Conflicto entre ICAM, CGAE y las firmas que proponen prestar asistencia jurídica tras la crisis provocada por el Covid-19. Cronología de lo sucedido

La irrupción del Covid-19 en nuestro país ha creado un nuevo escenario en el que el sector de la abogacía desempeña un papel fundamental. En este marco, muchos son los bufetes que, en aras de aportar soluciones en un momento crítico, han anunciado la prestación de asistencia jurídica gratuita. Esto ha sido duramente criticado por las asociaciones de abogados, desde el ICAM hasta el CGAE, al entender que vulnera el Código Deontológico de la Abogacía.

A priori, lo sucedido es explicable si atendemos al artículo 6 del Código Deontológico de la Abogacía Española, que reza lo siguiente:

“La publicidad no podrá suponer:

La oferta de servicios profesionales, por sí o mediante terceros, a víctimas directas o indirectas de catástrofes, calamidades públicas u otros sucesos que hubieran producido un número elevado de personas afectadas y a sus herederos y causahabientes, en momentos o circunstancias que condicionen la elección libre de Abogado y, en ningún caso, hasta transcurridos 45 días desde el hecho. Tampoco podrá dirigirse, por sí o mediante terceros, a quienes lo sean de accidentes o infortunios recientes, o a sus herederos o causahabientes, que carezcan de la plena y serena libertad de elección. Estas prohibiciones quedarán sin efecto en el caso de que la prestación de estos servicios profesionales haya sido solicitada expresamente por la víctima.”

El citado artículo viene a prohibir la captación de clientes y la búsqueda de negocio en tiempos de crisis, algo que, parece más que loable.

La cuestión a dirimir sería, entonces, la siguiente:

¿Estamos ante una táctica comercial abusiva o ante un ofrecimiento altruista?

Lo que defienden las firmas afectadas, entre las que destacan Cremades & Calvo-Sotelo, Ecija, Broseta y Ontier, es que se trata ante un ofrecimiento totalmente licito, que busca reforzar los derechos de los afectados por esta devastadora crisis.

Lo que acabaría con todas las suspicacias sería que dichas firmas se sometieran proactivamente a la supervisión de su respectivo colegio de abogados, lo que acallaría cualquier resquicio de duda ante lo sucedido.

De igual modo, cabe mencionar que la norma, como casi siempre, cuenta con indeterminaciones en su redacción, que imposibilitan un posicionamiento claro ante la supuesta infracción. Además, la falta de precedente de un caso similar dificulta, si cabe, una interpretación precisa. Serán los distintos colegios e instituciones oficiales las que resuelvan el entuerto creando una solución ad hoc, y generando un caso del que partir, extensivo para situaciones análogas en el futuro.

Posicionamiento del ICAM

La propia Junta de Gobierno del ICAM allanó el terreno de la polémica con un comunicado emitido el pasado viernes 3 de abril, en el que deslizaba un posible quebrantamiento, tanto del artículo 25 del Estatuto de la Abogacía Española como del ya mencionado artículo 6 del Código Deontológico de la Abogacía Española.

El conflicto, si existe, se agravó, ya que el comunicado es especialmente severo. Textualmente, califica las supuestas prácticas infractoras como “especialmente repugnantes”. Más tarde, el CGAE siguió la tendencia marcada por el ICAM, al tachar dicha actividad como “irresponsable publicidad de sus servicios profesionales cuyos destinatarios son precisamente las personas afectadas por el virus”.

Turno de oficio, el gran agraviado

La Asociación de Letrados y Letradas por un Turno de Oficio Digno (ALTODO) reconoce la necesidad de orientación pública por parte del ciudadano, y más en momentos de especial necesidad.

ALTODO subraya, que muy lejos de reforzar el servicio público de justicia gratuita a través del Turno de Oficio, el ICAM ha organizado una “lista de voluntarios” para asesorar a PYMES y autónomos, lo que supondría relegarlos a un segundo plano en un momento donde su figura, entienden, tendría que verse reforzada.

Obviamente el posicionamiento del Turno de Oficio, del que conocemos sus constantes reivindicaciones, ha apuntalado este conflicto, pues entienden que el posicionamiento del sector privado ofreciendo asistencia gratuita puede relegarlos, definitivamente, a un segundo plano.

El conflicto no ha hecho más que empezar

El Consejo General de la Abogacía Española, del que también recela cierto sector del ramo, parece enfatizar su lucha contra supuestas tácticas comerciales antijurídicas. Mientras tanto, las distintas firmas afectadas, dejando a un lado si han cometido algún tipo de infracción, han visto coartada su capacidad para ofrecer asistencia jurídica gratuita en un momento acuciante.

Los distintos colegios de abogados y el CGAE examinarán a partir de ahora cualquier práctica supuestamente infractora, lo que previsiblemente puede crear un escenario de suspicacias y tensiones entre bufetes y las distintas instituciones gremiales.