José María Alonso: «Se ha obviado de manera descarada a la Abogacía»

En momentos como el actual, cada uno de los colectivos mermados por la devastación de la crisis requieren de figuras con la autoridad suficiente para arrojar luz, ser foco y guía, entre el desasosiego. Nuestro sector es el de la Abogacía y D. José María Alonso, decano del ICAM, tiene auctoritas. Por ello hemos procedido a entrevistarle.

D. José María Alonso, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid

En primer lugar, nos gustaría que nos ofreciera una reflexión general acerca la actual situación marcada por la pandemia, no referida al sector de la abogacía, sino a la sociedad y situación económica en su conjunto.

Nos falta perspectiva para hacer un análisis de los daños ocasionados por esta tragedia porque, por desgracia, se atisba su final pero aún no se conoce con certeza cuándo cesarán las infecciones y las muertes. No cabe duda de que las epidemias, también en pleno siglo XXI y golpeando por entero al planeta, son un espejo para la sociedad, terminan reflejando con crudeza quién vive y quién muere, por qué, y nos obligan a cambiar como personas la relación con el entorno, con nuestros semejantes y con las organizaciones. Apenas estamos interiorizando este proceso. El debate sobre ‘el día después’ apenas acaba de iniciarse.

Ahora sí, ¿cómo cree que afectará la interrupción de la actividad en el sector de la Abogacía?

Yo no concluiría que la Abogacía ha interrumpido su actividad o ha hecho un paréntesis en la prestación de servicios. Es un hecho que, en pleno estado de alarma, la economía se ha frenado en seco. Sin embargo, de un lado los compañeros y compañeras del turno han prestado un servicio constante y vital para que el Estado de Derecho no quede en suspenso o limitado en su alcance. Y ha sido dando cobertura a todos y cada uno de los ciudadanos que lo han demandado. De otro, nos hemos seguido debiendo a nuestros clientes, día a día, más allá de que los despachos hayan permanecido físicamente cerrados y haya sido ineludible el teletrabajo, cuyo significado cambiará por completo a partir de ahora. Aún digo más: la litigiosidad en los tiempos que inmediatamente vienen va a ser alta, y desde luego el papel del abogado va a ser fundamental en la reconstrucción social y económica del país.

«La litigiosidad en los tiempos que inmediatamente vienen va a ser alta»

¿Considera que nuestro sector va a encontrar serias dificultades económicas a medio-largo plazo o que se restablecerá la normalidad en un plazo moderado de tiempo?

Sería ingenuo pensar que la recuperación en la facturación de los despachos se va a producir de forma súbita o en el más corto plazo. La erosión ha sido muy fuerte y, por tanto, recuperar los niveles operativos anteriores a la crisis, costará. Lanzar un mensaje en sentido contrario sería poco realista y añadiría una forma de ansiedad que poco o nada ayuda.

«Recuperar los niveles operativos anteriores a la crisis, costará»

Tanto letrados como clientes vaticinan un colapso de juzgados y tribunales, consecuencia lógica de la suspensión de plazos e interrupción de la actividad. ¿Qué medidas cree que serían las idóneas al efecto de paliar tal situación?

Proponemos una actuación urgente, decidida y dotada de la inversión necesaria, para acometer de forma decidida problemas que ya eran estructurales en nuestra Administración de Justicia y que la suspensión de la actividad por la pandemia no ha hecho sino agravar. Es el momento de impulsar la transformación de una situación preexistente absolutamente insatisfactoria. Para ello, resultan imprescindibles reformas procesales que eliminen trámites innecesarios o simplifiquen los procesos siempre que no perjudiquen el derecho de defensa, que habrá de contar con una Ley Orgánica reguladora. La Justicia requiere inversiones en medios e infraestructura, especialmente potenciando la tecnología que permita hacer realidad el expediente electrónico, las comunicaciones virtuales con juzgados y tribunales y la gestión adecuada de los conflictos. Por último, es el momento de llevar a cabo una verdadera revolución en la organización y gestión de nuestro sistema judicial siendo imprescindible la presencia y representación de la Abogacía en todas las comisiones territoriales y órganos de gobierno.

«Es el momento de llevar a cabo una verdadera revolución en la organización y gestión de nuestro sistema judicial»

En lo que atañe al ICAM, ¿qué medidas se han aplicado y se pretenden aplicar para paliar los devastadores efectos de la pandemia?

En el Colegio, desde la aprobación del estado de alarma, incluso días antes, actuamos con el máximo sentido de la urgencia y de la eficacia para conseguir que la Institución pudiese seguir cumpliendo con sus funciones y pudiese seguir siendo útil a compañeros y compañeras, porque ése ha sido mi objetivo y mi obsesión durante toda la legislatura. Todos y cada uno de los departamentos se han orientado a prestar servicios telefónicos o telemáticos a colegiados y ciudadanos. El área de formación está viviendo un momento de transformación espectacular, orientada ésta a la implantación de sistemas online no provisionales, sino que están llegando para quedarse. Al tiempo, a través de la Fundación Cortina, incardinada en la estructura colegial, se va a poner a disposición de los compañeros y compañeras que atraviesen por una situación especialmente vulnerable ayudas económicas directas que les permitan salir adelante de la mejor manera posible. Un drama de esta naturaleza hemos de salvarlo unidos: es la única forma de presentarnos, lo antes posible, reforzados.

«Un drama de esta naturaleza hemos de salvarlo unidos»

Recientemente el Ministerio de Justicia ha declarado hábil el mes de agosto en nuestra actividad para, precisamente, intentar no colapsar los juzgados y desatascar los plazos procesales. Nuestro CGAE se ha opuesto a tal medida. ¿Qué opinión le merece esta medida?

Hemos sido claros. Hemos manifestado, desde la Junta de Gobierno del ICAM, nuestro más firme rechazo a esta medida de declaración de habilidad para las actuaciones judiciales en agosto. Entre otras razones, porque ha sido adoptada sin el consenso del grupo más numeroso de los que conforman los operadores jurídicos y con grave perjuicio para los profesionales de la abogacía y sus familias, a quienes se niega el derecho al descanso y a la conciliación de la vida personal y familiar. Lisa y llanamente, se ha obviado de manera descarada a la Abogacía: como profesionales indispensables para el correcto funcionamiento de la Administración, ostentamos el derecho al descanso. Pero es que además esa medida resultaría a la postre ineficaz a los fines pretendidos ante la imposibilidad de practicar las actuaciones judiciales en esos días por la ausencia por vacaciones del Juez, Fiscal, Letrado de la Administración de Justicia,  testigos, peritos… Nuestra oposición, en definitiva, es tajante.

«Se ha obviado de manera descarada a la Abogacía»

También le queríamos preguntar sobre el conflicto acaecido entre distintos colegios de abogados, como el ICAM, y los despachos que han prestado asesoramiento jurídico gratuito, hecho por el cual el ICAM emitió un comunicado señalando tal praxis. ¿Este conflicto tiene visos de resolverse? ¿Propone algún cambio en nuestro código deontológico para evitar tales prácticas, además de las ya existentes? En general, ¿qué opinión le merece todo lo acontecido en torno a esta cuestión?

Desde el Colegio, hemos recordado que el artículo 25 del vigente Estatuto de la Abogacía Española y el artículo 6 del Código Deontológico proscriben aquellas prácticas publicitarias que atenten contra la dignidad de la profesión, que inciten al pleito y que se dirijan, por sí o mediante terceros, a víctimas directas o indirectas de catástrofes, calamidades públicas u otros sucesos que hubieran producido un número elevado de personas afectadas y a sus herederos y causahabientes, en momentos o circunstancias que condicionen la libre elección de abogado. Y nos ha parecido especialmente oportuno hacer este recordatorio en situaciones como la que vivimos, la de una sociedad que ha sido azotada cruelmente por una pandemia que por desgracia se prolonga en el tiempo. No podemos sino rechazar aquellas conductas publicitarias de abogados o despachos que pretenden sin reparo alguno buscar rédito con provecho del sufrimiento de sus potenciales clientes y con desprecio de las normas y principios deontológicos que vinculan y obligan a los profesionales de la abogacía. Por otra parte, el Colegio tiene establecido el Servicio de Orientación Jurídica, que desde hace años presta asistencia gratuita a todos los ciudadanos que lo necesitan y demandan.

«No podemos sino rechazar aquellas conductas publicitarias de abogados o despachos que pretenden sin reparo alguno buscar rédito con provecho del sufrimiento de sus potenciales clientes»

Por último, teniendo en cuenta que se sitúa en el ecuador de su mandato como decano del ICAM, además de desearle mucha suerte, nos gustaría preguntarle sobre los retos que aún quedan por consumar. ¿Cuáles son sus prioridades hasta 2022? ¿Se siente satisfecho teniendo en cuenta el plan previsto en su mandato, cree que se han materializado sus objetivos?

En su día, señalamos que el programa electoral adquiría para nuestra candidatura la forma de un contrato con los compañeros y compañeras. Estamos alcanzando la mitad del mandato. Todo es mejorable, sin duda. Pero el grado de satisfacción es muy alto. Hemos sacado adelante en torno al 70% de los proyectos y las iniciativas que tuvieron el respaldo mayoritario de colegiados y colegiadas. Precisamente la crisis de la Covid-19 y sus efectos nos han llevado desde hace dos meses a replantear formas de trabajo y de organización. Pero la capacidad de adaptación es un elemento crucial para las organizaciones en la consecución de objetivos y resultados, y en la propia búsqueda del éxito. En ello estamos, y desde luego con la ilusión del primer día no sólo conservada sino aumentada. En la salida de toda crisis hay que saber identificar los elementos de estímulo y de oportunidad. No tenemos un segundo que perder.

«El grado de satisfacción es muy alto»