Debido a la crisis aumentan los colegiados que vuelven al turno de oficio

El Colegio de Abogados de Oviedo ha iniciado en lo que va de año un total de 8.138 procedimientos de solicitud de justicia gratuita, tantos como en todo el año pasado, según manifestó la vocal responsable del turno de oficio, Beatriz Rodríguez Zapico. «Los datos reflejan el impacto tanto de la crisis económica como del incremento de las tasas judiciales, que hacen imposible para muchas personas el acceso a la Justicia», añadió la misma letrada.

Sin embargo, la crisis que atraviesa el país se está reflejando en otro dato: el aumento del número de letrados que «regresan» al turno de oficio, después de estar unos años fuera del mismo y con el fin de completar unos ingresos menguantes e insuficientes. «Por lo general, quienes se inscriben en el turno de oficio son los abogados jóvenes que están iniciado su actividad y carecen aún de una cartera de clientes. Cuando adquieren experiencia se terminan retirando del turno de oficio y llevan sus casos a nivel particular», indica Rodríguez Zapico.

«Ahora, lo que estamos viendo es a muchos abogados de cuarenta años, con una cierta trayectoria profesional, que regresan al turno de oficio para obtener unos ingresos extra», sostiene la letrada. En total, son un millar de abogados los inscritos en el turno de oficio.

Diariamente son cuatro los abogados adscritos a la guardia del turno de oficio. Cobran unos 145 euros de media por asistir a los detenidos. Este mes de agosto se ha producido una auténtica saturación de la demanda del turno. Por un lado, de los 120 letrados preasignados, sólo renunciaron 20, cuando otros años la cifra es muy superior, debido a que se trata del tradicional mes de vacaciones. Los responsables del turno de oficio abrieron un plazo para que los colegiados presentasen sus solicitudes para cubrir las 20 plazas disponibles y se presentaron unas 200 peticiones, algo realmente insólito. Se trata de una prueba más de que los números empiezan a no cuadrar en el gremio de los letrados.

Y es que la litigiosidad se ha reducido de manera drástica, en un 25 por ciento, según algunas fuentes cercanas al Consejo General del Poder Judicial, a consecuencia de las nuevas tasas judiciales, que imponen el pago, por ejemplo, de 800 euros para la presentación de su recurso ante un tribunal de segunda instancia.