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Cerca de 400.000 ciudadanos se benefician del Expediente Electrónico de Justicia Gratuita en 2013

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Cerca de 400.000 ciudadanos se benefician del Expediente Electrónico de Justicia Gratuita en 2013

(Imagen: Real Federación Española de Tenis de Mesa)



El Expediente puesto en marcha por el Consejo General de la Abogacía Española simplifica y acorta los plazos y evita desplazamientos y esperas.

La utilización del Expediente Electrónico de Justicia Gratuita sigue incrementándose ya que 382.965 personas se beneficiaron en los primeros nueve meses de 2013 de esta herramienta desarrollada por la Abogacía Española que agiliza el acceso a un derecho fundamental como es la Justicia Gratuita. Esta cifra supera a la de usuarios que utilizaron el sistema desarrollado por la Infraestructura Tecnológica de la Abogacía Española, RedAbogacía, en todo el año pasado (371.674 personas). Todo apunta a que se generarán más de 500.000 Expedientes Electrónicos de Justicia Gratuita en 2013 con el consiguiente ahorro de tiempo y costes económicos.



El número de expedientes generados en el año actual (410.686) supera al de ciudadanos que han solicitado Justicia Gratuita, ya que un mismo usuario puede generar más de una solicitud. En los primeros nueve meses de 2013 se han tramitado un 39% más de expedientes que en el mismo periodo del año pasado, cuando se realizaron 294.102 solicitudes. Por otro lado, los 382.965 solicitantes de Justicia Gratuita que se beneficiaron del Expediente Electrónico suponen un incremento del 42% con respecto al mismo periodo de 2012, cuando lo solicitaron 269.470 ciudadanos.

Estos datos fueron dados a conocer por el vicepresidente del Consejo General de la Abogacía, Pere LLuis Huguet, durante la conferencia “Colegios Profesionales, las Nuevas Tecnologías aplicadas al ejercicio profesional”, celebrada en el marco de la Feria Tecnológica SIMO. La Abogacía participó por segundo año consecutivo en esta Feria como promotora de la implantación de las nuevas tecnologías de la información en el sector de la Justicia

El Expediente Electrónico de Justicia Gratuita permite recopilar de forma automática los documentos necesarios para justificar la solicitud del derecho a la Justicia Gratuita y aporta transparencia en la gestión, minimiza los errores del expediente administrativo, reduce el coste económico y los plazos de tramitación hasta en 40 días. El sistema desarrollado por la Infraestructura Tecnológica de la Abogacía Española, RedAbogacía, conecta ya a cerca de 60 Colegios de Abogados de forma telemática y sencilla con instituciones como la Agencia Tributaria, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y su Tesorería General, la Dirección General del Catastro, o el Instituto Nacional de Empleo, entre otras. Con este servicio, la Abogacía refuerza más si cabe su papel en la “Administración Electrónica», centrándose en su compromiso con el servicio al ciudadano que prestan a través del Turno de Oficio más de 39.000 abogados y abogadas los 365 días del año, las 24 horas del día.



VENTAJAS DEL EXPEDIENTE

El Expediente Electrónico ofrece numerosas ventajas para el ciudadano, el abogado, el Colegio de Abogados y las Administraciones Públicas.

En primer lugar, el ciudadano ve facilitado el acceso a la Justicia Gratuita al simplificar los trámites y acortar los plazos en la obtención de la documentación, ya que evitará los desplazamientos y las esperas en las ventanillas de cada una de las Administraciones competentes.

La digitalización del proceso permite al abogado atender y dar curso a un mayor número de casos con más agilidad.

Por su parte, el Colegio de Abogados asegura el contenido de las comunicaciones gracias a la firma electrónica, mejorando sus gestiones al reducir los plazos de obtención de la información y aumentando la calidad en el servicio prestado al ciudadano al unificar la información del solicitante en un único expediente de forma estandarizada y común a todos los Colegios de Abogados.

Por último, las Administraciones Públicas optimizan y aceleran el servicio que ofrecen al ciudadano, consiguen la trazabilidad completa del proceso para su posible auditoría y además reducen los posibles fraudes ante la Administración optimizando el gasto público y aportando la máxima transparencia en la gestión de este servicio a los ciudadanos.