El número de causas judiciales baja al nivel del año 2008

2012 fue un año que supuso, un «alivio» para los juzgados y tribunales españoles, pues aunque las cifras de asuntos ingresados son todavía muy superiores a la media de los países de nuestro entorno, hay dos datos que parecen confirmar el inicio de una tendencia iniciada hace ya tres años. Por un lado, el que los procedimientos registrados se situaron por debajo de los nueve millones, algo que no sucedía desde el año 2007; y, por otro lado, que los asuntos pendientes de resolución a finales del pasado año se situaron por debajo de los «psicológicos» tres millones, lo que tampoco sucedía desde el año 2008.

Estos datos se recogen en la Memoria anual del Consejo General del Poder Judicial, que se presentará oficialmente el próximo mes de septiembre, con motivo de la apertura del nuevo año judicial y en la que también se hace un análisis de la situación de la Justicia en nuestro país y de las necesidades.

El CGPJ también expresa su preocupación ante diversas circunstancias que atraviesa la Justicia española. Así ocurre, por ejemplo, con el hecho de que a través de lo que se denomina «plan de urgencia» se haya tenido que reforzar «un considerable número de órganos judiciales, mediante comisiones de servicios» con o sin relevación de servicios.

Por ello, afirma al respecto, que «es preocupante, hay que resaltarlo, que lo que la Ley Orgánica del Poder Judicial contempla como una medida excepcional se esté generalizando», ya que debido a la sobrecarga «estructural» de algunos juzgados es necesario una medida «puntual» de refuerzo, «dado el incremento de causas complejas». Entre estas causas, señala la Memoria del Consejo de 2013, se encuentran aquellas en las que se investigan casos de corrupción, «que suscitan una evidente alarma social y a las que es imprescindible dar una respuesta inmediata».

En la Memoria se recoge igualmente la relación de necesidades de órganos judiciales y plazas de magistrados que habría que crear, según han puesto de manifiesto las salas de gobierno de los distintos tribunales superiores de Justicia. Así, habría que crear, de acuerdo con esas peticiones 323 juzgados, de los que 84 serían de primera Instancia, 71 de Primera Instancia e Instrucción y 48 de lo Penal. Andalucía es la comunidad autónoma que reclama más órganos judiciales. Y, en cuanto a plazas de magistrados en los TSJ y audiencias provinciales, se consideran necesarias crear 97.