El Tribunal Supremo retiene unos 20.000 millones de euros en litigios pendientes

Unos 20.000 millones de euros están retenidos pendientes de una decisión del Tribunal Supremo (TS). Es la cantidad aproximada que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha cifrado y que están en el Alto Tribunal a la espera de una resolución y que de tener una administración de Justicia más rápida «se podrían haber convertido en inversión productiva».

Pese a que el ministro no ha puesto ejemplos sobre qué asuntos retienen más cantidades ni a qué jurisdicciones afectan, sí que ha explicado que hacen referencia a «litigios judiciales entre particulares o entre particulares y la Administración» y ha defendido una actuación «rápida y enérgica» de la Justicia ya que sus consecuencias «nos perjudican a todos».

También ha indicado que sólo en la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que trata asuntos contenciosos administrativos, se tienen litigios que han paralizado unos 6.000 millones de euros.

Ruiz-Gallardón ha hecho esta reflexión en una conferencia en la sede del Círculo de Economía de Barcelona en la que ha defendido una reforma «global» de la Justicia como uno de los motores de recuperación económica para salir de la crisis.

En este sentido, el objetivo de la reforma sería subir en el ránking de la seguridad jurídica ya que actualmente España está en el puesto 63 cuando es la decimosegunda potencia mundial.

Para ello quiere modificar el actual sistema de justicia que «está pensado para el modelo agrario del siglo XIX».

El ministro quiere mejorar el modelo de gestión con la creación de Tribunales Colegiados de Instancia que supere la división en juzgado unipersonales distribuidos por partidos judiciales. Además, quiere potenciar la especialización de los jueces e implantar de forma eficaz la oficina Judicial, de la que reconoció que en los últimos años se han realizado numerosas inversiones sin apenas resultados óptimos.

Otra transformación propuesta por el ministro está en el retorno a lo aprobado en la Constitución sobre la composición del Consejo General del Poder Judicial ya que se quiere evitar que los ciudadanos «tengan la sensación de que es una prolongación de las urnas».

En este sentido se pretende volver al modelo de que 12 de los 20 componentes sean elegidos por jueces y magistrados y los 8 restantes «por consenso entre todas las fuerzas políticas» que «no es lo mismo que cada partido escoja a los suyos».

Finalmente, ante un auditorio compuesto en su mayoría por empresarios catalanes, Ruiz-Gallardón ha defendido la mediación y el arbitraje como forma de disminuir la carga de trabajo de litigios en los juzgados y destacó que las tasas judiciales, que se aplicarán principalmente en los recursos, servirán para sufragar los gastos de la justicia gratuita. (elMundo)