Gallardón defiende el papel protagonista del fiscal en la instrucción penal

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha defendido que «no pueden existir diferentes formas de acceso a la Justicia en función de la capacidad adquisitiva» de cada ciudadano, por lo que existirán «precios públicos» cuando se tramite un procedimiento por diferentes operadores jurídicos. Además, se ha comprometido a reformar el régimen disciplinario y la regulación de las categorías de los secretarios judiciales.

Así se ha pronunciado en la clausura de las XXVI Jornadas Nacionales de la Fe Pública Judicial, que han reunido durante tres días a más de 250 secretarios en la ciudad de Pontevedra y han sido organizadas por el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales.

«Tengo que decir que en aquellos supuestos en los que se establezca el régimen de alternatividad habremos de establecer precios públicos porque lo que tiene que quedar claro es que no pueden existir diferentes formas de acceso a la Justicia en función de la capacidad adquisitiva», ha dicho Ruiz-Gallardón, quien ha elogiado la «generosidad» que demuestran los secretarios judiciales al mostrarse dispuestos a compartir funciones con otros operadores jurídicos.

Fuentes del Ministerio han explicado que los aranceles o costes serán «mínimos» para garantizar el acceso a la Justicia de todos los ciudadanos y evitar desigualdades entre ellos. En todo caso, una comisión de expertos trabaja en la elaboración de la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria que otorgará mayores competencias a notarios, registradores y secretarios judiciales y descargará de trabajo a los jueces y magistrados.

Papel protagonista del fiscal

Durante su intervención, Ruiz-Gallardón ha hecho también mención a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la que el Ministerio Fiscal tendrá un «papel protagonista» mientras que el secretario judicial estará presente como fedatario público usando las nuevas tecnologías.

El Ministerio ha convocado el próximo 28 de junio a las asociaciones de secretarios judiciales. En este sentido, el titular de Justicia se ha comprometido a «acabar de una vez por todas con la disparidad del régimen disciplinario» de los secretarios judiciales con respecto al de otros profesionales, como son los jueces y magistrados, así como a cambiar la regulación de su sistema de categorías.

El ministro ha calificado al secretario judicial como el «motor» del cambio de modelo de la Administración de Justicia al ser un instrumento «absolutamente determinante» y un colectivo altamente cualificado.

Reivindicaciones de secretarios judiciales

Por su parte, el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales (CNSJ) ha mostrado la disposición de los fedatarios públicos de compartir competencias con otros operadores jurídicos, como son notarios y registradores, siempre que haya «un régimen de alternatividad» en los procedimientos que queden fuera de la «estricta» esfera de los jueces y magistrados.

Entre las conclusiones acordadas en su congreso anual, el Colegio ha hecho referencia a la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria, que mantendrá en el conocimiento de los jueces los asuntos que afecten a menores, incapacitados o derechos fundamentales.

«En la actual coyuntura económica, se precisan mecanismos que generen competitividad y dinamismo social y económico», han destacado los secretarios judiciales, para considerar admisible la intervención de otros operadores jurídicos, siempre que ello sea en «régimen compartido y de alternatividad» con ellos.

En su discurso de clausura, el presidente del CNSJ, Rafael Lara, ha situado la «sostenibilidad y la profesionalización» como las vías de progreso del sistema judicial. Dicho esto, ha propuesto la introducción de «sistemas multipuerta en los que, como una justicia de atención primaria», los secretarios judiciales asesoren a los ciudadanos sobre la vía más efectiva para solucionar su caso.

Defensa de las tasas y depósitos en primera instancia

Por otra parte, el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales ha defendido la implantación de un sistema de tasas y depósitos para aquellos que acuden a la Administración de Justicia, con la «sola excepción de quienes carezcan de recursos para litigar». «Tasas y depósitos que deberían ser de menor impacto en la primera instancia, y con mecanismos de retorno en la segunda instancia, cuando la decisión sea favorable al recurrente», considera.

El colectivo ha hecho un llamamiento al Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas con las competencias transferidas para que culminen el proceso de implantación de la Oficina Judicial y la completen con la creación de tribunales de instancia y de la Oficina Judicial.

Para finalizar su discurso, el presidente del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales ha hecho hincapié en que estos profesionales están «preparados» para asumir «con generosidad» nuevos compromisos y ser «el trampolín de una nueva estructura reformada, audaz, eficaz y responsable».

En el acto han estado presentes el vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Antonio Dorado, el consejero gallego de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, Alfonso Rueda, y el presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán. (EuropaPress)