto, ha hecho mención a las dificultades de los magistrados para conciliar la vida familiar y laboral, así como a la repercusión que ha tenido la crisis económica en la Administración de Justicia. Los datos revelan que los tres primeros trimestres de 2011 se saldaron con un aumento del 11,7% en el número de concursos presentados, respecto al mismo periodo del año anterior.
Dívar también ha aludido a la «política de transparencia y el respeto al derecho fundamental de acceso en condiciones de igualdad» en la provisión de plazas de carácter discrecional, así como a las quejas y denuncias tramitadas por la Comisión Disciplinaria.
Justicia igual para todos
Según los datos reflejados en la Memoria, la Comisión Disciplinaria del CGPJ abrió un total de 952 informaciones previas a jueces durante 2010, de las cuales se derivaron sólo 47 expedientes disciplinarios, 25 menos que en el ejercicio anterior.
A este respecto, ha querido diferenciar las informaciones previas de los expedientes y ha explicado que sólo 41 de éstos últimos acabaron en sanción, lo que representa menos del 1% de los miembros de la carrera judicial.
Por otra parte, el presidente del CGPJ ha solicitado la creación de juzgados especializados para garantizar el acceso en condiciones de igualdad a las personas que padecen algún tipo de discapacidad. «La Justicia debe ser igual para todos», ha añadido.
Asimismo, se ha referido a los datos del Observatorio de Violencia Doméstica y ha emplazado a las mujeres que son «atacadas y maltratadas» a denunciar su caso. «Siempre cuando haya posibilidades de corrección, no cuando tengamos que lamentar situaciones definitivas que, ciertamente las lamentamos y recordamos aquí en el Congreso a las mujeres fallecidas por la violencia de género».
Ley de Enjuiciamiento Criminal
Finalmente, ha aludido a las reformas legislativas que tienen pendientes de aprobar las Cortes Generales y, entre las que ha citado, la ley que regula la creación de tribunales de instancia u otras «tan esperadas» como la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. Con todo, ha ofrecido la «leal» colaboración «técnica e institucional» del Consejo.
«Son inaplazables determinadas reformas procesales urgentes de todos los órganos jurisdiccionales que admitan la reducción de la litigiosidad, la desjudicialización de determinadas materias en que no esté en juego la tutela judicial y que permitan suprimir y agilizar trámites innecesarios y colaboren así a la reducción de la exagerada duración de los procesos judiciales, sin perjuicio de las garantías fundamentales», ha concluido. (Europa Press)