La Administración trasnochada: crónica de la anormalidad de la Administración de Justicia

• La crisis del COVID-19 ha supuesto un vuelco a la sociedad. Aquellos sectores menos preparados se han visto – y se verán – especialmente afectados por la crisis sanitaria.  La crisis en la Administración de Justicia tiene poco que ver con el coronavirus. Tiene su propia crisis, una crisis crónica, sin vacuna aparente

¿Cuáles son, a mi juicio, los mayores problemas de la Administración de Justicia?

En primer lugar, los medios personales. No es la simple falta de medios personales – que también – sino el desequilibrio entre órganos judiciales fruto de las rígidas leyes de función pública. Se da así la paradójica situación en la que hay órganos judiciales en los que – objetivamente – hay un exceso de personal mientras que aquellos en los que hay una excesiva carga de trabajo están infradotados. El alto porcentaje de interinidad es otro problema en lo que a medios personales se refiere, no sólo por los conocimientos jurídico-procesales necesarios, sino por la rotación de personal en determinados órganos, convirtiendo ciertos negociados en un problema sin solución. En un juzgado conviven tres administraciones distintas: el Juez depende del CGPJ; los secretarios judiciales, del Ministerio de Justicia; y los funcionarios, entre el secretario judicial y el gobierno regional competente. El caos.

En segundo lugar, los medios materiales. Cuando hablo de medios materiales me refiero al sentido amplio de la palabra. Nos encontramos ante un sistema judicial decimonónico, en el que la falta de inversión en nuevas tecnologías se ha puesto de relieve en esta crisis sanitaria. Los expedientes – en su mayoría – no están digitalizados. Los sistemas de gestión procesal no son operativos, se bloquean constantemente, y lo más grave de todo, no son interoperables entre sí. Cada Comunidad Autónoma con las competencias de Justicia transferidas tiene un programa de gestión procesal distinto. A su vez, aún dentro de la propia Comunidad Autónoma, la Fiscalía tiene otro programa de gestión procesal, tampoco interoperable con el sistema de gestión procesal del Juzgado. Por si fuera poco, el personal utiliza los programas como mejor puede, pues la formación recibida ha sido entre escasa y nula. Lejos de una Administración de Justicia moderna, nos encontramos ante una Administración ineficaz, vetusta; una Justicia trasnochada. Ya no hablamos del Expediente Judicial, el papel 0, la firma digital.

En tercer lugar, y fruto de todo lo anterior, es la lentitud de esta Administración. Una Justicia lenta no es Justicia. ¿Cómo es posible que hechos del año 2012 – no excesivamente complejos, dicho sea de paso – aún no hayan sido juzgados? No estamos hablando de una lentitud impuesta por las partes – a través de recursos – sino de la lentitud crónica en la tramitación de asuntos. Esto tiene mucho que ver con la descompensación en el reparto de asuntos entre unos juzgados y otros.

En cuarto lugar, las leyes del procedimiento. Por todos es conocida el eterno debate acerca de la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Se le han puesto parches, pero ahí seguimos, tramitando los procedimientos penales con una ley del año 1882. Una Ley del Poder Judicial del año 1985, la de Demarcación y de Planta del año 1988, etc. Se deben derogar y dictar leyes del procedimiento acordes a los nuevos tiempos, especialmente en lo relativo al Derecho Digital y las Nuevas Tecnologías, y simplificar procedimientos estableciendo trámites ágiles y sencillos.

Sería conveniente la creación de servicios comunes de apoyo a los Juzgados – de mediación, de ejecución, de videoconferencias –, una revisión del reparto competencial con las CCAA, la digitalización de la Administración de Justicia y puesta en funcionamiento del expediente judicial electrónico, establecer un sistema de gestión procesal único y exclusivo en todo el Estado.

Los problemas y las soluciones son las de siempre, nuestra Administración de Justicia lleva años agonizando, pero ¿a quién le importa?