A la espera del borrador del anteproyecto de ley de eficiencia procesal

A finales de mayo, Borjas Vargues, Secretario General para la Innovación y Calidad del Servicio público de Justicia, y Concepción López-Yuste, Directora General para el Servicio Público de la Justicia del Ministro de Justicia, mantuvieron una reunión vía telemática, con las cuatro asociaciones judiciales (Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Asociación Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente) y las tres de fiscales (Asociación de Fiscales, Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales) para informar sobre los planes de desescalada para la Administración de Justicia, para prevenir sobre el alzamiento de los plazos administrativos del pasado lunes 1 de junio y de los procesales en la jornada de ayer, y con ello, responder a las posibles preguntas y dudas que le formularan los representantes de estas.

Asimismo, para garantizar la deseada vuelta a la “nueva normalidad” en la Administración de Justicia, se les recomendaba no cargar en exceso las agendas de señalamientos, y se les aseguraba la adecuada protección de todo el personal, tanto profesionales como público en general, en las sedes judiciales y fiscales.

Llamativamente, y como así consta en el comunicado emitido en aquella reunión organizada por el Ministerio, en la primera semana de junio se pretendía presentar un anteproyecto de ley de eficiencia procesal, en el que, entre otras medidas, había “una apuesta decidida por los medios alternativos de solución de conflictos”. En relación a esto último, recientemente, el Ministro Juan Carlos Campo, tanto en una videoconferencia celebrada en el Consell de l’Advocacia Catalana, como durante una de las sesiones de control al Gobierno en la Cámara Alta, se pronunciaba en la misma línea, subrayando su compromiso, apoyo y apuesta firme por estos métodos extrajudiciales de resolución de conflictos (mediación, arbitraje, justicia restaurativa, etc), que rebajarían los altos niveles de litigiosidad existente en España, descongestionarían la carga de trabajo de los tribunales y beneficiarían a los ciudadanos, al gozar estos recursos de las ventajas de mayor agilidad en su decisión y menor coste económico y personal.

Pero, por otro lado, ya terminando la primera semana de junio, no cabe otra que preguntarnos: ¿dónde está el prometido borrador de anteproyecto de ley de eficiencia procesal?, ¿cuándo llegará la regulación de las esperadas medidas tecnológicas y de agilización?, ¿cómo será el sistema de cita previa y videoidentificación? Muchas preguntas, pocas respuestas y además, el próximo martes, nuevo escenario: la Administración de Justicia pasará a la fase 3, en la que está prevista la incorporación a los centros de trabajo del 100% de los efectivos en turnos de mañana y tarde.